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EMILIO J. CÁRDENAS

Restricciones a las encuestas de opinión o cuando el remedio es peor que la enfermedad
...cuando faltan entonces menos de dos meses para el acto de sufragar, una reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del Perú ...
Actualizado 21 febrero 2011  
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Emilio J. Cárdenas   
Los peruanos, en un momento de excepcional crecimiento económico, se aprestan a votar en una nueva elección presidencial que tendrá lugar el próximo 10 del mes de abril, habiéndose previsto la segunda vuelta, en caso que nadie obtenga el 50% de los votos en la primera, para el 5 de junio de 2011. Pero cuando faltan entonces menos de dos meses para el acto de sufragar, una reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del Perú no sólo ha generado una explicable controversia, sino que ha dejado a los votantes y ciudadanos peruanos sin las conocidas encuestas de opinión con las que habitualmente se trata de anticipar cual podría ser el veredicto de las urnas.
 
Esto porque la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados decidió dejar de difundir esas encuestas hasta que el organismo antedicho, el JNE, deje sin efecto nuevos requisitos reglamentarios que se interpretan como una censura previa a los encuestadores.
 
Porque el ente electoral exige ahora que en cada caso se le entregue la base de datos utilizada. Lo que supone algo parecido a revelar concretamente los nombres de los entrevistados, así como sus documentos personales y sus teléfonos y direcciones. Para los encuestadores, así se viola el llamado “secreto estadístico”. O, dicho de otra manera, así se limita el derecho de los ciudadanos entrevistados a que se guarde reserva o una discreción mínima acerca de su posición u opinión en materia política. De allí la decisión de las encuestadoras de dejar de hacer encuestas y difundirlas abiertamente, porque que no están dispuestas a que se “verifique” su labor.
 
Es cierto -y la Argentina no parece ser en esto una excepción- que hay encuestas que pueden estar “prefabricadas” de modo de “convalidar” -con sus “resultados”- la posición preferida de quienes las encargan “a medida” y las pagan. Lo que es claramente una estafa y una burla a la buena fe de los ciudadanos.
 
Pero de allí a pretender que ellas sean verificadas o auditadas por organismos del Estado en todos los casos, hay buena distancia, puesto que ello supone o asume que muchos de los entrevistados, ante la posibilidad de ser identificados por el gobierno de turno, falseen sus respuestas o simplemente se abstengan -por miedo- de darlas. Supone asimismo asumir que todas las empresas encuestadoras pueden venderse al mejor postor, lo que no es siempre el caso.
 
Ambas cosas están muy lejos de ser ideales. Pero uno debe preguntarse si no se está ante uno de esos casos donde el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Y, peor aún, si con este tipo de medidas draconianas un gobierno que sabe que no está en condiciones de ganar las elecciones y mantenerse en el poder no logra proyectar alguna confusión al escenario, de manera de que la opinión pública no pueda confirmar si efectivamente a los respectivos candidatos les va bien o les va mal.
 
Cabe añadir que para quienes están en el periodismo no es difícil identificar a aquellas empresas que “tiñen” sus resultados de manera de “ayudar” a sus clientes. No obstante, la pluralidad de encuestadores debiera asegurar que los “creativos” queden al descubierto. Por distintos, obviamente.
 
Lo sucedido en Perú es un alerta desde que podría repetirse en otras latitudes. Lo que sería agregar daño al ya producido en el Perú. Una verdadera lástima que esto haya ocurrido. Por esto la necesidad de esta advertencia pública.
 
 
Emilio J. Cárdenas 
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.
 
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