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Bolivia no es, en esencia, una democracia real. Y su presidente, el ex sindicalista marxista Evo Morales, no es un demócrata. Formalmente Bolivia tiene los tres poderes clásicos, propios de la democracia. En los hechos, Evo Morales ejerce la presidencia, controla la voluntad del Poder Legislativo, y el Poder Judicial no es independiente. Pese a ello, Evo Morales se esfuerza por “aparecer” como un demócrata. Disfrazado, entonces. Quienes conocen la realidad de su país no se dejan engañar. Con todo, la popularidad de Evo Morales ha caído y ya no le asegura una nueva reelección presidencial, sin perjuicio de lo cual tanto él como sus partidarios, siguen maniobrando para tratar de lograrla.
La economía de Bolivia está –desde hace rato- sustancialmente en manos del Estado. No obstante, contiene asimismo un pequeño sector privado. Evo Morales, un “estatista” de alma, procura arrinconarlo de modo que pierda toda significación relativa. En ese esfuerzo envió un proyecto de “Ley de Empresas Sociales” al Congreso de su país, que ya ha sido velozmente aprobado por la Cámara Baja. El mismo debe ahora ser tratado por la Cámara de Senadores para convertirse en ley.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) está profundamente preocupada por ese proyecto, porque entiende que es un mero Caballo de Troya que puede ser utilizado para acelerar su desaparición por la vía de la confiscación de sus empresas o de los activos de las mismas.
Ante su protesta, ruidosa, la administración de Morales decidió suspender la marcha legislativa del proyecto. Provisoriamente, desde que ciertamente no lo retiró del ámbito legislativo. Así lo comunicó el propio presidente del Senado, José Alberto Gonzales, invitando a la mencionada organización empresaria a debatir el tema en busca de poder consensuar los aspectos que han sido observados por el sector privado.
El proyecto, de obvio corte demagógico, establece la posibilidad de transferir la propiedad de una empresa privada a sus trabajadores, tanto en el supuesto de quiebra como cuando la empresa enfrente “dificultades” económicas. La definición de esta última noción, la de “dificultades económicas”, es lo suficientemente poco clara y difusa como para generar todo tipo de sospechas. Por ejemplo, se entiende que hay “dificultades económicas”, cuando la empresa se atrasa tres meses en el pago de sueldos. Ante ello el proyecto prevé la concesión de créditos a los trabajadores para adquirir a su vez empresas que, en cambio, no estarían a disposición de los accionistas o dueños de la empresa.
En el supuesto de que los trabajadores accedan por esa vía a la propiedad de la empresa, el proyecto de ley dispone que ellos deben pagar a los empresarios “el costo” de la misma. Sin definir con precisión qué es lo que “costo” quiere decir, ni cuando, ni cómo.
Lo mismo podría suceder en caso de “abandono injustificado” de la empresa, situación a la que se define como la falta de pago de obligaciones pecuniarias por espacio de tres meses, incluyendo a los aportes a la seguridad social. Si una empresa de pronto “disminuye su actividad” por el lapso de tres meses también podría quedar expuesta a que su propiedad de pronto se traslade a los trabajadores. Como es fácil advertir, el riesgo de confiscación es bien grande y el proyecto está visiblemente desequilibrado. Obviamente, porque nació torcido.
Propuestas como la comentada son ciertamente la mejor forma de desalentar (o hasta de “espantar”) a la inversión doméstica y/o extranjera en Bolivia. Porque son absolutamente todo lo contrario al “fomento de la confianza”.
El gobierno boliviano ha aparentemente abierto un “espacio de diálogo” con las cámaras empresarias. Pero es obvio que al estar encabezado por un marxista cabe presumir no sólo que promoverá afanes confiscatorios, sino intentos solapados de avanzar sobre la propiedad privada. Lo niegue o no la administración de Evo Morales, que es muy poco creíble.
Habrá que estar muy atentos a cómo sigue esta preocupante historia, pese a que lo cierto sea que, de cara al régimen que encabeza Evo Morales, no hay en ella absolutamente nada sorpresivo. Era, más bien, de esperar.
Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.
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