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Argelia: "grandes brechas" en la situación de los derechos humanos
Los crecientes obstáculos a la libertad de expresión en el periodo previo a las elecciones próximas a celebrarse en Argelia subrayan las preocupantes carencias de la situación general de los derechos humanos en el país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
Actualizado 14 abril 2014  
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 Las medidas para silenciar a quienes critican al gobierno y sofocar la agitación social son lo más visible de una serie de motivos de preocupación en materia de derechos humanos puestos de manifiesto por la organización en vísperas de las elecciones presidenciales del 17 de abril, en las que el presidente Abdelaziz Buteflika, en el poder desde 1999, intenta controvertidamente obtener un cuarto mandato. Otros problemas son los defectos de leyes que facilitan la tortura y los malos tratos, la falta de protección adecuada a las mujeres frente a la violencia de género, y la impunidad imperante por los abusos cometidos en el pasado.

“La estrategia de las autoridades argelinas ha sido cortar de raíz cualquier intento de ponerlas en entredicho, a ellas o a su historial. Con las elecciones próximas a celebrarse, están intensificando la represión y demostrando que no tolerarán las críticas públicas a ningún nivel”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora general de Investigación de Amnistía Internacional.

Parece haber un esfuerzo concertado de las autoridades argelinas por controlar el discurso en el periodo previo a las elecciones apretando el nudo sobre la libertad de expresión. La falta de un debate abierto y las restricciones al derecho a criticar o protestar para expresar el descontento social o plantear demandas políticas arrojan dudas sobre las cercanas elecciones.”

Hay varios periodistas extranjeros a los que aún no se les ha concedido el visado para informar sobre las elecciones, y a algunos grupos internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, se les viene negando el visado de entrada al país desde hace años.

El estado de emergencia se levantó en Argelia en 2011, pero continúan las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión. Aunque se trata de un país rico en petróleo, persiste la agitación social y económica alimentada por la corrupción, el creciente coste de la vida, el elevado desempleo y la falta de acceso a vivienda. Las autoridades argelinas han respondido en muchas ocasiones a esas protestas dispersándolas por la fuerza, y acosando y deteniendo a manifestantes y activistas sindicales.

Pese a la prohibición de organizar manifestaciones en Argel, tras una represión inicial a principios de marzo las autoridades no han dispersado por la fuerza las protestas pacíficas en la capital, celebradas bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

No obstante, las autoridades siguen tomando como blanco a ciudadanos y ciudadanas, incluidos periodistas que se apartan del discurso oficial a favor de Buteflika. Un estremecedor ejemplo reciente es el caso de la esposa de un periodista que había informado sobre las protestas de la oposición: fue agredida por tres individuos vestidos de civil de los que se cree que son miembros de las fuerzas de seguridad. 

Según la información recibida, los agresores la amenazaron a punta de pistola y le exigieron que su esposo dejara de criticar a las autoridades en Facebook, para a continuación quemarla con agua hirviendo.

El mes pasado, las fuerzas de seguridad hicieron una redada en Al-Atlas TV, una emisora de televisión privada que había criticado a las autoridades en sus emisiones. La cadena fue cerrada y obligada a cortar sus emisiones el 12 de marzo de 2014. En virtud de las leyes vigentes, sólo los medios de comunicación autorizados por el Estado gozan de licencia plena, mientras que los canales privados tienen licencias temporales que pueden revocarse sin apenas aviso.

“El atacar una emisora privada de televisión simplemente porque se ha atrevido a emitir una opinión diferente constituye un censurable ataque a la libertad de expresión”, ha manifestado Nicola Duckworth.

Una ley de 2012 que regula las asociaciones impone restricciones adicionales a quienes desean inscribir una organización independiente, y endurece la normativa sobre financiación extranjera disfrazándola de protección de la moralidad o los valores nacionales. Varias asociaciones que han criticado la política gubernamental, entre ellas algunas que tratan de luchar contra la corrupción y la violencia sexual, o que piden verdad y justicia respecto a las desapariciones forzadas, aún no han podido inscribirse. A Amnistía Internacional Argelia, inscrita legalmente en el país desde 1991, se le ha negado recientemente la autorización necesaria para organizar su asamblea general anual.

“Además de ejercer represión sobre la sociedad civil, las autoridades argelinas no han aplicado las recomendaciones de la ONU de eliminar las lagunas en las leyes vigentes que facilitan la tortura y los malos tratos. En estos momentos, las salvaguardias frente a la tortura en la legislación argelina son terriblemente inadecuadas. Esta situación se ve agravada por el pésimo historial de impunidad respecto a los abusos cometidos por el Estado, un trágico legado del sangriento conflicto interno del país”, ha manifestado Nicola Duckworth.

La crisis de los rehenes de la planta de gas de Amenas en Argelia, en enero de 2013, en la que murieron más de 40 trabajadores y 29 captores, puso de manifiesto las amenazas para la seguridad a las que se enfrentaba el país, y el terrible historial de las fuerzas de seguridad. En nombre de la lucha contra el terrorismo, las fuerzas de seguridad argelinas han cometido abusos graves, tales como tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y detención secreta. Sin embargo, ese historial no se ha tenido en cuenta a la hora de establecer acuerdos de seguridad con Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

También se siguen necesitando amplias reformas para poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres y para abordar la cuestión de los derechos de las personas migrantes. Además, se han tomado una serie de medidas de amnistía para conceder inmunidad a los responsables de una serie de abusos atroces cometidos en Argelia en el pasado, que sólo han servido para afianzar la impunidad.

“Pese a las reiteradas promesas de reforma, estas grandes brechas en la situación de los derechos humanos en Argelia aún persisten, incluso en ámbitos en los que las autoridades pregonan su éxito. La discriminación y la violencia contra las mujeres siguen imperando”, ha manifestado Nicola Duckworth. 
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