La llegada de la izquierda radical al timón de algunos de los gobiernos de nuestra América Latina tenía, inevitablemente, que terminar afectando las libertades individuales. Después de todo -más allá de las cortinas de humo y de los hábiles disimulos- la izquierda radical no cree en la libertad, a la que sacrifica en nombre de una utópica igualdad. Ni es democrática. Es autoritaria y por esto, tarde o temprano, muestra la hilacha. Porque no concibe actuar sin recurrir a sus totalitarias visiones de “ingeniería social”. Por eso, cuando de pronto gobierna, la afectación de las libertades individuales esenciales es sólo una cuestión de tiempo. Y desgraciadamente la realidad lo está comprobando.

 

 

 
En Ecuador, el Parlamento está a punto de cercenar la libertad de expresión. Rafael Correa señala el rumbo destructivo, dejando de lado los acuerdos que había tejido con una oposición deseosa de no perder las libertades.

En Nicaragua, el legendario diario “La Prensa” se sigue defendiendo de los embates del “sandinismo”. Pero sólo Dios sabe por cuanto tiempo.

En Argentina, la justicia (denostada constantemente por los Kirchner) ha suspendido el efecto de una “ley mordaza” que pretende regular a los medios audiovisuales para minimizar la presencia privada en el espectro radioeléctrico. Es una norma sancionada entre gallos y medianoche por un Congreso sin representatividad, transitando por caminos procesales torcidos, expresamente tildados de ilegales por la justicia. En primera y segunda instancia y pese a las intimidaciones denunciadas por los funcionarios judiciales provenientes (como es habitual) de organizaciones que actúan a la manera de arietes del autoritarismo, disfrazadas de defensoras de los derechos humanos, cual “lobos con pieles de oveja”, entonces.

 

 

 
Tres son los principales factores de preocupación por la libertad de opinión que flotan en el escenario uruguayo: (i) dos sentencias judiciales contrarias a la libertad de expresión, que contradicen abiertamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo una de la propia Corte Suprema de Justicia y otra que condena a un periodista a cinco meses de prisión por el delito de difamación, cuando se han despenalizado expresamente los delitos cometidos a través de la prensa; (ii) propuestas gubernamentales concretas que, disfrazadas de nacionalistas, apuntan a manipular los contenidos de las emisiones de radio y televisión; y (iii) el anuncio de la preparación de una nueva Ley de Telecomunicaciones que se enviaría al Parlamento, controlado ahora por la izquierda, cuyo contenido aún no se conoce aunque coincide con expresiones preocupantes que han sido vertidas públicamente contra los medios por la esposa del Presidente José Mujica, la poderosa senadora Topolansky, que -como él- fuera en su momento una alta dirigente “tupamara”. En el ramillete de los ataques a la libertad de expresión denunciados por los medios (“Búsqueda” del 25 de marzo pasado, pág 26) aparece insólitamente involucrado el ahora en desgracia ex-embajador de Argentina ante el Uruguay, Hernán Patiño Mayer, con dardos dirigidos por él al diario uruguayo “El País”.

Queda visto entonces que la izquierda radical, más allá del manejo de la oportunidad, en algún momento procura manipular la libertad de opinión. No puede evitarlo. También en Uruguay, donde hay señales de que el peligro es inminente. Como en China, se privilegia la libertad económica, pero no se tolera la libertad de opinión. Lo que es lamentable, pero no sorprendente por los actores e impulsores de las medidas restrictivas, que son los mismos que impulsaron -hace unos seis años- a Telesur, empresa pública que, desde Caracas, ha estado envenenando constantemente el aire de la región, sembrando odios y resentimientos sin solución de continuidad.

 

   

(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.