Para salir al extranjero hace falta una carta de invitación, la autorización de la empresa y del Ministerio, y pagar 130 euros por el permiso de salida

Los cubanos llegan a 2012 con cierta ansiedad por una aspiración aplazada: la esperada reforma migratoria que el presidente Raúl Castro anunció el pasado mes de agosto durante la sesión de la Asamblea Nacional, queda para más adelante.

El cubano común, ducho en leer todas las “señas” que le llegan del ámbito político, daba casi por seguro que la reforma sería anunciada este fin de año, pues no tendría sentido que Raúl Castro tocara el tema en el verano y que, en su próxima comparecencia, no anunciara medidas concretas. Un ejemplo del proceder habitual fue cuando en 2006 anunció la abolición de un grupo de medidas impopulares, como la imposibilidad para el ciudadano común de tener un móvil o de alojarse en un hotel. A poco de hablar sobre el tema, dichas prohibiciones fueron levantadas de una vez.

En esta ocasión, sin embargo, prefirió postergar lo que para muchos era un anuncio obvio: “Reafirmo la invariable voluntad de introducir paulatinamente los cambios requeridos en esta compleja temática, sin dejar de valorar en toda su integralidad los efectos favorables y desfavorables de cada paso que demos”.

Entre la visa y el permiso

Aunque viajar es un derecho, previsto además en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que la Isla firmó el 28 de febrero de 2008, la perspectiva para el cubano común es que se trata de un privilegio dorado.

Mientras Cuba reclama que EE.UU. permita a sus ciudadanos visitar libremente la Isla, somete a sus propios ciudadanos a limitaciones injustificables para viajar

Ciertamente, los salarios de los trabajadores cubanos están muy lejos de ser suficientes para sufragar los gastos de viaje, por lo que quienes salen al extranjero, sea de visita o con carácter definitivo, solo pueden hacerlo gracias a la ayuda de familiares o instituciones extranjeras.

Por otra parte, los residentes en la Isla deben solicitar visas a los países receptores, y no pocas veces estas son denegadas. Por ejemplo, EE.UU., el destino predilecto de los cubanos ―cerca de un millón vive allí―, suele rechazar la mayoría de las solicitudes de personas jóvenes que desean ir de visita, mientras que aprueba a la casi totalidad de ancianos que acuden a su oficina consular por idéntico motivo.

Ahora bien, si la admisión o denegación de un visitante extranjero es innegable potestad del país receptor, lo que sí causa malestar es que, para salir de su propio país, el ciudadano deba transitar el tortuoso camino de la obtención de un permiso de salida.

El algoritmo es complejo: el potencial viajero debe comunicar en su empresa haber recibido una invitación para salir al exterior y solicitar la autorización. La solicitud es considerada por los directivos, y si es aprobada, pasa a examinarla el Ministerio al cual se subordina la empresa. En este engorroso proceso, el “caso” a veces se agiliza o ralentiza en dependencia de factores absolutamente subjetivos, como la incompetencia de una secretaria que olvida darle curso a la gestión, o la disposición personal del autorizador hacia el solicitante.

Mientras el trámite va avanzando, el invitante debe cursarle a aquel una carta de invitación, formulada ante el Consulado cubano en el país del que se trate. Con ella, y con la carta de autorización del Ministerio finalmente obtenida, el invitado se persona en la Dirección de Inmigración que le corresponda y solicita el permiso de salida, cuyo costo es equivalente a 130 euros (un profesional devenga el equivalente a unos 15,4 euros mensuales).

Pero hay más: otorgado el permiso, y pasado un período de tres meses desde su salida del país, el viajero debe pagar, en el Consulado cubano en el país receptor, una tasa de “prórroga” por cada mes en el exterior ―40 euros en el caso de España―. Así hasta los once meses, pasados los cuales el ciudadano es dado como “desertor” si no regresa a la Isla, por lo que sus propiedades pueden ser confiscadas.

Modelo de contradicción

La legislación migratoria cubana sufrió a partir de 1959 transformaciones que la asemejaron a la vigente en la Unión Soviética, el referente ideológico por excelencia hasta fines de la década de los ochenta.

Ese es el modelo aún vigente, y las contradicciones que genera son brutales. Una de ellas es fácilmente palpable en el discurso político: mientras Cuba reclama al gobierno de EE.UU. que respete la libertad de los ciudadanos estadounidenses para visitar la Isla (lo que no pueden hacer sin una licencia de Washington), somete a un control estricto y pone limitaciones injustificables a las gestiones de sus propios ciudadanos para viajar al exterior.

Asimismo, determinadas profesiones en Cuba han empezado a ser vistas con recelo por los jóvenes, pues podrían suponer un lastre a la hora de emigrar o, simplemente, efectuar un viaje. De hecho, si un profesional del sistema de salud decide emigrar, debe solicitar su cese laboral y esperar cinco años por la “liberación”, la autorización de viaje que expide personalmente el ministro de Salud Pública.

En cuanto al aspecto económico, no se entiende que el pasaporte cubano cueste el equivalente a 42 euros, una cifra que, como se ha mencionado, más que duplica el sueldo promedio de un profesional; ni que, aunque su vigencia es de seis años, haya que pagar una tasa de 15 euros cada dos años para “renovarlo”. Eso, más el pago mensual por estancia en el exterior, hacen sospechar del carácter estricta e injustamente recaudatorio de esas disposiciones y suscitan la molestia del público.

Sin embargo, para muchos, es poco probable que La Habana decida prescindir de esa fuente de ingresos, y hasta aventuran que la eliminación del permiso de salida, con sus 130 euros “caídos del cielo”, incidirá en la elevación de las tarifas del resto de los trámites migratorios.

Paso a paso

El adverbio “paulatinamente” ha sonado muy alto en los oídos de quienes esperaban escuchar “desde ahora mismo”, aquella frase que pronunció tan impensadamente aquel ministro de Alemania oriental que informaba sobre las nuevas facilidades de viaje que su gobierno quería ir aplicando poco a poco, para que el proceso no se le fuera de las manos.

Muy paso a paso es como suelen hacerse las cosas en Cuba, por lo que las palabras se medirán más que en la RDA en 1989. La “fuga de cerebros”, la salida en masa del capital profesional creado desde 1959, es un horizonte que La Habana no querría tener ante sí. Por ello, no hay dudas de que la reforma, cuando se anuncie, traerá un antídoto contra esa posibilidad, como un período de servicio social más extenso para los recién graduados universitarios (hoy de dos a tres años) antes de permitirles viajar al exterior.

Y, como no puede ser de otra forma, el diferendo cincuentenario con EE.UU. está incidiendo en la cautela mostrada por el gobierno cubano en este asunto. Basta recordar la convocatoria efectuada en 2009 por la administración Obama a jóvenes cubanos para otorgarles becas de formación en EE.UU. Una multitud de universitarios llenaron los formularios y se interesaron por el proceso, y una treintena de ellos fueron seleccionados por la Sección de Intereses de Washington en La Habana, pero por supuesto, la autoridades cubanas no les dieron permiso para viajar. Una “quinta columna” de graduados en la potencia enemiga no sería, por supuesto, bienvenida a su regreso…

Pero las diferencias con EE.UU. no pueden ser el eje invariable en función del cual Cuba articule su política migratoria. Por eso, los más optimistas vaticinan que el esperado anuncio de cambios sustanciosos se concretará a finales de enero, durante la Conferencia Nacional del Partido Comunista.

Y muchos cubanos de a pie desearían que sus esperanzas estuvieran bien fundadas.