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ALBERTO BENEGAS LYNCH (H)

¿Poner orden provoca desempleo?
El orden permite liberar recursos esterilizados en áreas gubernamentales a los efectos de engrosar los bolsillos de la gente.
Actualizado 28 octubre 2016  
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Alberto Benegas Lynch (h)   

Muchas veces se dice que cuando un gobierno asume y encuentra un aparato estatal sobredimensionado compuesto por funciones incompatibles con un sistema republicano, el despido de burócratas inútiles traerá aparejada una dosis de desocupación. Entonces, otra vez más tratamos el tema crucial del desempleo pero antes traigo a colación una frase célebre de Winston Churchill que tal como destacó Eduardo J. Padilla habitualmente se le amputa la expresión toil (esfuerzo, laboriosidad): “I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat”. Esto para que tomen nota políticos que irresponsablemente prometen paraísos en lugar de arremangarse para solucionar problemas.

Vale la pena escudriñar más en cuanto a poner orden cuando un gobierno asume en medio de aparatos estatales elefantiásicos y organigramas sobrecargados. A veces este intento de poner orden se lo denomina “ajuste”. Reitero que debe considerarse una expresión inadecuada puesto que el verdadero ajuste se sufre con el desorden, no con el orden (si no fuera así no sería conducente el orden ya que bastantes “ajustes” hay en la vida diaria para que se imponga otro). Ajustarse el cinturón es lo que impone el estatismo, esto es, el aumento de la pobreza y el sacrificio. El orden permite liberar recursos esterilizados en áreas gubernamentales a los efectos de engrosar los bolsillos de la gente.

También es de interés puntualizar que las medidas que conducen al orden deben ser aplicadas lo antes posible para adelantar las buenas noticias fruto del orden y no aplicar medidas gradualistas puesto que ese goteo desgaste enormemente y mucho más si las medidas resultan fluctuantes, vacilantes y con marchas y contramarchas, en lugar de liberar el mercado laboral de legislación fascista y eliminar los impuestos directos al efecto de dar efectiva protección a los más pobres.

No hay magias en estos menesteres, no es posible contar con la torta y comérsela al mismo tiempo. Sin duda que los funcionarios de los que hablamos pueden estar sobrevaluados en el sector público y, por tanto, al pasar al sector privado sus salarios serán menores. Esto no debe corregirse puesto que la corrección significa que se arrancará el fruto del trabajo del vecino para continuar son la sobrevaluación de marras.

Vamos entonces una vez más al asunto clave de la desocupación. Bajo ninguna circunstancia hay desempleo involuntario (el voluntario no presenta problema alguno), siempre que los salarios surjan de arreglos contractuales libres y voluntarios. Las necesidades son ilimitadas y los recursos para atenderlas son escasos y el factor clave de esos recursos es precisamente el trabajo manual e intelectual. No se concibe la producción de bienes ni la prestación de servicios sin el concurso del trabajo. Si las necesidades estuvieran cubiertas y hubiera de todo para todos todo el tiempo, no habría necesidad de trabajar puesto que estaríamos en Jauja. Pero la realidad es otra. Cuando se obtiene un bien se desea otro y así sucesivamente. Esa es la historia del progreso desde las necesidades básicas a las culturales y de recreación.

Sin embargo, si los salarios se imponen por decreto o por el uso de la violencia, el desempleo es seguro. Los salarios son consecuencia inexorable de las tasas de capitalización, es decir, de maquinarias, instalaciones, equipos y conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Como hemos dicho tantas veces, no es lo mismo pescar a cascotazos que hacerlo con una red de pescar, no es lo mismo arar con las uñas que hacerlo con un tractor. En otros términos, los equipos de capital resultan  esenciales para incrementar el rendimiento. Los salarios podrán ser altos o bajos según la inversión per capita pero no hay tal cosa como desempleo, a saber, nunca sobre aquel factor que es escaso en relación a las siempre ilimitadas necesidades (al pasar decimos que, por ejemplo, no estará empleado quien se encuentra en estado vegetativo ni aquel que sistemáticamente incendia su puesto de trabajo, pero esto no  hace a la regla del empleo a la que nos estamos refiriendo).

Entonces, frente a la situación que dejamos planteada al comienzo de esta nota, si hay que eliminar funciones incompatibles con un sistema republicano y consecuentemente hay que prescindir de los respectivos funcionarios, aparecen dos posibilidades siempre en vista de lo dicho sobre el desempleo. La primera variante es que los burócratas que se dejan cesantes en la administración pública sean absorbidos por el mercado laboral al salario que permita la tasa de capitalización. La segunda posibilidad es que ese mercado se encuentre bloqueado por disposiciones legales como el salario mínimo, descuentos compulsivos que significan impuestos al trabajo y equivalentes. En ese caso, no encontrarán empleo ya que si la tasa de capitalización marca 100 y la legislación laboral impone 200 se barre la posibilidad de trabajar, lo cual naturalmente perjudica muy especialmente a los que más necesitan  el trabajo ya que solo se producirán problemas de desempleo en las escalas más altas si las mal llamadas “conquistas sociales” las alcanzan.

En esta segunda variante solo queda que el mercado informal absorba a todos los que desean trabajar. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre con los inmigrantes ilegales principalmente en el Oeste de Estados Unidos, donde se trabaja a salario de mercado, mientras que muchos de sus colegas en el Este se encuentran desempleados debido a las antedichas “conquistas sociales”.

Aunque no hace al objeto de esta nota referida a la necesidad de poner coto a la sobredimensión del Leviatán, es del caso apuntar que, por otro lado, la tecnología libera recursos humanos y materiales para emplearlos en áreas que hasta el momento no podía concebirse su producción. La respectiva capacitación está también en el interés de los emprendedores que ven las ventajas del nuevo negocio.

Otro tema de interés en este contexto es que los gobiernos que trabajan para poner orden faciliten el contar con entidades en las que se consignen los nombres de las personas que donan de su peculio para ayudar a quienes dicen hay que ayudar y que la nómina aparezca con los respectivos montos entregados. De este modo, se evitarían los discursos vacíos de quienes alardean de que “debemos ayudar” a tales o cuales personas, siempre recurriendo a la tercera persona del plural y nunca a la primera del singular asumiendo la propia responsabilidad en lugar de endosarla por la fuerza al vecino indefenso.

Por supuesto que el esfuerzo de la base cero y similares en el presupuesto nacional no se queda en la reducción del gasto sino que apunta a disminuir impuestos y simplificar sus características, al tiempo que debe reconsiderarse la posibilidad de prohibir la deuda pública tal como la sugirió en su momento Thomas Jefferson respecto a la Constitución estadounidense, con el argumento de que comprometía patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral para elegir al gobierno que contrajo la deuda, sin dejarse convencer por las falacias de las supuestas “ventajas intergeneracionales” ni de la mal llamada “inversión pública”.

Tanto la evaluación de las ventajas intergeneracionales como la inversión surgen de las apreciaciones subjetivas de la gente. Carece de sentido comprometer en el presente el fruto del trabajo futuro a través del endeudamiento público con el argumento que en su momento lo sabrán apreciar o el arrancar recursos a unos con el argumento que esa compulsión se debe a que “le invirtieron” sus fondos. En el primer caso se está extrapolando lo que ocurre en el sector privado -por definición actos voluntarios- para ilegítimamente trasladarlo al sector público y en el segundo se pasa por alto el significado preciso del proceso de abstención de consumo, ahorro e inversión. En los presupuestos públicos debiera consignarse, además del rubro de gastos corrientes, el rubro de gastos en activos fijos pero de ningún modo “inversión pública”.

En todos estos asuntos estimo clave la comprensión del nexo causal entre las políticas que engrosan los aparatos estatales y el sufrimiento de los más pobres. Toda política que derrocha recursos necesariamente implica que se contraen las tasas de capitalización, lo cual, como queda dicho, reduce salarios e ingresos en términos reales y, naturalmente, los marginales sufren en mayor medida el impacto puesto que una unidad monetaria para ellos tiene más peso que el que tiene lugar sobre ingresos más elevados.

Es bastante ridículo que la gente acepte que la inversión es decisiva para el crecimiento de un país y luego acepta livianamente que se castigue de todas las maneras posibles la inversión, especialmente vía fiscal con la peregrina idea de que eso no afectará los bolsillos de todos. No habrá progreso sostenido mientras no se perciba la relación directa inversión-salarios. Como se ha puntualizado, los ingresos son mayores en Canadá que en Uganda porque la inversión es mayor y, a su vez, la inversión es mayor debido a marcos institucionales respetuosos de la propiedad de cada cual.

En el tema que tratamos cuando los gobiernos intentan poner orden, habitualmente aparece montado sobre la pretensión de introducir políticas “de excepción” como si las transiciones no fueran algo cotidiano. Cada persona en su oficina todos los días cuando propone mejorar la situación de su empresa o emprendimiento está de hecho generando cambios, está provocando transiciones de la situación anterior a la nueva. Y, a su vez, estos cambios implican reasignaciones laborales y reasignaciones de recursos materiales. La vida es una transición. Desde luego que hay en el medio capacitaciones y nuevos desafíos que deben contemplarse y está en interés de los inversionistas hacerlo. Pero esto no es exclusivo de lo que ocurre cuando los gobiernos apuntan a poner orden después de un período de despilfarro. Como decimos es un proceso cotidiano.

En resumen, si un gobierno enfrenta una situación difícil y se propone corregirla debe tomar las medidas en concordancia puesto que las demoras comprometen la solución de los problemas. Ya se sabe que el tema medular es la educación, los políticos no pueden ir más allá de lo que la opinión pública puede digerir, por eso es que resulta tan importante la faena de los que no son funcionarios públicos a los efectos de correr el eje del debate y abrir plafones para que puedan resolverse los problemas. De nada valen los aplaudidores y los que todo lo justifican, debe dejarse testimonio en la buena dirección en la esperanza de corregir los desvaríos populistas.

Cierro con un pasaje del Acto III, Escena III de Hamlet respecto a la necesidad de encarar los problemas de fondo con medidas de fondo: “Las enfermedades graves que aparecen se resuelven con medidas graves, o no lo hacen de ninguna manera”.

© Libertad y Progreso
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