La SIP expresó su "solidaridad con las entidades periodísticas y medios de comunicación que criticaron varias normas de la nueva legislación". Este organismo interamericano hizo especial mención a aquellos puntos "que entregan al Estado un amplio poder discrecional para controlar la actividad del periodismo mediante un órgano con la mayoría de representantes del Poder Ejecutivo, y que tendrá la potestad de revisar las licencias cada dos años". La Sociedad Interamericana de Prensa recuerda que la ley "incluye la regulación de los canales de televisión por cable; el otorgamiento de parte del gobierno central de licencias en aquellas ciudades con poblaciones mayores a quinientos mil habitantes del interior del país; y la obligación a los multimedios a desprenderse o vender sus permisos o licencias de operación en menos de un año".

 

El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón (del diario El Tiempo de Colombia), denunció que "se observó mucha diligencia para castigar a los medios, pero muy poco para que se visualice el papel del Estado en el manejo de la información y en su papel de ordenador".  Santos Calderon se refería, según explica el comunicado "a la exclusión de normas que regulen en materia de publicidad oficial, desconociéndose las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia, que en un fallo de septiembre de 2007, estableció que el Gobierno no puede utilizar los recursos públicos para premiar o castigar a los medios de comunicación, pidiendo legislación al respecto".

 

En palabras del presidente de la SIP,"triste que el clima polémico y politizado haya desvirtuado el sentido de una legislación, que terminó siendo revanchista, olvidándose de la pluralidad pregonada. Quedaremos siempre con la sensación de que esta fue una legislación contra los medios, no una regulación que defienda el derecho a la comunicación del público". Este organismo recuerda que los medios están planteando buscar una sentencia de anticonstitucionalidad de la ley y que la oposición ha anunciado que la modificará si cambia la composición de las mayorías parlamentarias a partir de diciembre.