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EMILIO J. CÁRDENAS

El gobierno argentino embiste duro contra la Justicia
Hace apenas un mes, el Congreso de la República Argentina aprobó un patológico paquete de seis leyes destinado, presuntamente, a "democratizar" la justicia.
Actualizado 19 junio 2013  
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Emilio J. Cárdenas   
Lo hizo pese a que, con anterioridad, prácticamente todas las asociaciones de magistrados y los Colegios de Abogados del país habían advertido al Poder Ejecutivo Nacional acerca de la clarísima inconstitucionalidad de esa reforma. Pese a ello, la Presidente Cristina Fernández de Kirchner ordenó ir adelante -a toda máquina- con su lamentable proyecto con el  que procura politizar y someter al Poder Judicial.

El paquete de leyes recién aprobadas está siendo hoy -como cabía esperar- vapuleado por los jueces, que se pronuncian -uno tras otro- por su inconstitucionalidad. Lo que no es sorprendente, desde que defienden su propia independencia e imparcialidad.
 
De todos los fallos adversos que está recogiendo la administración nacional, quizás el más duro es el que acaba de producir la jueza federal María Servini de Cubría, quien declaró la inconstitucionalidad de una de las leyes del paquete referido, concretamente la que reforma el Consejo de la Magistratura.
 
La Constitución Argentina, en su artículo 114, dispone que el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Su integración debe hacerse “equilibrando” las presencias de los representantes del poder político con las de los jueces de todas las instancias y los abogados de la matrícula federal.
 
Durante la era de los Kirchner, la manipulación de la actividad del Consejo de la Magistratura y los intentos encubiertos de colonizar a la justicia han sido constantes. Ahora el embate es abierto. Ocurre que el organismo en cuestión es el que selecciona a los magistrados, ejerce facultades disciplinarias sobre ellos y el que puede iniciar los procedimientos de remoción, previa suspensión de los involucrados.
 
Quien quiere controlar la justicia en busca de impunidad apunta entonces a influenciar todo lo posible sobre dicho organismo. En momentos en que las acusaciones de corrupción contra lo más alto del poder político argentino han crecido exponencialmente, a la manera de feo alud, como nunca jamás en la historia del país, el Poder Ejecutivo Nacional optó, ante ello, por tratar -descaradamente- de someter a la justicia.
 
El fallo de la jueza federal mencionada declaró la inconstitucionalidad de la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura por voto popular. Esto es, de la norma que prevé la elección, por primera vez, en las urnas de 12 de los 19 miembros del Consejo. O sea de 3 jueces, 3 abogados, y 6 académicos.
 
La decisión mencionada supone una previsible, aunque dura derrota para Cristina Fernández de Kirchner, cuya reacción ha sido la de formular toda suerte de acusaciones a la justicia, incluyendo contra algunos miembros de la Suprema Corte en particular.
 
El objetivo perseguido es, como casi siempre, el de intimidar. Amedrentar. Porque el gobierno nacional apelará a través de un per saltum el fallo de la jueza federal ante la propia Corte Suprema. Y ésta ya anunció que le hará llegar y decidirá el caso prestamente.
 
A su vez, el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ha anticipado que el máximo tribunal argentino espera la llegada del caso “concreto” para resolver, de inmediato, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de cada una de las leyes que están siendo impugnadas. El fallo de la jueza al que nos hemos referido le brinda una primera oportunidad.
 
Mientras tanto, la administración nacional argentina pretende que los nombres de los postulantes a Consejeros sean incluidos en las listas electorales de los partidos políticos, lo que tanto los magistrados como los abogados rechazan terminantemente.
 
Es posible que el pleito a dirimirse se decida antes del próximo 22 de junio, fecha en que vence el plazo para inscribir las candidaturas para las primarias de legisladores, elecciones a las que el kirchnerismo quisiera, precisamente, adosar la elección de los consejeros.
 
Entre las diversas falencias constitucionales graves de las normas recién aprobadas, se señala como claramente inconstitucional al proceso a través del cual la representación de jueces, abogados y académicos ya no sería decidida por ellos mismos, como hasta ahora, sino por el voto popular.
 
También la ampliación caprichosa de la representación del mundo académico, para así disminuir las voces que representan a jueces y a abogados, afectando su influencia, lo que viola la noción de “equilibrio” entre esas diversas representaciones prevista en la Carta Magna.
 
La decisión de la jueza Servini de Cubría llama la atención por su contundencia y debe interpretarse como un paso sustantivo en las hostilidades que enfrentan hoy abiertamente a la justicia argentina toda contra la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
 
La Presidente argentina tiene -sin embargo- un “plan B”. Ampliar, a la manera de Franklin Delano Roosvelt, el número de miembros de la Corte, llevándolo de 7 a 19. Y -como si eso fuera poco- también un “plan C”, que supone forzar el retiro de alguno de los miembros actuales del Tribunal, argumentando (sin adecuando sustento jurídico) que tienen una edad superior a la explicitada por el texto constitucional, olvidando que fueron designados con anterioridad a la reforma de la Carta Magna que presuntamente estableció el límite, y que ese límite fue, además, declarado nulo por la propia Suprema Corte.
 
De todos los innumerables conflictos institucionales que han sido -uno tras otro- generados por Cristina Fernández de Kirchner, el actual enfrentamiento con la justicia es probablemente el más grave de todos.
 
Parecería que para ella cualquier decisión que no coincida con su particular criterio personal, supone que los jueces han dejado de acatar la “voluntad popular”, o que ellos son “golpistas”, o que deben tenerse por “destituyentes”. Absurdo, por donde se lo mire. Pero en la retórica populista, no desentona.
 
Aunque esa línea de razonamiento parezca increíble, lo cierto es que, sobre ella, se edifica constantemente la “acción de gobierno”. Porque quien no está de acuerdo con el “kirchnerismo”, es un “enemigo del pueblo”, en una lógica polarizante que ha ya lastimado profundamente al plexo social argentino, hoy dividido y, peor, enfrentado.
 
 
 
Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas
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