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ELENA VALERO NARVÁEZ

Argentina: ¿Asistencialismo o crecimiento? Ésa es la cuestión…
La ética del trabajo se pierde cuando la asistencia persiste por mucho tiempo y predispone a seguir viviendo del Estado.
Actualizado 27 octubre 2016  
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Elena Valero Narváez   
En Argentina como en casi todos los países donde mal o bien funciona una economía de mercado existe la creencia de que vivimos en una sociedad egoísta, en la acepción negativa del término..

Como en las sociedades capitalistas la creación de riqueza es mucho mayor y se crea mucho más rápidamente que en el pasado, existe la percepción, errónea, de que se da poca solidaridad hacia los que son menos favorecidos en el reparto de la renta.

Es un error, lo demuestra la enorme cantidad de donaciones y ayudas que brotan de la sociedad civil así como las innumerables emprendimientos privados orientados a ese fin. La solidaridad es posible justamente por la enorme riqueza acumulada derivada de la eficiencia del sistema capitalista, y al también enorme progreso ético resultante de la práctica de la libertad, unida a la responsabilidad, en las sociedades abiertas.

En Argentina, durante los12 años de populismo social-fascista kirchnerista, disminuyeron ostensiblemente las posibilidades de intercambiar bienes, servicios, e ideas,  provocando la alarmante situación económica que el presidente Macri intenta superar con considerables dificultades.

El tema de la pobreza preocupa, sobre todo, porque aunque haya buena voluntad, las medidas que se deberían tomar afectan, como siempre,  a los que tienen menos recursos, y poco se puede hacer si no se cuenta, por lo menos, con algo de consenso..

Se ha decidido, no solo continuar con las medidas de asistencia social originadas durante el gobierno anterior, sino aumentarlas, un poco por necesidad, ya que la inflación que ha disminuido poco, se fagocita rápidamente los salarios y, además, por el intento de fortalecer al gobierno en las elecciones del año próximo, antes de producir cambios que produzcan descontento.

Los que siempre hemos criticado las políticas populistas, creemos que el Estado no debiera redistribuir la renta originada en los intercambios y acciones voluntarias de las personas.

El Gobierno macrista no ha innovado en la conducta del gobierno kirchnerista. Sigue distribuyendo el resultante de la renta, con el fin de reducir la pobreza, en vez de velar por los derechos individuales garantizando reglas de juego claras para que cada persona juegue el partido de la vida, como puede y quiere.

La asistencia social, con el objeto de elevar el nivel de vida de los pobres ante situaciones de crisis, debe ser transparente, y solo la indispensable sin otorgarla, indiscriminadamente, para no incentivar la corrupción y conductas perniciosas en quienes la reciben.

La ética del trabajo se pierde cuando la asistencia persiste por mucho tiempo y predispone a seguir viviendo del Estado. Hemos comprobado, por las consecuencias de los planes solidarios del gobierno anterior, en que los millonarios programas de asistencia social, por lo general, terminan enriqueciendo solo a quienes los administran.

El presidente Macri aún cuenta con la confianza de buen parte de la sociedad, por ello más que en aumentar el gasto en asistencialismo para reducir la pobreza, debiera apurar las reformas estructurales, los tratados de libre comercio, la privatización de las empresas estatales, desregulaciones y preocuparse por la salud financiera de la Nación.

Hay sectores poderosos que se opondrían a estos cambios pero el presidente Macri aún puede hacer una alianza con la sociedad civil democrática, con un buen plan de gobierno, explicando las medidas y los resultados que se esperan obtener.

El gobierno tiene que tomar un decisión fundamental. O se anima a ir a fondo, hacia una economía abierta y competitiva delimitando el ámbito y ejercicio de los poderes estatales o  continúa con el estatismo tradicional basado en la planificación central y en el asistencialismo a contramano con la política exterior que lleva hasta ahora, abierta, nuevamente, al mundo.

Si se quiere reducir la pobreza  hay que bajar la carga impositiva sobre los ahorros de la gente. Si no bajan más los índices de inflación reduciendo el gasto público habrá poca gente dispuesta a ahorrar, por lo tanto no aumentarán como debieran las inversiones. La inflación aumenta la desigualad con las redistribuciones arbitrarias de la riqueza que provoca. Las variaciones imprevistas de los precios redistribuyen la riqueza entre los deudores y los acreedores.

Como dijo Lenin, la mejor manera de destruir el sistema capitalista es corromper la moneda por medio de un proceso continuo de inflación. Los gobiernos pueden confiscar en secreto y sin ser observados una importante parte de la riqueza de sus ciudadanos.

Para que aumente la inversión y el crecimiento económico se necesita, además del ahorro de los residentes en el país, de la inversión extranjera directa, la cual es otra vía para morigerar la pobreza. Para ello se debe convencer que se respetará la propiedad privada y que habrá estabilidad política, reglas claras y perdurables, sobre todo garantizar el funcionamiento del sistema judicial que vele por el cumplimiento de los contratos. Deben dar tranquilidad en que no se van a confiscar el capital de las empresas como ha ocurrido antes en nuestro país.

Buena noticia fue el envío del Gobierno al Congreso: un proyecto para limitar los juicios por accidente laborales cuestionando de esta manera la “ïndustria del juicio”. Contrariamente a lo que vulgarmente se cree, aunque puede haber algún empresario que explote a los trabajadores, la mayoría crean riqueza y trabajo donde no lo hay cuando están dadas las condiciones para invertir y competir.

Elena Valero Narváez
(Periodista, historiadora y analista política)
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