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EMILIO J. CÁRDENAS

Chile insiste en extraditar a Apablaza
Apablaza. Imagen: Static.
El deseo es que Apablaza pueda ahora -finalmente- comparecer ante la justicia chilena por el asesinato del ex senador chileno Jaime Guzmán, perpetrado en 1991.
Actualizado 10 febrero 2016  
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Emilio J. Cárdenas   
 ¿Dejará la Argentina de ser un santuario para los terroristas extranjeros?
 El "Caso Apablaza" pone a prueba la relación de la Argentina con la vecina Chile

En la reciente visita de la Vicepresidente Gabriela Michetti a Chile, durante su reunión con el presidente del senado del país vecino, Patricio Walker, recibió el pedido expreso de que se revoque el asilo político concedido en su momento por la Argentina -en tiempos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- al ciudadano chileno Galvarino Sergio Apablaza. Cuando la Argentina era considerada por muchos como un refugio fácil para los terroristas del mundo. Para que Apablaza pueda ahora -finalmente- comparecer ante la justicia chilena por el asesinato del ex senador chileno Jaime Guzmán, perpetrado en 1991. En plena vigencia de la democracia, entonces.

No es una solicitud sorprendente. Chile, que tiene un poder judicial moderno e independiente, pide verdad y justicia, como todos. Pero hasta ahora nuestro país le ha dado lastimosamente la espalda.

Apablaza vivó militando en el comunismo de su país, al que se incorporó cuando en 1968 militara en sus organizaciones juveniles, en sus tiempos de estudiante universitario. Fue preso varias veces. Y luego expulsado a Panamá, en 1974.

De allí pasó a Cuba, cuando ésta exportaba terrorismo a la región, según lo ha reconocido el propio Fidel Castro, públicamente. En Cuba recibió instrucción militar en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, cuando se lo conociera como “Comandante Salvador”, especializado en artillería y explosivos. En 1978 se incorporó al Comité Central del Partido Comunista de Chile.

Luego peleó en Nicaragua en las filas sandinistas. En 1986 regresó clandestinamente a Chile para regresar a Cuba luego del frustrado atentado contra Augusto Pinochet.

Volvió a Chile en 1988 donde, desde el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, aparentemente pudo tener alguna participación en el atentado que causara la muerte del ex senador Jaime Guzmán. Y en el secuestro de Cristián Edwards. Lo primero es lo que investiga ahora la justicia chilena que lo ha requerido, presumiblemente por la delación de un ex compañero de andanzas. En 1994 llegó a la Argentina.

Una década después fue descubierto en la localidad de Moreno por la policía, donde residía con un nombre falso: “Héctor Daniel Mondaca”, junto a su pareja, la periodista chilena Paula Chahin que -cabe apuntar- trabajaba en la Secretaría de Medios de la Presidencia de la Nación. Tiene tres hijos de nacionalidad argentina. Chile pidió entonces -de inmediato- su extradición.

Después de trámites complejos, marchas y contramarchas, finalmente la Corte Suprema de Justicia argentina autorizó su extradición. En el 2010, aclarando que el delito por el que se acusa a Apablaza es común, no político. En su fallo destacó, sin embargo, que no podría ser devuelto a país alguno en el que de pronto pueda peligrar su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Días después, la llamada “CONARE”, en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner, le concedió asilo político, razón por la cual no fue extraditado. La llamada “CONARE” que es la “Comisión Nacional para los Refugiados”, resultó clave en la decisión de conceder asilo a Apablaza.

¿Se puede revocar hoy el asilo en su momento concedido a Apablaza? Sí. No será fácil, seguramente. Pero la respuesta es afirmativa, por múltiples razones.

Primero, porque la concesión humanitaria que el asilo por naturaleza graciosa, y por ello es revocable.

Segundo, porque el asilo violó sin duda el espíritu de la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, cuyo artículo 13 establece claramente que a los terroristas no se les debe conceder asilo político. Esa Convención ha sido suscripta (2002) y ratificada por la Argentina. (2005).

Tercero, porque la revocatoria del asilo concedido es una práctica extendida en nuestra región. Panamá lo hizo en el 2014 respecto de Galo Lara. Bolivia lo pidió a Perú en el 2008 respecto de ex ministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Colombia lo solicitó a Panamá respecto de María del Pilar Hurtado, en el 2010. Venezuela lo pidió al Perú con relación al opositor Manuel Rosales, a comienzos de este año. La Convenció de la OEA sobre Asilo Político de 1933, suscripta por la Argentina, dispone que “No es lícito” conceder asilo a los “inculpados de delitos” que estén siendo “procesados en debida forma”. Algo similar surge de la Convención sobre Extradición de Caracas de 1911, en su artículo primero. Y de la Convención sobre Asilo de La Habana de 1928, también en su artículo primero. Así como de la Convención sobre Asilo Político de Montevideo de 1933, en su artículo primero y por la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, en su artículo III. A lo que se agrega que la CIDH recomendó, el 20 de octubre de 2000, que no puede concederse asilo a quienes hayan cometido crímenes internacionales, tales como crímenes de lesa humanidad, de guerra o contra la paz. A lo que se suma que todos los estados no deben otorgar asilo a quienes abandonen su país para eludir su responsabilidad como autores materiales o intelectuales de crímenes internacionales. Por lo que la CIDH recomendó a los países de nuestra región abstenerse de conceder asilo a los presuntos autores de crímenes internacionales.

Por su parte, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos aclara, en su artículo 14.2 que el derecho al asilo no puede ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Más allá de nuestro ámbito propio, la Ley 12/2009 de España, reguladora del derecho de asilo establece específicamente la posibilidad de revocación del asilo y el procedimiento para ello, en sus artículos 44 y 45 (Texto ordenado 2014).

Habrá que esperar que nuestro país estudie la situación jurídica de Apablaza y decida luego, con la participación de la CONARE, que hará.

Lo cierto es que, así como la concesión de asilo a ese individuo resultó en su momento un mensaje inequívoco acerca de lo que la Argentina (pese al pronunciamiento favorable a la extradición de Apablaza de su máximo tribunal judicial) pensaba entonces del terrorismo, su revocación sería vista también como un mensaje claro acerca de donde está la Argentina parada hoy respecto de ese flagelo que inquieta ciertamente al mundo entero.

 

Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas

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