Arrogándose funciones papales u obispales, casi lo único que a él y su ambiciosa mujer les faltaba, Ortega ha decidido conchabar, gratis, los servicios de los sacerdotes nicaragüenses para menesteres que tienen que ver con las familias de su país. Abusivamente, como es su estilo. Sin previamente consultar siquiera a la jerarquía eclesiástica de su país, según acaba de confirmar el propio obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio José Báez.

 

El problema tiene que ver con la cuestión de la violencia hacia las mujeres. Nicaragua regula el tema a través de una ley especial. La que lleva el número 779 y se titula pomposamente: “Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer”.

 

Esa norma acaba de ser reglamentada por el Poder Ejecutivo nicaragüense que ha incorporado manu militari a las pastorales familiares y a los líderes religiosos a las llamadas Consejerías Familiares de la comunidad, estipulando, como si ello fuera poco, que ellos deben trabajar en coordinación con el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. Quieran o no.

 

Las tareas que Ortega pretende que la Iglesia Católica haga en coordinación con el gobierno son fundamentalmente las de mediación en las crisis matrimoniales, aunque siempre “en coordinación” con las autoridades políticas.

 

Báez, con su habitual lucidez, aprovechó para separar lo que “es de Dios” de lo que “es del César”. Como establece el Evangelio. Lo hizo al decir que debe separarse “lo que toca al gobierno en el ordenamiento jurídico, económico y político de una sociedad y el papel de la Iglesia, que se sitúa a nivel de educación de la conciencia, de proclamación de valores evangélicos”.

 

Clarísimo. Hasta para Ortega y su ambiciosa señora esposa. A lo que agregó que la Conferencia Episcopal de su país se habrá de reunir para considerar la cuestión. Preocupada porque, de esta insólita manera, se lastima e ignora la confidencialidad propia del actuar de los pastores, incluyendo al mismo secreto del sacramento de la confesión.

 

El totalitario Ortega, es notorio, no sabe de límites que no sean su propia voluntad. Nunca. Y está dispuesto a adaptar y pisotear a la Constitución de su país, como ha sucedido con su ilegal reelección presidencial. Habrá entonces que ver como termina de encarrilarse está delicada cuestión, que no tiene precedentes en la historia de la relación de la Iglesia en Nicaragua con el gobierno político de ese país. Mientras tanto, Daniel Ortega parece creer que ha logrado de alguna manera subordinar en el tema de la defensa de la familia a la Iglesia a los órganos políticos de su gobierno. Un viejo sueño, sin duda. El de meter las narices donde no le corresponde, ni lo han llamado.

 

 

 

(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.