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EMILIO J. CÁRDENAS

El "Caso Apablaza" pone a prueba la relación de la Argentina con la vecina Chile
La decisión de extraditar a Apablaza depende, más allá del humo, de Cristina Kirchner
Actualizado 27 septiembre 2010  
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Emilio J. Cárdenas   
Pocos seres humanos son tan diferentes como los Presidentes de Chile y la Argentina. La moderación del primero contrasta con la agresividad del otro. Quizás porque la calidad personal de uno se contrapone a la vulgaridad del otro. Por ello las visiones del mundo y de su funcionamiento de ambos mandatarios son distintas.
 
No obstante, hasta ahora al menos, Sebastián Piñera había logrado acercarse a la Sra. de Kirchner, de manera de transitar juntos el escenario regional. A punto tal que, sorprendiendo a propios y extraños, Chile no se opuso a la candidatura de Néstor Kirchner, con la que Hugo Chávez logró instalar al intemperante santacruceño en la Secretaría General de UNASUR.
 
Las relaciones bilaterales entre ambos países avanzaban hasta ahora razonablemente bien. En rigor, casi sin problemas. Pero el diablo a veces mete la cola. También entre las naciones. El sonado caso “Apablaza” tiene los condimentos necesarios para alejar a los dos países y eventualmente hasta para alimentar históricos recelos y desconfianzas, lo que sería una gran pena.
 
 Un notorio terrorista chileno, Galvarino Sergio Apablaza Guerra, hombre de la mayor confianza de los hermanos Castro, entrenado por ellos (en Cuba) en la violencia, residía en la Argentina desde 1993 con una identidad falsa y prófugo de la justicia chilena. En el 2004, de pronto, fue identificado y detenido. Chile procura su extradición desde el 2005.
 
Chile lo solicitaba para que finalmente enfrentara la responsabilidad que le cabe por su participación en el asesinato del conocido senador chileno Jaime Guzmán, en 1991, y en el secuestro, a fines de ese mismo año, de Christián Edwards, integrante de la familia propietaria de “El Mercurio”, el diario tradicional de Santiago de Chile. El senador Guzmán, recordemos, estuvo entre los fundadores de la UDI, uno de los dos principales partidos que conforman la actual coalición de gobierno chilena, de centro. Su asesinato se habría preparado meticulosamente desde Cuba, desde fines de la década de los 80.
 
El referido pedido de extradición chileno había sido expresamente denegado, en primera instancia, por la justicia argentina. Para entorpecer las cosas, Apablaza (apoyado por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo) solicitó -en el 2005- ser acogido como refugiado en la Argentina. Mientras tanto, Chile apeló la decisión judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Argentina la cual, ante la aparente sustanciación de la aludida solicitud de refugio suspendió la tramitación del recurso.
 
No obstante, transcurridos cinco años sin novedades de ningún tipo respecto de la solicitud de Apablaza, la Corte entendió (con buen criterio) que no podía seguir esperando eternamente que se produjeran novedades y dictó una sentencia ejemplar, admitiendo la extradición de Apablaza a Chile, al entender que ninguno de los delitos cometidos contra civiles inocentes por los que Chile solicitaba la extradición del terrorista podía ser considerado como “delito político”.
 
Pero ocurre que Apablaza es un peso pesado de la izquierda radical. Para ella no importa si cometió, o no, crímenes graves como los que motivan el pedido chileno de extradición. Igual lo defienden. A capa y espada. En la Argentina, Apablaza tiene contactos muy altos, a punto tal que su pareja trabaja para la Presidente. Cerca de ella. Lo que es toda una señal.
 
Por esto, los círculos cercanos a los Kirchner sugieren que no hay forma que Apablaza sea entregado a Chile para hacerse cargo de las responsabilidades que pudieran corresponderle por su participación en los delitos que se le imputan.  
 
La Argentina de los Kirchner, recordemos, ha venido denegando algunas extradiciones de terroristas extranjeros circunstancialmente en su territorio. Entre ellos, las de los miembros del “Eta” vasco (Caso “Lariz Iriondo”). Razón por la cual tiene fama de ser refugio o santuario para los terroristas, sin que “detalles” legales, como la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el derecho internacional la conmuevan demasiado. Después de todo, una resolución de su Procurador impide -en el plano doméstico- investigar los crímenes cometidos por la guerrilla argentina en la década de los 70, que fuera testigo de un conflicto armado interno respecto del que se ha perseguido (más o menos bien) a una sola de las partes.
 
Apablaza, cabe apuntar, vivió exiliado en Cuba. Fue ex jefe del movimiento subversivo Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el brazo armado del Partido Comunista de Chile. Ha sido entrenado en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, de Cuba. Combatió en el terreno contra “Tachito” Somoza, en Nicaragua. Colaboró asimismo con las insurgencias en África y El Salvador. Su compañero de andanzas, Juan Gutiérrez Fishman, también prófugo de la justicia chilena, es yerno de Raúl Castro.
 
La investigación por el asesinato del senador Guzmán fue reabierta por el Ministro Mario Carroza después que, sorpresivamente, un aparente cómplice de Apablaza, Mauricio Hernández Norambuena, también chileno (que cumple una condena por el secuestro extorsivo del empresario brasileño Washington Olivietto, en el Brasil) confirmara -en una entrevista a la televisión chilena- que Apablaza había participado en el asesinato del senador Guzmán.
 
La decisión de extraditar a Apablaza depende, más allá del humo, de Cristina Kirchner. Por razones ideológicas podría intentar evitarla. Después de todo, en su propio gobierno hay (en puestos de enorme relevancia) quienes tuvieron vinculación con la guerrilla argentina de los años 70.
 
No será fácil ocultar la verdad. Pero los Kirchner son truqueurs por naturaleza. Deberán superar tres dificultades: (i) que el delito por el que se requiere a Apablaza es de los más graves y ha sido definido por la Corte Suprema como uno no de carácter político; (ii) que la justicia chilena es una de las mejores del continente, lo que asegura un juicio justo, en el que la vida de Apablaza no correrá peligro alguno. Pensar o sugerir lo contrario, sería equivocado y ofender gratuitamente a Chile; y (iii) que -como señala la Corte Suprema de Argentina- el propio Apablaza jamás sugirió que los delitos por los que se lo requiere tenían naturaleza política. 
 
Lo de Argentina es preocupante. Pero no inesperado. Sin embargo, en Brasil hay un caso prácticamente idéntico. El del terrorista italiano Césare Battisti, un activista comunista que participara en una de las bandas armadas que asolaran a Italia en la década de los 70, la de los llamados “años de plomo”. La autodenominada: “Proletarios Unidos para el Comunismo”.
 
Condenado a prisión perpetua en Italia por varios asesinatos -incluyendo los de Pierluigi Torregiani y de Lino Sabbadin, ambos civiles inocentes a los que se había ya tratado de extorsionar- Battisti había encontrado refugio en Francia, en los años de la “doctrina Mitterand” en función de la cual (a cambio de un “compromiso” de abandonar la violencia) Francia no extraditaba a los terroristas italianos. Cuando Chirac abandonó esa injustificable posición, Battisti, temiendo ser extraditado a Italia, se fugó e ingresó con un pasaporte falso al Brasil, donde después de algunos años fue detenido, en marzo de 2007 (hace más de tres años) por una comisión policial que lo encontró en las playas de Ipanema, despreocupado, gozando de la vida, de la que no pueden gozar las víctimas de sus crímenes, incluyendo un hijo de Torregiani, al que el atentado que costara la vida de su padre le hiciera perder la movilidad ambulatoria. De inmediato el Secretario de Justicia de Brasil, Tarso Genaro (de conocidos antecedentes marxistas, hoy candidato oficialista a la gobernación de Río Grande do Sul) le concedió el carácter de refugiado.
 
No obstante, la Suprema Corte del Brasil echó por tierra la decisión administrativa brasileña de conceder refugio y se pronunció, en cambio, a favor de su inmediata extradición a Italia. Desde entonces, el presidente “Lula” -quien tiene la decisión final en el tema- ha mantenido “en suspenso” su resolución, sin tomar decisión alguna, alargando así sine die la impunidad de Battisti.
 
“Vidas paralelas”, quizás, las de Apablaza y Battisti. En rigor, ambos gozan de un rincón de impunidad que se mantiene y protege mediante la presión política  de la izquierda radical. Para las víctimas del terrorismo, no hay derecho a la verdad. Tampoco derecho a la justicia. Menos aún, a la reparación. Ello son entenados en un mundo que cobija a quienes ayer fueran asesinos y secuestradores y hoy se exhiben astutamente como si ellos fueran las víctimas, desfigurando la verdad.
 
Una situación lamentable que ahora comparten Argentina y Brasil, países para los cuales las normas internacionales en materia de terrorismo se aplican, o no, dependiendo de quien se trate. Pronto sabremos si nuestra sospecha de que los Kirchner haciendo gala de su doble discurso van a proteger a Apablaza, es o no confirmada por los hechos. Sería lamentable y sugestivo, a la vez.
 
 
Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.
 
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