Frank La Rue es un poco conocido guatemalteco, altamente propenso a las candilejas. No obstante, desde junio de 2008 -pese a que no tiene mayores antecedentes- se desempeña como “Relator de la Libertad de Opinión de las Naciones Unidas”.  

Seguramente a pedido del gobierno argentino, La Rue viajó a la Argentina y se prestó -desde temprano- a emitir opiniones más o menos favorables a la recientemente sancionada Ley 26.522, la nueva mordaza argentina para la radio y televisión privadas. Hoy hace lo propio en Ecuador. Y agita a México. Su nivel de calidad y dedicación es, como veremos, bastante discutible. Aunque lo cierto es que es muy poco lo que La Rue concretamente sabe acerca de la normativa argentina. Más allá de sus pretensiones.

Esto último ha quedado patente en una reciente entrevista concedida por el funcionario al diario El Comercio, de Ecuador, el 11/10/09. En ella destaca (obviamente equivocado) que la ley argentina divide la comunicación entre pública, privada y comunitaria “con porcentajes exactos”, agregando que él “no se atrevería a hacer eso”. 

Ante eso, dos comentarios. La ley argentina, en la versión que fuera finalmente sancionada por el Congreso, sólo establece una reserva del tercio del espectro radioeléctrico a favor de las organizaciones no-gubernamentales. No hay entonces división en tercios, como ciertamente se había previsto inicialmente. Era demasiado obvio. Y lo disimularon.

La Rue, que debiera seguir de cerca el tema, no se ha enterado siquiera de esto. Pero hay más, desde que el Estado se ha reservado para si la porción del espectro que él mismo defina, esto es eventualmente aún más del tercio de reserva que fuera originariamente previsto. Esto podría arrinconar al sector privado -en su conjunto- que podría llegar hasta a terminar con menos de un tercio del total, dependiendo de la voluntad circunstancial del Estado, que aspira a manejarlo todo.

De todas maneras, lo cierto es que la división a la que -muy suelto de cuerpo- hace mención entusiasta el mentado La Rue simplemente no existe. Ni ocurrió. Quizás porque no tiene precedentes en el derecho comparado, lo que sugiere que efectivamente estamos frente a un disparate más de la administración de los Kirchner, cuyo objetivo real es -y será- el de reducir la sonoridad de la voz de los medios privados en el espacio radioeléctrico. Lo que no es poca, cosa cuando de tratar de -influenciar, desde el autoritarismo-, a la opinión pública se trata.

Por lo demás, la ley argentina no asegura que a cualquier entidad no gubernamental que solicite una frecuencia, ella se le adjudique. Esto es, que efectivamente la reciba.

Existe el riesgo cierto de que una Autoridad de Aplicación como la creada por la ley argentina -que está dominada plenamente por el Ejecutivo de turno- sea “selectiva” en las adjudicaciones. La propia historia reciente de los Kirchner los condena, sin atenuantes. En el sector de los medios de comunicación masiva (particularmente cuando de la caprichosa distribución de la publicidad oficial hecha hasta ahora entre los medios se trata) la evidencia es que ellos han seguido el principio señero establecido en su momento por el propio Juan Perón, cuando dijo: “para los amigos todo y para los enemigos ni justicia”. Esto, a su vez, sugiere que las organizaciones amigas o afines recibirán presumiblemente un buen trato y las demás quedarán inevitablemente excluidas o muy disminuidas.

Para La Rue, la vieja idea (paradigma, nos dice) de que en materia de libertad de expresión cuando menos intervenga el Estado mejor, ha cambiado. Para él, las cosas no son ya así. Salvo la necesidad de garantizar que: (i) no habrá censura; y (ii) no se manipularán los contenidos que estén dentro de la ley, el Estado debe estar omnipresente. Para La Rue, es necesario no solamente “defender a los medios que han tenido (gozado de la) libertad de expresión”, sino, además, “procurar que otros la tengan”. Los contenidos, dice, “aunque sean críticos” deben respetarse, porque “eso es parte de la democracia”. Sólo eso.

La Rue llama también la atención acerca de que debe existir una autoridad nacional de telecomunicaciones la cual, según él, “debe ser independiente de los poderes del estado”. 

Coincidimos con él. Pero como no ha leído la ley argentina, seguramente no ha advertido que la autoridad de aplicación de la Ley 26.522 es absolutamente dependiente de la voluntad del gobierno. Lo contrario a lo que La Rue dice postular. Quizás por esto es que la sigue aplaudiendo calurosamente cada vez que puede, en lugar de criticarla, como debiera.

En otra de sus respuestas, el amigo de los Kirchner agrega: “no hay que beneficiar o castigar a los más críticos con la publicidad oficial”. Está claro que no tiene la menor idea acerca de cómo ha operado hasta ahora el gobierno de los Kirchner. Mientras “Página 12” (una suerte de “Boletín Oficial” disimulado) ha batido todos los récords de publicidad oficial. Quizás porque el ideólogo oficialista de izquierda, Horacio Verbitsky, escribe en ese medio, los periódicos disidentes o tibios han quedado, sin razón valedera, con muy poco o ningún apoyo publicitario oficial. Sin criterios objetivos de ningún tipo en la distribución. Sólo por la voluntad del poder. Tampoco en esto La Rue critica a los Kirchner. Elige o prefiere ignorar la realidad.

Llama asimismo la atención su respuesta a otra de las preguntas formuladas, cuando dice “en América hay mecanismos de intimidación y actos de violencia contra periodistas”. La referencia genérica le permite referirse a la cuestión sin puntualizar casos concretos, como los que ocurren en la Argentina, donde la intimidación a los dueños de los medios ha llegado reiteradamente desde el propio nivel presidencial, desde los más variados micrófonos del poder y los ataques puntuales a periodistas ocurren con llamativa frecuencia. Pero La Rue “no lo sabe".

Preguntado por la acción de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en materia de libertad de expresión, contesta pontificando: “no es bueno que la SIP quiera poner esto como un tema ideológico”. Él cree que detrás de las restricciones a los medios no hay motivaciones ideológicas. Ni autoritarias. Pero no es así.

Cuando finalmente se le pregunta ¿porqué felicitó la ley de Argentina?, se refugia en señalar “hay que modernizar las leyes”. Como si el contenido mismo de las normas tuviera poco que ver. Y si como denunciar la arbitrariedad y el totalitarismo no fuera parte de su mandato. Pero no las ha leído, lo que es grave.

Las expresiones de La Rue hacen recordar la conocida dialéctica de personajes como Miguel D’Escoto, el ex sacerdote y Canciller sandinista que curiosamente presidiera la Asamblea General de las Naciones Unidas, casi contemporáneamente con los primeros pasos como “Relator” del mañoso Frank La Rue. Una rara coincidencia, quizás. 

  

 

Emilio Cárdenas, Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.