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Polonia incomoda a la UE
El presidente polaco Andrzej Duda. Imagen: European Parliament.
En una maniobra sin precedentes, el 13 de enero la Comisión Europea va a debatir si en Polonia se están respetando las reglas propias de un Estado de Derecho. ¿Qué ha pasado para que Bruselas gesticule de este modo ante el nuevo gobierno polaco del partido Ley y Justicia (PiS)?
Actualizado 14 enero 2016  
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Aceprensa   
 El cambio en Polonia es de signo conservador

El ascenso del PiS al poder ha respetado una regla básica de la democracia: ha ganado las elecciones. Primero las elecciones presidenciales en julio del año pasado, cuando su candidato Andrzej Duda se impuso contra todo pronóstico. Y luego las elecciones generales del pasado octubre, en las que el PiS consiguió el 39% de los votos, relegando a la oposición a la coalición gobernante Plataforma Cívica.

Ya antes de que el nuevo gobierno, liderado por la etnóloga Beata Szydlo, hubiera tomado ninguna decisión, empezó a recibir en medios periodísticos europeos descalificaciones que tachaban al PiS de “ultraderechista, nacionalista y euroescéptico”. Tampoco en Bruselas sentó bien que el cambio en Polonia fuera de signo conservador, en vez de la línea liberal y capitalista de la anterior Plataforma Cívica. Además, frente a los que han hecho del laicismo un denominador común europeo, el partido de Jaroslaw Kaczynski (presidente del PiS) no se avergüenza de la identidad católica de Polonia ni de su postura tradicional en temas de familia. Con este clima ideológico, la borrasca con Bruselas era predecible.

Motivos de disputa

Los asuntos que han motivado la intervención de la Comisión Europea son dos bastante clásicos en los cambios de gobierno: los nombramientos de jueces para el Tribunal Constitucional y de directivos de la radiotelevisión pública.

Al final de la anterior legislatura, cinco de los quince jueces del Tribunal Constitucional (TC) acababan su mandato y, según la costumbre institucional, los sustitutos debían ser elegidos por el siguiente Parlamento. Pero la coalición de gobierno, después de perder las elecciones presidenciales y al ver que la derrota en las legislativas era probable, decidió utilizar su mayoría parlamentaria para elegir de inmediato a nuevos jueces. Su idea era contar en el TC con juristas afines que pudieran poner un freno de anticonstitucionalidad a las leyes molestas que adoptara otro gobierno.

Pero el presidente Duda no aceptó la maniobra y no les tomó juramento. En el nuevo Parlamento, la mayoría de Ley y Justicia eligió a otros cinco jueces, que sí fueron confirmados por el presidente, ante las protestas de la oposición. En este forcejeo político-jurídico, el PiS supo sacar partido de que el nombramiento de dos de los jueces efectuado por el anterior Parlamento había sido ilegal, como reconoció más tarde el propio Tribunal.

El control de la televisión

El otro frente de batalla afecta a la designación de los directivos de los medios de comunicación públicos. Hasta ahora los elegía el Consejo Estatal de Radio-Televisión, que en teoría debía ser un organismo independiente, pero que en la práctica reflejaba el predominio del anterior partido gobernante. Esto se notó de modo especial durante las pasadas elecciones presidenciales, en las que los principales medios públicos adoptaron una información muy sesgada contra el candidato del PiS.

Ahora, el nuevo gobierno les ha pasado factura, y los presidentes de los canales estatales serán nombrados por el gobierno. Esta solución no garantiza la imparcialidad, pero también es la adoptada en algún otro país europeo (como Francia en la era Sarkozy o en España, donde es elegido por el gobierno y votado en el Parlamento). En la práctica, en la televisión todavía tiene más influencia la oposición que el PiS. En prensa, más del 70% del total está en manos de empresas alemanas. Así que el temor de que el nuevo gobierno vaya a controlar la prensa es más bien por ahora un juicio de intenciones.

En último término, como sucede en otros países, el cambio de gobierno supone el nombramiento de nuevos directivos en las grandes empresas estatales y en las altas esferas de la Administración. Según se esté en el poder o en la oposición, las cosas se ven de modo distinto: si los cambios los hacen los míos es renovación, si los hacen los adversarios es “purga” y ansia de control. Otra cosa es que el PiS podría guardar más las formas a la hora de hacer cambios, en lo que son más hábiles sus adversarios.

Herederos del comunismo

En el caso de Polonia, hay además un problema de fondo sobre la transición del comunismo a la democracia. Cuando se colapsó el sistema comunista, se llegó al consenso de trazar una “línea gruesa” con el pasado, y admitir a todos –también a los excomunistas– en la política democrática.

Así lo explica Charles Crawford, antiguo embajador británico en Varsovia: “El PiS (en cuyas filas hay muchos exmilitantes de Solidaridad, incluido el propio Kaczynski) piensa que esa ‘línea gruesa’ fue demasiado generosa con antiguos comunistas y con sus privilegiados hijos, a muchos de los cuales les ha ido muy bien a la hora de conservar sus antiguas posiciones en los negocios públicos y privados y en orientar el debate público en una dirección de izquierdas. Quieren reequilibrar las cosas de modo que los polacos que no proceden de esa astuta y aprovechada tradición comunista (o que han sido históricamente desaventajados) tengan una oportunidad mejor”.

De ahí que el PiS haya centrado su campaña en la lucha contra la desigualdad, con medidas que en otros países serían de izquierdas, como un impuesto a la banca para financiar su programa social.

Aviso de Bruselas

En Bruselas molesta encontrar en Polonia un gobierno que, a cambio de los fondos estructurales, no está dispuesto a adoptar las ideas que hoy se consideran prevalentes en la UE, desde el aborto al capitalismo sin fronteras. Pero es realmente llamativo que la Comisión Europea amenace con recurrir a un mecanismo de 2014 pensado para los casos de “amenazas sistémicas al Estado de Derecho” en un país miembro.

Según este mecanismo, la Comisión evalúa el cumplimiento de las reglas democráticas en el país, dialoga con él para aclarar las cosas, en su caso hace una recomendación y, llegado al extremo, puede sancionarle retirándole sus derechos de voto. Nunca se ha llegado a este extremo, y tampoco se prevé que ocurra con Polonia. Más bien es un aviso, una advertencia que diplomáticos expertos consideran fuera de lugar.

El citado Charles Crawford escribe que “es tan obvio que en Polonia no se da ese caso [de amenaza al Estado de Derecho] que uno se pregunta por qué gente experimentada de la UE actúa de ese modo. Probablemente han sido movidos a hacerlo por miembros del anterior gobierno polaco incrustados en puestos importantes de la UE y por los medios liberales de Varsovia. Pero no hay nada más difícil de imaginar que estas presiones vayan a hacer reconsiderar su postura al partido de Kaczynski”.

De hecho, ante una carta que le envió la Comisión cuestionando su reforma en los medios públicos, el ministro de Exteriores, Alexander Stepkowski, respondió que Bruselas se basaba en una “información tendenciosa”.

Ante la reunión del día 13 a puerta cerrada, la Comisión debe medir también el riesgo de que un ataque a un gobierno recién elegido puede provocar un efecto rebote en la opinión pública polaca y contribuir a reforzarlo. La Comisión también ha de considerar si, después de haberse encontrado con la resistencia de Viktor Orbán en Hungría, le conviene abrir un nuevo frente en Polonia, el principal país de la Europa del Este.

© Aceprensa

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