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EMILIO J. CÁRDENAS

En Uruguay pretenden cortar las alas al "transfuguismo" político...
En América Latina, el fenómeno es conocido y está (desgraciadamente) difundido
Actualizado 17 marzo 2010  
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Emilio J. Cárdenas   
Para el diccionario de la lengua española, la palabra “tránsfuga” describe a  “aquel que huye” Pero también a la persona que, de pronto, “pasa de un partido (político) a otro”. No por convicción, claro está, sino por conveniencia.

En América Latina, el fenómeno es conocido y está (desgraciadamente) difundido. En rigor, no reconoce fronteras, desde que en distintos escenarios hay ejemplos concretos de estas lamentables actitudes.
 
La experiencia argentina.

En la Argentina, por ejemplo, la creencia generalizada es que los votos de los legisladores en todos los niveles se “compran y venden”, de mil maneras y con distintas promesas o acciones. El caso más conocido, paradigmático, es el de Eduardo Lorenzo Rodríguez, un oscuro médico pediatra devenido legislador cuyo padre era un conocido periodista deportivo, que respondía al apodo de “Borocotó”.

Cercano primero al peronismo de centro, “Borocotó” (h) militó en su momento en las huestes del ex Ministro de Economía Domingo Cavallo y por esa vía fue elegido legislador. Fue titular de una de las seis bancas de Propuesta Republicana en el Congreso Nacional, desde diciembre de 2005.

En un evidente acto de “transfuguismo” que en su momento causara gran revuelo, “Borocotó” (h) antes de asumir su banca conformó -sin previo aviso- un “movimiento independiente”, al que definió como: unipersonal. Su propio “bloque” parlamentario entonces. Con el que, sorpresivamente, apareció enseguida como un aliado más del perverso “kirchnerismo”, votando favorablemente a sus propuestas. Con docilidad. “Vendido”, según algunos.

Su partido impugnó administrativamente su condenable proceder. Pero sin éxito. Y perdió así la banca y el voto. Desde entonces, “transfuguismo” y “borocotización” son sinónimos en la jerga política argentina.

El últimoepisodio notable de “transfigurismo”, es el protagonizado por las Senadoras nacionales: María José Bongiorno (Río Negro) y Roxana Latorre (Santa Fe). Ambas abandonaron la oposición y, de pronto, pasaron al kirchnerismo. La semana pasada. Bongiorno es un caso aparte. Sabe de “transfigurismo” como pocos. Entró al Senado de la mano de Kirchner, con el obsecuente Senador Pichetto. Después de la contundente derrota electoral del oficialismo, el 28 de junio pasado, cambió de bando y pasó a la oposición. Ahora, cual veleta, votará -una vez -más- con el oficialismo. Mujer de convicciones poco firmes, es obvio.
 
La “solución” de la izquierda uruguaya.

Uruguay, recordemos, acaba de consagrar Presidente a José Mujica, un pícaro ex “tupamaro” que militara en la extrema izquierda del llamado “Frente Amplio”, la actual coalición de gobierno.

Su corriente interna: el “Movimiento de Participación Popular” (MPP) ha puesto sobre la mesa una inesperada tentativa de solución para el “transfuguismo”. Realmente inédita. Lo hizo luego de sufrir en carne propia la sorpresiva “migración” de nada menos que siete de sus legisladores, que se “fugaron” masivamente en el 2009.

Pretende ahora que sus legisladores firmen una serie de “conformidades”, comprometiéndose por anticipado a “pasar” (ceder) parte de sus ingresos como tales a la agrupación política a la que pertenecen.

Pero procura “garantizar” el cumplimiento de esa obligación haciendo que cada uno de ellos preste conformidad con esa “cesión” de ingresos y, además, suscriba un pagaré que será entregado por ellos -“en garantía”- a la organización central del movimiento, por un monto que supera los 150.000 mil dólares. Si luego se “borocotizan”, pagan. Si no lo hacen, pero no ceden la parte convenida de sus ingresos, se los “ejecuta”. Como a cualquier deudor comercial. Lo que obrará, creen, como disuasivo, desalentando las “ventas” de bancas legislativas.

Cuando, cada mes, los legisladores, después de cobrar sus emolumentos públicos, paguen efectivamente su “aporte” al MPP, obtendrán una liberación parcial de su garantía.

Increíble, quizás, pero esta y no otra es la propuesta que supone que la banca es propiedad del partido y no del legislador. Así el MPP trata de asegurarse un ingreso importante en el tiempo, estimado en unos cinco millones de dólares, a lo largo del mandato -sumado- de sus legisladores.

El sistema en discusión alcanzaría no sólo a los legisladores, sino asimismo a sus secretarios y a su personal en general, que también tendrán que ceder una parte de sus ingresos.

Al que se va del MPP, lo embargan, para así recuperar la “inversión” publicitaria que hicieron en él. Duro, pero claro. Cínico, más bien.

En el futuro, aquel que no acepte este mecanismo no será presumiblemente candidato. Más aún, el partido podría exigir -además- a sus candidatos garantizar “ex ante” no sólo la devolución de lo “invertido” en publicidad, sino también la devolución “ex post” de esa “inversión” política.

El tema ha generado espinosos juicios penales y civiles cruzados. Carlos Pita, un legislador opositor, del Partido Blanco, disconforme con el voto de sus colegas en un tema de derechos humanos, “saltó la valla”. Y se fue con su música a otra parte, después de asumir la banca. Se enroló en el Frente Amplio, esto es en la oposición.
 
En otro caso, Manuel Singlet, con algo más de apego a la ética quizás, dio solamente un discreto “paso al costado”, renunciando al Parlamento, pero dejando su banca en manos del Partido Nacional, al que pertenecía.Lo que se procura entonces es “cementar” indirectamente el pensamiento del MPP, unificando su opinión, descartando que sus legisladores puedan -de pronto- cambiar de opinión, tener otra idea o descubrir y abrazar una nueva visión. Esto es: pensar. Si lo hacen, pagan por su libertad de opinión un elevado precio. No en términos de su futuro político, sino en dinero efectivo. Contante y sonante.
 
No parece ser ésta la mejor alternativa. Pero es la que está sobre la mesa. De implementarse, la libertad de opinión dejaría de ser una prerrogativa de la persona, para pasar a ser -cuanto más- una concesión eventual del partido, aferrado a proteger su “pensamiento único”. Lo que es distinto. Y bastante peligroso.
 
 
(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.
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