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EMILIO J. CÁRDENAS

José Miguel Insulza y la carta democrática de la OEA
Insulza, queda visto, con su conducta y dichos, muestra bastante poca convicción por algunos de los elementos esenciales de la democracia.
Actualizado 22 junio 2010  
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Emilio J. Cárdenas   
Una de las deficiencias más serias -y visibles- de la Organización de Estados Americanos (OEA) es su aparente imposibilidad de defender y preservar adecuadamente la democracia en la región conforme a la Carta Democrática Interamericana. Esta, recordemos, procura evitar (i) la ruptura del orden democrático; y (ii) evitar las alteraciones del orden constitucional que afecten gravemente el orden democrático en un Estado Miembro. Ambas cosas.
 
Pero los recursos e instrumentos disponibles para, desde la OEA, atender institucionalmente los dos casos son distintos. Cuando se trata de la ruptura del orden democrático, el artículo 21 de la Carta permite, ante la constatación de que ello ha sucedido, suspender al respectivo estado miembro, sin más y de inmediato.

Cuando el problema es, en cambio, la alteración grave del orden constitucional, la OEA tiene a su disposición dos recursos: (i) conforme al artículo 18, con el consentimiento (veto) del gobierno afectado, puede analizar la situación e informar al Consejo Permanente para que sea éste quien tome las medidas que crea necesarias; (ii) de acuerdo al artículo 20, puede asimismo convocar al Consejo Permanente para que sea éste quien haga una apreciación colectiva de la situación y decida lo que crea conveniente. Para esto último ciertamente no hace falta contar con el consentimiento del país afectado. Para nada.
 
Insulza, un resbaladizo socialista chileno que acaba de ser reelecto en su cargo de Secretario General de la OEA, tiene ahora frente a sí, entre otras, la cuestión de Nicaragua, país que bajo la “conducción” de Daniel Ortega es -de todos los “bolivarianos” (con Venezuela, por supuesto)- uno de los que más ha deformado, abusado, manipulado, lastimado y afectado las instituciones de la democracia y su buen funcionamiento.
 
En una reunión reciente mantenida en Lima por Insulza con representantes del “Movimiento por Nicaragua”, opositor al sandinismo, Insulza sostuvo que frente a la grosera alteración del orden constitucional nicaragüense él no puede hacer nada, porque no tiene la autorización del gobierno local exigida por el artículo 18 de la Carta. Esto es, la conformidad de Daniel Ortega.
 
Ni una sola palabra del mecanismo del artículo 20, que él mismo puede poner en marcha, aunque con peligro evidente de, si sigue este camino, tener que enfrentar algún costo político personal, naturalmente. Sabiendo cual es su fragilidad en términos de apoyo, el socialista chileno no quiere inquietar a los “bolivarianos”, con los que cabe presumir tiene alguna relación de simpatía. Esta es la realidad. No importa que, por ejemplo, en Nicaragua se manipule ostensiblemente a la justicia para violar la Constitución y pretender la re-elección permanente de Ortega en el timón del poder.

Para Insulza no existe el artículo 20. Lo grave es que tampoco existe para los Estados Miembros desde que cualquiera de ellos podría, en su caso, ponerlo en marcha. Falta convicción democrática en la región. A gritos.
 
Pero esta vez, Insulza dio un paso -cortito- en la buena dirección. Cumpliendo así la promesa que le hiciera al Presidente de su país, Sebastián Piñera, de tratar de avanzar en la protección de la democracia en la región.
 
En efecto, sostuvo que es (quizás, dijo) hora de hacer cambios que permitan “definir a priori” los temas que constituyen violación de la democracia o tener, al menos, la posibilidad de enviar misiones de observación cuando se considera que existe un riesgo o la necesidad de prevenirlo.
 
            A lo Pilatos, Insulza hizo, de paso, una sugerencia que es, en rigor, un auténtico “pase al wing”. Pedir a la Corte Interamericana una opinión sobre si la prohibición constitucional a la reelección viola, o no, los derechos humanos de quienes están en el poder, impidiendo su reelección.
 
Insulza, queda visto, con su conducta y dichos, muestra bastante poca convicción por algunos de los elementos esenciales de la democracia. Particularmente por la alternancia. Nada dijo acerca de la posibilidad de nombrar relatores o de producir informes anuales sobre el estado de la democracia en la región. No se esmeró mucho. Como si el tema no fuera urgente. Como si la democracia no estuviera amenazada de muerte por el creciente totalitarismo desplegado y evidenciado por los “bolivarianos” y sus “compañeros de ruta”. Una pena, quizás. Pero ciertamente no una sorpresa.
 
 (*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.
 
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