¿Está acercándose la administración Santos a ponerle fin a un conflicto armado que ha durado más de medio siglo y que le ha costado la vida a miles de colombianos? ¿O está el gobierno aceptando negociar con terroristas, dándoles una oportunidad de reagruparse y continuar sus actividades criminales como el narcotráfico?

Hay muchas razones para desconfiar de las FARC. En 1998, el entonces presidente Andrés Pastrana lanzó negociaciones de paz de alto perfil con los rebeldes marxistas. Como concesión, Pastrana les cedió a las FARC el control de un territorio casi del tamaño de Suiza. Los guerrilleros utilizaron esa zona neutral como una base para consolidar su negocio de producción de cocaína —el cual les provee un ingreso de alrededor de $500 millones al año—, fortalecer su reclutamiento, y lanzar ataques mortales a las principales ciudades de Colombia. Para 2002, las negociaciones de paz habían fracasado y la pregunta entre los corrillos en Washington y otras partes del mundo era si el gobierno colombiano podría caer en cualquier momento.

Fue entonces cuando entró en escena Álvaro Uribe, quien fue investido como presidente en 2002 mientras Bogotá era atacada con cohetes. Con la ayuda militar de Washington bajo el Plan Colombia, Uribe lanzó una ofensiva en contra de las FARC y logró dar varios golpes importantes a su liderazgo. Durante estos años, la mayoría de los colombianos llegaron a darse cuenta de que estaban lidiando con verdaderos terroristas y no simplemente con una insurgencia ideológica de origen campesino. Los rebeldes de las FARC secuestraron a cientos de ciudadanos, políticos y fuerzas del orden para exigir pagos por su rescate. A algunos de ellos los mantuvieron secuestrados en condiciones inhumanas en la selva por más de una década. Muchos murieron en cautiverio. También atacaron con bombas a objetivos civiles en las ciudades, matando a un gran número de personas inocentes. El 4 de febrero de 2008, millones de colombianos se lanzaron a las calles bajo el canto “No más FARC”.

La estrategia militar de Uribe resultó ser exitosa en disminuir considerablemente la violencia en Colombia y debilitar severamente a las FARC, cuyas tropas se redujeron en un 50% durante la última década, hasta llegar a aproximadamente 8.000 soldados.

En 2010, Juan Manuel Santos, el ex ministro de Defensa de Uribe y quien condujo algunos de los más exitosos ataques en contra de la guerrilla, fue elegido presidente de Colombia con un apoyo abrumador. Sin embargo, a diferencia del enfoque de mano dura de su antecesor, Santos mostró desde el principio la voluntad entrar en negociaciones de paz con las FARC, aún cuando su gobierno continuó atacando a la guerrilla, e incluso llegó a matar a su cabecilla Alfonso Cano en noviembre pasado.

A pesar de haber perdido a gran parte de su vieja guardia, los rebeldes de las FARC han sido capaces de aumentar sus embates en el último año, infligiendo dolorosas pérdidas en las fuerzas armadas y sistemáticamente atacando la infraestructura energética del país. La ola de ataques ha llevado a muchos colombianos a preguntarse si las ganancias en seguridad por las cuales se luchó arduamente bajo el gobierno de Uribe están siendo rápidamente revertidas. Esto también ha generado interrogantes acerca del liderazgo del presidente Santos. Vale la pena señalar que hace poco más de un año, Uribe, quien sigue siendo muy popular entre una mayoría de colombianos, rompió públicamente con Santos, acusándolo de, entre otras cosas, ser débil hacia lo que él y muchos colombianos todavía consideran un grupo terrorista.

He ahí el dilema: Algunos colombianos ven lo que Adam Isacson de WOLA ha descrito como un “impasse dañino”. Bajo este argumento, la administración Santos haría bien en darle una oportunidad más a la paz. Lo estaría haciendo bajo condiciones muy distintas a las que había hace una década. Las fuerzas armadas todavía tienen una ventaja en el campo. La economía está creciendo a un paso muy saludable (aunque cada vez se vuelve más dependiente del petróleo y de la minería). Y las ciudades y sus alrededores son mucho más seguras ahora. La estrategia del gobierno, de acuerdo a esta teoría, es presionar a las FARC al límite y luego forzar a las guerrillas a negociar un acuerdo de paz.

Sin embargo, otros colombianos consideran que Juan Manuel Santos está demostrando ser otro presidente débil como Andrés Pastrana. Ellos sienten que el conocido apetito por popularidad y reconocimiento internacional del actual presidente es el motivo detrás de las negociaciones de paz, y que la última ola de ataques de las FARC es el resultado de que la guerrilla se ha dado cuenta que está tratando con un presidente débil. Los escépticos indican que las fuerzas armadas no han logrado atestar un golpe serio a los rebeldes en más de seis meses, tal vez siguiendo órdenes de Santos. Además, indican que hoy en día las FARC son en gran medida una organización narcotraficante con una estructura de comando descentralizada. Mientras la producción de cocaína siga siendo una industria altamente rentable, gran parte de las unidades armadas que componen las FARC continuarán dedicándose a este negocio, sin importar que ocurra con el proceso de la paz. Algo similar ocurrió con los grupos paramilitares de derecha que fueron desmovilizados durante el gobierno de Uribe, algunos de los cuales han reaparecido como bandas criminales conocidas como “bacrim”. Yo además agregaría que los grupos violentos de narcotraficantes son una plaga que acechará a Colombia hasta que se legalicen las drogas.

Ambos lados tienen argumentos sólidos. Pero yo estoy más de acuerdo con los escépticos. Acabar con uno de los conflictos más largos y sangrientos del continente es un objetivo que vale la pena intentar alcanzar. Sin embargo, no hay razón para creer que eso es lo que las FARC quieren. Espero estar equivocado

 

Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute.