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EMILIO J. CÁRDENAS

Evo Morales arremete contra todos
Morales, como cabía esperar, designó seis jueces en el Supremo y diez en el Tribunal Constitucional...
Actualizado 19 mayo 2010  
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Emilio J. Cárdenas   
Según establece la muy extraña nueva Constitución Política Plurinacional de Bolivia, los miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional de Bolivia deberían ser electos a través de las urnas. Esto es por voto popular, en una elección nacional que ha sido prevista para el 5 de diciembre de 2010. Lo que está lejos de generar tranquilidad, porque -en esos niveles- difícilmente se garantiza la independencia e imparcialidad de la justicia con designaciones hechas mediante el sufragio.
 
Pero los problemas no terminan allí. Morales, que no es un demócrata (ni pretende serlo), tomó un “atajo”. Su partido, el MAS, promovió la sanción -en un Parlamento en donde tiene más de dos tercios de los votos- de una llamada “ley corta”, con la cual Morales, a dedo, pudo llenar los cargos que estaban acéfalos interinamente. O sea hasta tanto se elija por voto popular a las autoridades judiciales definitivas. De esta manera, de aquí a fines de año, Morales tendrá una enorme influencia en el seno de esos tribunales. Los dominará, mejor dicho.

Aprovechando una evidente “laguna” constitucional, Morales, como cabía esperar, designó seis jueces en el Supremo y diez en el Tribunal Constitucional. Todos con evidente afinidad política con él.
 
En paralelo, el MAS impulsó las acciones penales que suponen los llamados “juicios de responsabilidad” contra tres ex presidentes y un ex vice-presidente, que estaban en el trámite legislativo, ahora -de pronto- acelerado. Usando una ley del 2003, la 2445.
 
Se trata de los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-2001); Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-20006) y del ex vice-presidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997). Todos los que, en rigor, tienen alguna posibilidad de hacerle sombra política a Morales, están ahora camino hacia el “paredón” político. Porque no hay duda alguna que la imparcialidad de la justicia no está asegurada.

Se los acusa de “lesionar los intereses del Estado”, según los define Morales, obviamente. Cuando los acusados, con razón, imputaron a Morales poner en marcha su “linchamiento” éste los calificó de “delincuentes confesos organizados en un sindicato”. Quizás por venganza, o por resentimiento, o por arrogancia o por autoritarismo. O por todo ello, combinado.

Pero las acusaciones van adelante. Como si sus antecesores no hubieran tenido margen alguno para tomar decisiones políticas en sus respectivos momentos. Por esto los acusa del peor de los delitos, del que Morales más teme: de “querer volver a la palestra política”. Como si no tuvieran derecho a hacerlo. En algún momento habrá que corregir las peores barbaridades de Morales, razón por la cual la fronda de quienes son candidatos a hacerlo mañana, ya ha comenzado.

Esto y declararlos culpables sin juicio previo alguno, es bastante parecido. Del llamado “principio de presunción de inocencia”, ni noticias. Adiós a los derechos humanos y a las garantías al debido proceso legal. En la Bolivia de hoy sólo impera la voluntad de Morales. Ella está sobre la ley. Lo que es sumamente grave. Porque se impulsa, de la noche a la mañana, una persecución política constante. No inesperada, pero persecución al fin.

Los “pecados” de sus predecesores, que Morales entiende imperdonables, son: (i) haber suscripto contratos para explorar y explotar hidrocarburos con empresas privadas; (ii) privatizar algunas empresas públicas que ya han sido re-nacionalizadas y viven ahora plagadas de ineficiencia y, peor, de corrupción; y (iii) en el caso de Rodríguez Veltzé, haber ordenado la destrucción de 41 viejos misiles que poseía el Ejército Boliviano, que estaban obsoletos, lo que se tilda de “sometimiento a un gobierno extranjero” porque se encargó la tarea de destruirlos (que obviamente requiere conocimientos y medios técnicos) a los Estados Unidos.

Las “tricoteuses” locales están destilando resentimiento, quizás esperando poder presenciar la muerte política y la puesta en prisión de quienes, como los ex presidentes, han sido brutalmente demonizados por Evo Morales.

Lo de Morales no tiene desperdicio. Él mismo, como diputado, había presentado las denuncias que ahora impulsa y que serán “juzgadas” por jueces designados también por él mismo. De terror.

Adiós al derecho al disenso. Más de sesenta dirigentes políticos de todos los sectores opositores han sido acusados penalmente desde que Morales llegara al poder. Muchos de ellos, convencidos de que no habrá justicia, han abandonado Bolivia por falta de las garantías más elementales.

Morales ha dinamitado a la democracia y enterrado a la división de poderes. Pero además ha puesto ahora en marcha una peligrosa “caza de brujas” que (a estar a lo que enseña la historia) podría extenderse, de pronto, más allá de la política.

Curiosamente, en la llamada “plurinacionalidad” del país del altiplano puede estar el gérmen de la caída de Morales. Cada nacionalidad pretenderá ser más importante que el conjunto, liberando entonces una fuerza centrípeta que puede resultar destructiva para el proyecto “unificador” de Morales.
 
  
(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.
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