En la Argentina de los 50, las punzantes editoriales del diario “La Prensa” contra el gobierno peronista molestaron y hasta crisparon, en su momento, al Gral. Juan Domingo Perón. Como buen autoritario que era, Perón decidió primero atacar “indirectamente” al diario, de modo de tratar de intimidarlo. Así, sus carteleras en la Avenida de Mayo fueron -reiterada y sistemáticamente- atacadas y destrozadas por los implacables esbirros (“piqueteros”) de Perón. A lo cual se sumaron, en rápida serie, torcidas “inspecciones” fiscales y previsionales, así como la instalación de potentes altavoces frente al diario, para atacar y desconcentrar a sus periodistas. De no creer, pero fue así.

 

Pero el medio referido, pese a los ataques, siguió en lo suyo y Perón decidió entonces que había que cerrarlo. Silenciarlo. Para esto acumuló: (i) una promocionada “huelga” del personal; (ii) una “toma” del diario por parte de los “canillitas” (expendedores), procedimiento que luego Fidel Castro imitaría en Cuba, con las sucesivas “tomas” sindicales de los dos principales diarios opositores, esto es: “El Diario Marítimo” y “Prensa Libre” (éste último era donde escribía el gran periodista cubano Luis Aguilar); (iii) un tiroteo en los talleres de la calle Azopardo, con la muerte de un empleado; y, finalmente, (iv) una orden judicial, que dispuso el cierre del diario, el 26 de enero de 1951. Para evitar su reapertura, el 12 de abril de 1951 el Parlamento -controlado por los peronistas- decidió “expropiar” (esto es “quedarse con”) el diario. Luego de lo cual, Perón se lo entregó a la Confederación General del Trabajo (CGT), obligando al valiente Máximo Gainza Paz, el Director de “La Prensa”, a exiliarse, por razones de “seguridad”.

 

En diciembre de 1955, “La Prensa” (derrocado que fuera Perón) volvió a abrir, aunque con una enorme debilidad financiera de la que nunca se repuso y que finalmente llevó al hijo de Gainza Paz a tener que vender el medio de su familia, algunos años después.

 

 

Los Kirchner son, por lo menos, tan autoritarios como Perón. También como él, son profundamente anti-democráticos y pisotean, sin contemplaciones a las instituciones centrales de la República, desnaturalizándolas y manipuleándolas a su gusto y paladar, según les convenga.

 

A diferencia de Perón, sin embargo, los Kirchner (rodeados de una nube de Ministros, Secretarios de Estado y Legisladores que militaron personalmente en la “guerrilla” de los 70, aquella que cometiera toda suerte de violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949, que aún permanecen impunes) son izquierdistas, no nacionalistas. Todos tienen en común, como veremos, el vértigo de recurrir fácilmente a actitudes e instrumentos propios del fascismo. Como él los Kirchner recurren constantemente a métodos totalitarios para tratar de controlar a una prensa opositora “que cada vez les hace la vida más difícil”.

 

Primero, utilizaron los “sobrecitos” semanales para “comprar”, con contante y sonante, las “buenas voluntades” (lenguas y manos) de algunos periodistas. Segundo, distribuyeron -abierta y caprichosamente- la publicidad oficial. Premiando con ella a los “leales” y castigando (sin ella) a los “disidentes” o “críticos” del discurso único y del agresivo andar oficial. Tercero, agredieron por largo rato con carteles callejeros y amenazadoras alusiones directas proferidas reiteradamente desde los podios del poder, contra sus dueños y periodistas. Todo con una cuota de perversidad sin par.

 

Pero esto no les alcanzó. Los medios siguen, no obstante las triquiñuelas oficiales (claramente “bolivarianas”), demoliéndolos. Porque, aunque abiertamente amenazada, existe aún -en alguna medida- cierta libertad de prensa. Lo que es inaceptable para los autoritarios. De allí que busquen coartarla o hacerla insignificante.

 

 

Por ello los Kirchner decidieron “peronizar” su acción. Para ello enviaron al Congreso (que aún dominan, pese a que fueron ferozmente derrotados en las elecciones del 28 de junio pasado, por 7 contra 3, lo que supone para ellos perder el control total del Parlamento que tenían y, para los argentinos, nada menos que volver a recuperar los extraviados equilibrios republicanos. Pero el cambio de bancas decidido ya por el pueblo ocurrirá -por capricho de los Kirchner- recién el 10 de diciembre próximo) un proyecto de ley para minimizar el impacto del sector privado en el sector de la radio y de la televisión.

 

Ese proyecto acaba de ser sancionado y es ya la ley 26.522, denominada “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Con ella -disfrazándola de instrumento de “Robin Hood- (i) eliminarán la presencia de los extranjeros en el sector (en más, ellos no pueden tener más del 30% de las radios y televisoras argentinas); y (ii) forzarán a quienes tengan más radios o televisoras que las que ahora permiten toda una serie de nuevos (e inéditos) “techos máximos en materia de “audiencia posible” a la propiedad de los medios audiovisuales, a venderlas. Como está sucediendo ya con Telecom Italia (en telefonía, la plataforma ideal del “triple play”) esto supone vender a quien ellos sugieran. No a otros, desde que la “autorización” respectiva sólo se dará, discrecionalmente, respecto de quienes sean “leales”. Y no de “opositores”.

 

La nueva norma sancionada pone en manos exclusivas del Poder Ejecutivo la llamada “Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Y dispone que habrá un plazo perentorio de un año (o sea todo debe suceder antes que las próximas elecciones presidenciales, del 2011, en las que los Kirchner -de suceder hoy- serían hoy duramente derrotados) durante el cual “desinvertir” y “adaptarse” a las nuevas normas. Aclarando, en el colmo del descaro, que nadie tiene “derechos adquiridos” respecto de licencias previas que pudiera haber adquirido legítimamente, lo que vulnera directamente el derecho de propiedad de algunos, que inocentemente creían “protegido” por la Constitución. Quienes no se adapten en término a las nuevas “reglas de juego” corren el riesgo cierto de perder sus licencias. Y ser multados y perseguidos.

 

 

En esencia, la nueva norma arrincona discrecionalmente al sector privado. Lo transforma en un pigmeo, en términos de presencia en el espectro radioeléctrico. Esto no sólo por los “techos” que impone a su presencia en el total del espectro radioeléctrico, sino por cuanto el Gobierno se reserva para sí la cuota parte del espectro radioeléctrico que desee y asigna específicamente una tercera parte de él a las “entidades no-gubernamentales”, a ser cuidadosamente seleccionadas.

 

Una mordaza legal silenciará, de este modo, a la radio y la televisión argentina. Su voz estará cercenada. Su potencia quedará reducida. Su presencia minimizada. En paralelo, el Gobierno Nacional habla ahora de “expropiar” la única fábrica de papel para diarios (“Papel Prensa”) del país, de manera de poder así también cerrar -a voluntad- el acceso a la materia prima de los diarios no “leales” al poder.

 

Y ha comenzado a perseguir arteramente a aquellos periodistas que (como Carlos Pagni) apuntan especialmente al corazón de su sistema: la corrupción que todo lo cubre. Como cuadro, preocupante en extremo. La Argentina está camino a un nivel de autoritarismo hasta ahora desconocido. Uno que apunta a silenciar lo que el gobierno no quiere que se diga. Por esto cuando Sergio Kovadloff, desde las columnas de “La Nación”, de Buenos Aires, nos dice: “La ley se ha convertido entre nosotros en herramienta directa de la corrupción. El Poder Ejecutivo la ha puesto a su servicio. La manipula con maestría. Logra que no exprese su vigencia, sino su impotencia. La brutalidad verbal y la acción brutal se complementan. Una potencia a la otra”, no se equivoca. Así están las cosas, bien graves.

 

 

  

Emilio Cárdenas, ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.