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Sábado, 31 de octubre de 2020 |
EMILIO J. CÁRDENAS
Desde las Naciones Unidas se acusa formalmente a Nicolás Maduro y a sus acólitos por "crímenes de lesa humanidad"
El informe hace directamente responsables a las actuales autoridades nacionales venezolanas
Actualizado 17 septiembre 2020 - 0:0  
Emilio J. Cárdenas   
El poco atractivo y menos popular actual presidente de los argentinos, al que muchos no toman seriamente en cuenta, como corresponde, al tiempo de iniciar su gestión en curso anunció que “extrañaba” mucho la ausencia del fallecido Hugo Chávez y que respaldaba a Evo Morales, hoy exiliado en la Argentina.

Esa repentina expresión confirmó por cierto su participación en la misma peculiar identidad ideológica de sus extrañados “héroes políticos”, a cuyo “palo” político Alberto Fernández sugiere así pertenecer.

Seguramente Alberto Fernández se ha “sorprendido” por el fuerte contenido de un detallado informe sobre la situación actual en Venezuela en materia de derechos humanos recientemente producido por investigadores de las Naciones Unidas, que será ahora presentado al Consejo de Derechos Humanos de la respetada organización multilateral.

El mismo es absolutamente lapidario y se refiera a la acción del gobierno venezolano en materia de derechos humanos, torturas, violencia, secuestros, asesinatos y desapariciones de personas, esto es a sus múltiples crímenes de lesa humanidad, de los que el informe hace directamente responsables a las actuales autoridades nacionales venezolanas. A Nicolás Maduro y a sus colaboradores y acólitos, en consecuencia.

Los considera directamente implicados en esos delitos, desde el año 2014. Esto es, responsables de los ataques perpetrados contra los dirigentes de la oposición y de sembrar sistemáticamente el terror entre la población de su muy sufrido país.

Hay nada menos que unos 45 funcionarios venezolanos, individual y específicamente identificados en sus páginas. La región debiera negarles visas, si de pronto ellos las requieren.

La inclusión de esos nombres sugiere que hay quienes entienden que el tema puede, pronto, ser objeto de tratamiento concreto por parte de los tribunales penales internacionales.

El informe aludido se preparó -y completó- pese a que Venezuela negó el acceso al país a sus autores. Como también lo hacen, en sus propios casos, Myanmar, China y otros Estados Miembros autoritarios.

Ocurre que las redes sociales y la computación no se detienen, ni se acobardan, en las fronteras. Y que los delitos a los que el informe se refiere son entonces fácilmente comprobables. El contenido del informe no puede ser ignorado porque es devastador y hasta horrible. Pese a que aún Venezuela tiene una oportunidad de responder a los cargos que allí se formulan, que lucen casi imposibles de desmentir.
 
 

(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas