En una cena con empresarios, Cristina Fernández de Kirchner les pidió a los presentes que siguieran apostando por el país y continuaran invirtiendo. No es la primera vez que el matrimonio formula este tipo de pedidos. Cuando Néstor Kirchner era presidente formal solía argumentar que las empresas tenían que seguir invirtiendo porque en los 90 habían ganado mucho dinero.
 

 

Al menos dos problemas de fondo tienen estos argumentos del Gobierno. El primero, que ya lo he repetido en infinidad de oportunidades, es que nadie invierte por lo que ganó en el pasado, sino porque lo que espera ganar en el futuro. Si alguna vez alguien invirtió en una pizzería y le fue bien, no quiere decir que si el negocio de las pizzas dejó de ser una buena inversión, vaya a invertir igual porque obtuvo ganancias en el pasado.
 

El segundo tiene que ver, justamente, con las expectativas que puede tener un inversor hacia el futuro sobre determinado negocio en determinado país. Lo primero que hace un inversor es evaluar la posible rentabilidad del negocio. Para ello primero calcula los ingresos esperados durante un determinado tiempo. ¿Qué variables incluye? Precio de venta (P) por la cantidad que espera vender (Q). Es decir P x Q.
 

 

Luego comienza a estimar los costos de producción. Costo de mano de obra, insumos, energía, transporte, impuestos, etc. Una vez hecho el cálculo, y si espera obtener rentabilidad, calcula la misma sobre el capital invertido para conocer la tasa de rentabilidad sobre el capital invertido. Todo esto es lo que en economía se denomina cálculo económico, cálculo que se hace ex ante y ex post. Ex antes es el cálculo estimado. Ex post es el cálculo luego de haber hecho la inversión y el momento de la verdad. La rentabilidad obtenida, ¿fue igual, menor o superior a la esperada? La inversión en un mercado competitivo siempre es un riesgo. Nadie tiene asegurado el éxito de antemano y esas son las reglas de juego. La clave aquí es que, cuando se hacen las estimaciones de precios y costos, se llevan a cabo sobre estimaciones de mercado. Se parte del supuesto de que el Estado no alterará los precios relativos con medidas arbitrarias que distorsionen los precios relativos. Las señales de precios tienen cierto grado de certeza.
 

El problema del caso argentino es que, justamente, en este momento, como en muchos otros de nuestra historia económica, es imposible hacer un cálculo económico sin tener en cuenta las potenciales consecuencias de las actuales distorsiones de precios relativos y las medidas arbitrarias que puede adoptar el Gobierno.
 

Por ejemplo, el primer paso es estimar los ingresos: P x Q. ¿Quién puede afirmar hoy que una vez hecha la inversión el Gobierno no establecerá un control de precios sobre ese bien o servicio que va a producirse y, por lo tanto, el P estimado no depende del mercado (lo que está dispuesta a pagar la gente) si no de una decisión burocrática? Es decir, hoy P en Argentina es incierto por propio mercado, pero mucho más por las reglas arbitrarias que rigen.
 

Para estimar Q también hay un problema. Supongamos que parte de lo que se piensa producir se espera vender en el mercado interno y otra parte exportarla. ¿Prohibirá o limitará el Estado, mediante una resolución, las exportaciones? Porque en ese caso cambia Q, y P x Q da un número mucho menor, al punto que no puede llegar a cubrir los costos de producción. Es más, si se prohíben las exportaciones, P baja por menor demanda externa. Por el lado de los ingresos, entonces, hoy interrogantes extra mercado. Lo que se denomina incertidumbre institucional. P y Q, bajo el kirchnerismo, son imposibles de estimar por la arbitrariedad de las medidas que constantemente adopta el Gobierno.
 

Veamos el lado de los costos. ¿Quién puede determinar, por ejemplo, cuales serán los costos salariales? ¿El Gobierno pondrá nuevos impuestos sobre las nominas salariales? ¿Permitirá que Moyano haga un piquete en la nueva empresa para presionar a los accionistas? ¿Cuál será el costo de la energía en el futuro, dado que todos saben que está subsidiada y que, incluso, puede faltar? ¿Cuál será la carga tributaria que tendrá que soportar la inversión a nivel nacional, provincial y municipal en momentos en que los tres niveles de gobierno tienen serios problemas fiscales y están hambrientos de más ingresos? ¿Cuál será el verdadero costo de los insumos si Moreno decide frenar las importaciones para tener un superávit de balance comercial más alto para financiar la fuga de capitales?

Todos estos interrogantes son demasiado fuertes como para que alguien se arriesgue a invertir en un país donde el Gobierno ha dado acabadas muestras de cambiar arbitrariamente las reglas de juego y, en más de una oportunidad, ha asfixiado económicamente a las empresas para que tengan que entregar las llaves de la empresa. En vez de expropiarlas directamente, se hace un simulacro de legalidad utilizando el monopolio de la fuerza del Estado para forzar la salida de determinados empresarios. Y sin necesidad de dar nombres y apellidos, más de una empresa que le cantaba loas al Gobierno ha visto como los imprevisibles comportamientos del matrimonio terminaron jugando en contra de ella destruyendo su valor.
 

Quien hoy dispone de un capital para invertir, no solo tiene que hacer el cálculo económico normal para determinar la posible tasa de rentabilidad, sino que, además, debe evaluar la precaria tasa de rentabilidad estimada contra el riesgo institucional. Como esto último es muy elevado, la tasa de rentabilidad que se le pide a una inversión tiende a infinito, paralizando el grueso de las inversiones.

Es más, si las cuentas dieran que el negocio puede llegar a ser bueno, hasta podría llegar a ser un peligro porque un Estado desesperado por recursos y con un Gobierno que no reconoce límites al momento de violar los derechos de propiedad, tendría en esa inversión una nueva fuente de recursos bajo el argumento de la solidaridad social.

En definitiva, no es con arengas a los empresarios que se van a conseguir más inversiones, sino con seguridad jurídica y estabilidad en las reglas de juego, además de una serie de reformas estructurales en la economía. El problema para poder entrar en una senda de crecimiento basada en la inversión no pasa por una cuestión de voluntarismo ni apelando al patriotismo. El problema son los Kirchner, porque tienen una forma de manejar el poder que hace inviable el cálculo económico frenando las inversiones.
 

Todos los inconvenientes para estimar la tasa de rentabilidad son el fruto de un Gobierno que ha hecho de la imprevisibilidad en las reglas de juego una forma de gobernar. Y no es con cenas amenas que se cambia ese contexto. Es más, ni siquiera las promesas de estabilidad en las reglas de juego que pudiera, imaginariamente, hacer el matrimonio son creíbles, porque ya han dado acabadas muestras de que su único objetivo es el poder hegemónico y que para ello tienen que subordinar toda la política económica a ese objetivo. Esto implica no respetar derechos de propiedad ni reglas de juego.
 

Contra esa meta personal que tiene el matrimonio no hay cenas, almuerzos o apelaciones al bicentenario que puedan atraer inversiones. Es más, me animaría a afirmar que al convocar a esa cena y no hacer la correspondiente autocrítica, el matrimonio ha confirmado, una vez más, que invertir en Argentina es como meter la cabeza en la boca del león.