Por momentos pareciera ser que para Cambiemos el gradualismo se limita a que el solo transcurso del tiempo pueda solucionar las cosas. En vez de enfrentar los problemas, sería cuestión de dejar que pasen los meses y mágicamente la economía crecerá, los ingresos fiscales van a aumentar, se cerrará la brecha fiscal y la inflación bajará junto con el endeudamiento.
Cuando uno propone medidas dentro de un plan económico que abarque la reforma del estado, la reforma impositiva, la apertura de la economía y demás medidas estructurales se argumenta que eso no es posible por el costo social que habría que pagar por hacer las reformas estructurales.
Por empezar cuando uno propone acelerar las reformas estructurales no está diciendo dejar un millón de empleados públicos en la calle de un día para otro. Primero porque el estado nacional tiene 740.000 empleados estatales y el resto son provinciales y municipales. De acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Trabajo, los empleados totales: nación, provincias y municipios eran 3.490.056 personas repartidas de la siguiente manera: nación 740.677, provincias 2.297.491 y municipios 451.888 a diciembre de 2016. Con relación a diciembre de 2015 hubo un aumento de 30.873 empleados públicos con una baja de solo el 0,2% a nivel nación. De manera que no hay ningún ajuste del sector público como quieren vender algunos sectores opositores al gobierno nacional. En todo caso disminuir en 1.436 empleados la plantilla a nivel nacional no es nada.
Segundo porque basta con dar señales claras y convincentes de avanzar con un plan económico consistente como para cambiar las expectativas económicas.
En tercer lugar, no veo como un costo político que empleados públicos y piqueteros, que viven del trabajo ajeno, comiencen a trabajar y a generar riqueza para poder tener un ingreso basado en satisfacer las necesidades de la gente y no solo recurrir al método de presionar al gobierno para que nos quite recursos a los que en el sector privado producimos y somos expoliados impositivamente.
Veamos cuáles son los costos de no implementar un plan económico de reformas estructurales.
En primer lugar, sin una baja del gasto público hay que buscar formas de financiarlo. Dado que los recursos impositivos no alcanzan para financiar el gasto el primer costo es que el estado aplasta al sector privado con impuestos desestimulando inversiones y producción, lo cual lleva a problemas de ocupación en el sector privado. Datos del ministerio de trabajo muestran que en 2016 el empleo público creció en 30.800 puestos mientras que el sector privado perdió 45.400 puestos. Es decir, el ajuste lo sufre el sector privado y nunca se va a dar la tesis del gobierno que hay que esperar a que el sector privado invierta para que absorba la mano de obra del sector público.
La otra forma de financiar el gasto es con deuda externa. Esta deuda implica una fenomenal oferta de divisas en el mercado que hace que el tipo de cambio se mantenga quieto mientras la inflación sube por efecto de la expansión monetaria, con lo cual Argentina es cada vez más cara en dólares generando problemas de competitividad, incluso en el sector agrícola.
Por otro lado, como la expansión monetaria que tiene que hacer el BCRA para comprarle al tesoro los dólares que toma por deuda para financiar el déficit, tiene que ser reabsorbida colocando deuda del Central, las famosas LEBACs, NOBACs y pases netos que pagan interés y aumentan el gasto público mediante lo que se llama gasto cuasifiscal. Así que no bajar el gasto público tiene otro costo que es el gasto cuasifiscal. Obsérvese que se paga intereses para tomar deuda en dólares y luego, para absorber la expansión monetaria de esa deuda transformada en pesos, se vuelve a pagar intereses para absorber el exceso de liquidez.
El otro costo es que se está armando una peligrosa bicicleta financiera que ya la vivimos en la pasado. El BCRA paga altas tasas de interés para tratar de frenar la inflación y el tesoro otorga un seguro de cambio gratuito con la deuda que toma generando la expectativa que el tipo de cambio no subirá. Por lo tanto el arbitraje tasa versus dólar va creciendo y será todo un problema poder desarmarla en el futuro.
Un cuarto costo social para el sector privado es que contra el aumento de las tarifas de los servicios públicos que permitían bajar el gasto debería haber habido una disminución de la presión impositiva. Si antes se pagaban impuestos para financiar el costo fiscal que implicaban los subsidios a la luz, el gas, el agua, etc. ahora, pagando más tarifas por esos servicios, el gasto debería bajar y por lo tanto la presión impositiva. Pero se observa que hay un costo social que es el mayor peso de las tarifas de los servicios públicos pero manteniendo sobre la población la misma carga tributaria para financiar empleados estatales y piqueteros.
En síntesis, es falso que no se asuma un costo social por no hacer el ajuste. Ese costo social existe y es cada vez mayor, pero sobre el sufrido sector privado que tiene que seguir sosteniendo gente que no produce nada útil y una legión de planeros sociales que parecen las vacas sagradas de la India que no pueden tocarse.
Este no es un problema de costo social que se quiere evitar. Es un problema de falta de un plan económico consistente, gente con capacidad para implementarlo y el coraje político para llevarlo adelante. © EPT
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