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JAVIER PAZ GARCÍA

Bolivia: Los políticos y los aguinaldos
Decretar un salario adicional a todas las empresas del país sobre la base del crecimiento agregado de una nación es un disparate
Actualizado 27 octubre 2016  
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Javier Paz García   

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha declarado que el crecimiento de Bolivia de octubre 2015 a septiembre 2016 ha sido de 4,43%. Las reacciones han sido de alivio y júbilo para quienes pagan salarios, y de tristeza e indignación para otros. Especialmente iracunda ha sido la reacción de la Central Obrera Boliviana, institución de la cual no se puede esperar ni un acto de sensatez.

El vicepresidente evidencia lo absurdo del decreto cuando expresa “que es preferible no tener segundo aguinaldo este año, tenerlo el siguiente trabajando más a no tener trabajo, es mejor no recibir segundo aguinaldo, pero si garantizar que usted tiene su trabajo, que el obrero siga con su trabajo, que forzar las cosas para tener segundo aguinaldo, pasar una buena navidad y llorar en enero”. Y es que si las aseveraciones del vicepresidente son válidas ahora, ¿por qué no lo fueron antes? Tales declaraciones reafirman la pobreza intelectual de quien es considerado el mayor intelectual del proceso de cambio.

Decretar un salario adicional a todas las empresas del país sobre la base del crecimiento agregado de una nación es un disparate análogo a premiar a un estudiante que se aplazó en la materia, bajo el argumento de que el promedio de todos los alumnos del curso fue de aprobación. Algunos han sugerido que el doble aguinaldo se pague por rubro económico, lo cual no deja de seguir siendo un disparate pero a menor escala, ya que dentro de cada rubro también hay empresas que prosperan y otras que se contraen y mueren.

Incluso más allá del cálculo economicista de si es factible para el país, para un sector económico o para una empresa en particular pagar el segundo aguinaldo, debemos considerar el hecho legal y ético. La relación laboral es eminentemente una relación contractual voluntaria. Un potencial empleador y un potencial empleado se reúnen y negocian las condiciones laborales; solo de una negociación donde ambas partes están de acuerdo con las condiciones, incluida la remuneración, es que nace una relación laboral. El decreto violenta ese mutuo y voluntario acuerdo entre empleador y empleado y obliga a  una parte a efectuar una remuneración a la que nunca se comprometió. Esto es tan inmoral como hacer lo contrario: si el gobierno decretara que intempestivamente que los empleadores en todo el país deben reducir los salarios en 10% cometería un abuso similar al de decretar un aguinaldo adicional, la única diferencia es quién paga y quién se beneficia.

© Libertad.org

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