Las relaciones entre el presidente de Bolivia, Evo Morales, y las distintas organizaciones indígenas de su país están tomando un fuerte color “castaño oscuro”. Ocurre que la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) acaba de aprobar, a través de su Comisión Nacional, en una reunión celebrada en Santa Cruz el 21 de noviembre pasado, declarar “enemigo de los pueblos indígenas de tierras bajas” a Evo Morales.

El documento denuncia la actitud del oficialismo de pretender dividir y enfrentar a las organizaciones indígenas, para así poder derogar la ley de protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) promulgada el 24 de octubre pasado. Esta norma declara “intangible” a ese territorio y prohíbe la construcción de una autopista financiada por Brasil que pretendía cruzarlo por el medio. Esta autopista era el segundo tramo de la carretera Cochabamba-Beni, que ahora deberá construirse con otro trazado. Salvo que -como puede ocurrir- se desconozca lo acordado con sus habitantes.

La referida ley fue -recordemos- consecuencia de la protesta guaraní, reprimida primero violentamente por la policía, que finalmente llegara el 19 de octubre a La Paz, siendo recibida con vítores por la población, que se volcó a las calles de la ciudad.

Los guaraníes acusaron públicamente a los cocaleros asentados en el sur del Parque de traficar ilegalmente su producción. Evo Morales -recordemos- sigue siendo oficialmente su líder.

Tan pronto como los dirigentes guaraníes regresaron a su lugar de origen, la administración de Evo Morales comenzó a maniobrar visiblemente en su contra. Traicionándolos. Primero, tratando de prohibir reglamentariamente las actividades tradicionales de los guaraníes en materia de turismo, desmonte y cría y comercialización de lagartos. Enseguida, organizando un bloqueo con los cocaleros asentados en el Parque sobre la carretera que une a la ciudad de Cochabamba con Santa Cruz, destinado a sembrar tensión y evidenciar resistencia. Además, promoviendo el enfrentamiento de los distintos pueblos indígenas entre sí, mientras el gobierno demora ostensiblemente la reglamentación de la ley protectora del Parque. Perversamente, queda claro.

Como si todo eso fuera poco, el gobierno de Morales estimula a la administración del departamento de Cochabamba a que se oponga formalmente a lo obtenido por los guaraníes. Por ello el gobernador Edmundo Novillo acaba de promulgar una norma departamental que convoca a una “movilización” exigiendo la construcción de la carretera a través del TIPNIS, para lo cual debería previamente reformarse la norma que lo prohibe. La concentración organizada por Cochabamba tuvo lugar el 9 de diciembre, en la capital, para conferirle la mayor visibilidad posible.

Ante todo esto los dirigentes indígenas del sur del país se han declarado en “vigilia permanente”, anunciando que si en los primeros días de diciembre el gobierno de Morales no reglamenta la ley protectora del TIPNIS, durante los primeros días de enero de 2012 los guaraníes iniciarán una nueva marcha hacia La Paz, en defensa de sus derechos y solicitando se respeten los acuerdos recientemente logrados para preservar al TIPNIS.

Queda visto que las maniobras de Evo Morales están destinadas a enfrentar a los pueblos originarios de Bolivia. Esto puede derivar en la violencia y en un caos aún más profundo que el actual.

Por esto no es demasiado sorpresivo que los indígenas que se sienten perjudicados hayan declarado “enemigo” a Evo Morales quien, deslealmente, ha comenzado a maniobrar arteramente con el propósito de dejar sin efecto los acuerdos ambientales y sociales a los que había llegado con los guaraníes en relación al TIPNIS.

Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.