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EMILIO J. CÁRDENAS

Bolivia: Se exilia Mario Cossio, gobernador de Tarija
La idea central pareciera ser que todos los líderes opositores deben estar presos y definitivamente demonizados. Destruidos
Actualizado 23 enero 2011  
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Emilio J. Cárdenas   
           El autoritarismo de Evo Morales es cada vez más intenso y arbitrario. Desde hace rato no tolera el disenso, ni las opiniones distintas a la suya. Pero ahora queda claro que tampoco tolera la presencia de figuras de la oposición en los gobiernos departamentales. Porque pueden hacerle sombra. Nos los “tritura”, como anuncia Hugo Chávez, en Venezuela. Los desplaza.
 
El “MAS” de Morales acaba de ejecutar un auténtico y antidemocrático “golpe de estado interno”, destituyendo al Gobernador Mario Cossío, un abogado de 50 años, líder del partido opositor “Camino al Cambio”, extremadamente popular en el departamento de Tarija.
 
Cossío ha sido el primer Prefecto de Tarija de toda la historia electo por elecciones directas populares. Las del 2006. Más adelante, fue electo Gobernador en el 2010, pese a que el MAS de Morales hizo “migrar” desde los alrededores de La Paz a miles de indígenas para que (como nuevos “residentes” del departamento de Tarija) pudieran votar allí con el propósito de “desbancar” a Cossío, que se frustró.
 
Al no lograrlo, el MAS de Morales inundó a Cossío con una ola de perversas acusaciones difamatorias de corrupción. Las más variadas. Una de ellas pareciera ser, curiosamente, la de haber cometido el pecado de haber “devuelto” al “Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas” dineros que no habían sido “utilizados” en obras públicas departamentales. Esto luce como una suerte de “pecado de honestidad”. De devolver lo que no es propio. De no creer.
 
Sin que sea necesario probar las acusaciones que se formulan alegremente al voleo, ni -mucho menos- esperar que exista (como siempre debiera ser) una sentencia judicial independiente, las meras acusaciones con respaldo oficialista (en Bolivia) son motivo suficiente como para “suspender” en sus funciones a un gobernador electo por el pueblo, sin que pueda probar su inocencia. Lo que parece no condecir con un “estado de derecho”.
 
Bolivia, recordemos, tiene una conocida (por patológica y persecutoria) “Ley Anticorrupción”. Se trata de una norma sancionada en marzo de 2010, con efectos retroactivos, que dispone la imprescriptibilidad del delito de corrupción. Bajo dicha norma, los fiscales bolivianos deben probar tan sólo que el acusado es (o fue) funcionario público, para lo que no hace falta esmerarse, ni esforzarse, mucho. Nada más. Sólo eso. Corresponde, increíblemente, al acusado tener que probar su propia inocencia, la que no se presume. Esta perversa “inversión de la carga de la prueba” es obviamente contraria al debido proceso legal. Pero es la realidad.
 
¿Como puede alguien que es acusado, de pronto, de haber cometido presuntos delitos que se remontan a cuatro o cinco décadas atrás, tener en su poder los elementos probatorios necesarios para poder demostrar acabadamente su condición de inocencia, la que en Bolivia no se presume? ¿Dónde está el debido proceso legal? ¿Cómo se afecta el derecho de defensa? Gravísimo.
 
Esa ley, recordemos, es la que se denomina “Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, en homenaje a un político boliviano marxista que enseñara -como profesor titular- Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires durante la presidencia de Héctor Cámpora, y falleciera trágicamente, en Bolivia, en 1982.
 
Tiene razón Oscar Ortiz Antelo cuando -desde esta misma página- dice -con lucidez- que en Bolivia “existe un diseño constitucional y legal orientado a desestabilizar (yo diría a eliminar) autoridades opositoras”. Y cuando llama “constitucionalismo perverso” al de su país. Porque es cierto que “El autoritarismo moderno se ha sofisticado… Guarda las apariencias de la democracia pero somete a sus instituciones a un control único y absoluto… Aplica una especie de terrorismo judicial selectivo, por el cual se hostiga y amedrenta al competidor político”. Así de grave.
 
Naturalmente, si algún gobernador boliviano es removido de la manera señalada, Evo Morales se ha reservado el derecho de designar, a dedo, al gobernador “interino”. Y así lo hizo en este caso -raudamente- nombrado enseguida a su amigo Lino Condori, en reemplazo del perseguido Mario Cossío. Como era vox populis que iba a suceder.
 
Pero las cosas en Bolivia no terminan así. La idea central pareciera ser que todos los líderes opositores deben estar presos y definitivamente demonizados. Destruidos. Todos. Por ello Cossío -con una dosis comprensible de prudencia-  decidió no quedarse en Bolivia y exponerse así a una moderna ordalía de final adverso previsible y acaba, en cambio, de solicitar asilo político en Paraguay, país que estudia ese pedido.
 
        El Vice-presidente del Paraguay, Federico Franco, acaba de señalar que su país debe dar refugio a Cossió. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Miguel Abdón Saguier, y el gobernador Carlos Amarilla se pronunciaron en el mismo sentido. Es más, Amarilla propone declarar a Cossío “ciudadano ilustre” del Departamento Central de Paraguay. Estos pronunciamientos, como cabía esperar, provocaron la ira incontenible del Vice-presidente de Bolivia, el ahora desprestigiado Álvaro García Linera. Veremos si el Presidente, el ex-obispo Lugo coincide. Sus simpatías bolivarianas pueden prevalecer. Este mes la Comisión Nacional de Refugiados del Paraguay emitirá su dictamen, cuyo contenido al tiempo de escribir estas líneas no se conoce.
 
Curiosamente a Cossío se lo acusa de supuesto “daño económico” a su Departamento. Esto es haber gestionado mal. Pero, cuidado, el pez por la boca muere. Al propio Morales, el pueblo entero lo acaba de obligar a dar marcha atrás en una monstruosa suba de los precios de los combustibles, por “daño económico” precisamente. Morales va camino a ser, quizás antes de lo que piensa, víctima de los “delitos” que él mismo ha creado para perseguir a sus opositores.
 
Lo grave es que todo esto pueda suceder en una democracia. Esto es, que una acusación no probada, que aún no ha sido objeto de decisión judicial alguna, pueda transformar a un ciudadano gobernante, elegido por el pueblo, en víctima propiciatoria del autoritarismo. Sin otro derecho que el de mandarse a mudar, para lo cual debe salir subrepticiamente de su propio país, porque de lo contrario se le impide el tránsito. Porque si no lo hace, queda automáticamente convertido en un presunto delincuente, hasta que pruebe su propia inocencia. ¿Es esto democrático? No, de ninguna manera. No lo es.

Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.
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