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EMILIO J. CÁRDENAS

Uruguay: Los "asentamientos" y el Estado de Derecho
En el departamento de Maldonado solamente crecieron entre un 200% y un 400%.
Actualizado 24 mayo 2016  
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Emilio J. Cárdenas   
La lectura de una noticia publicada recientemente en el excelente diario uruguayo “El País” me golpeó fuerte. Muy fuerte. Su título era: “Jueces rechazan desalojar a intrusos que ocupan tierras”. En un país que hace del respeto a la ley una de sus más aplaudidas y atractivas banderas, sonaba a contradicción. Pero no es necesariamente así.

Se trataba de cinco distintos casos de “ocupaciones ilegales” de tierra en predios municipales aledaños a los “asentamientos” (llamados: “Villas Miserias” del otro lado del Río de la Plata) “Nueva Esperanza” y “Eucaliptus”, en el departamento de Maldonado, uno de los más ricos de todo Uruguay, obviamente por su cercanía con el balneario “Punta del Este”.

Una vez constatadas las referidas ocupaciones, las autoridades municipales denunciaron en la justicia penal lo sucedido. Como es su responsabilidad, obviamente. La ley uruguaya es clara: la justicia debe ordenar la desocupación y el desalojo, con intervención de la fuerza pública, de ser necesario. Con excepción de la prohibición de desalojar a gente con ancianos y niños a su cargo, durante el invierno.

Pero eso no ocurre. Ni en Maldonado. Ni en la vecina Piriápolis. De hecho. Los jueces no tramitan siquiera las denuncias. Hacen como si no existieran, entonces. Como si las denuncias no estuvieran en sus estrados. Los 600 lanzamientos que fueran ordenados el año pasado, en Maldonado solamente, están en un limbo, “suspendidos” sine die por la jueza actuante. Por el impacto social de hacerlo sin alternativas para los desalojados.

Hay excepciones, todavía. Como las de la ciudad de Salto. Pero la conducta de los jueces penales con jurisdicción sobre Maldonado y Piriápolis seguramente contagiará rápidamente a todo el sistema uruguayo. Y estimulará a que las “ocupaciones ilegales” aumenten y se expandan. Las casillas y viviendas precarias se multiplicarán. Y la ley será ignorada. No sólo en el capítulo que tiene que ver con garantizar el derecho de propiedad. En su lugar florecerá previsiblemente el narcotráfico, que también se “asienta” y opera desde esos primitivos centros de población de muy escasos recursos. Como si, para la ley, hubiera más de un país.

No es que el municipio de Maldonado no construya viviendas populares para alojar a quienes viven en los asentamientos. Lo hace. Pero no alcanzan. La invasión de gente sin mayores recursos es constante y, más aún, desbordante. Fundamentalmente, por falta de trabajo en otras partes del país.

En los últimos diez años los “asentamientos”, en el departamento de Maldonado solamente, crecieron entre un 200% y un 400%, según los diferentes datos que están disponibles. Hace dos años allí vivían unas 10.000 personas, sumergidas en la precariedad.

Suspender los desalojos sine die está lejos de ser lo ideal. No tramitar las denuncias debiera acarrear la consiguiente responsabilidad para los jueces que así actúan. Es inaceptable. Esto, además de lo que la inactividad representa respecto de la defensa del derecho de propiedad.

La salida podría estar en una coordinación eficaz entre los desalojos que en cada caso ordene la justicia y la adjudicación de por lo menos una parte de las viviendas populares que construye constantemente el municipio. De modo de no paralizar, ni ignorar, el mandato de la ley. Ni frustrar la acción de la justicia. Ni dejar a la gente en la intemperie. Si bien la oferta de vivienda puede seguramente no alcanzar, con una lista activa de espera se podría ir avanzando. Sin generar la sensación de que la ley no existe.

Los jueces que están ocupándose del tema debieran ser muy proactivos en la búsqueda real y en el diseño mismo de este tipo de soluciones. La alternativa de ignorar simplemente la ley es peligrosísima. Una cosa es ciertamente la misericordia y la necesidad obvia de asistir -comprensiva y razonablemente- a quien lo necesita y otra, muy diferente, es ignorar abiertamente lo que manda la ley, a todos por igual.

Si un juez elige lo último, debería dejar de serlo. Si lo hace por desidia o por miedo, enseguida. Su rol es de asegurar que la ley se cumpla. No otro. El asistencialismo corresponde a las autoridades administrativas, que deben siempre dar cuenta de sus acciones y de sus omisiones, explicando a todos las razones que limitan su capacidad de actuar conforme a derecho.
 
Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas
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