El conflicto del TIPNIS vuelve a reactivarse por la presión de los sindicatos cocaleros de el Chapare para la construcción de la carretera que atravesaría el Parque Nacional y Territorio Indígena del mismo nombre. El gobierno del Movimiento al Socialismo apoya abiertamente este movimiento, a pesar de haber acordado con los pueblos indígenas la cancelación del proyecto vial.
Cada vez es más evidente, el enorme poder político y económico que los cocaleros de El Chapare han adquirido y la abierta contradicción que existe entre sus privilegios corporativos y los anhelos de la inmensa mayoría de los bolivianos de construir una nación viable, democrática, progresista y solidaria.
Los cocaleros de el Chapare son una minoría y sin embargo gobiernan Bolivia, gracias a que lograron que su líder aglutinase en el MAS a diversos sectores sociales y a sectores urbanos que vieron en su proyecto político una esperanza para atender las necesidades de los más empobrecidos y de rechazar a la política tradicional, estigmatizada por la corrupción y la desatención de la pobreza.
El problema actual es que los cocaleros de el Chapare, alrededor de cuarenta mil familias, enfrentan serias limitaciones porque la tierra en la que producen esta cada vez mas degradada y no alcanza para atender las necesidades de su propio crecimiento poblacional. Al norte se chocan con los cocaleros de la zona de los Yungas y al sur se confrontan con los nuevos cocaleros establecidos en el Municipio de Yapacani. Por ambos, lados se encuentran limitados por sectores campesinos tan combativos como ellos que también quieren su parte de la producción de la coca y no están dispuestos a ser invadidos por los Chapareños. La conclusión lógica es que la única área contigua de expansión para los sindicatos de el Chapare, es el TIPNIS.
Podríamos llamarle geopolítica cocalera pero al final es puro interés económico de un sector que hoy representa a la clase media más rica y más cohesionada de Bolivia, con un interés económico común y concentrada en una sola área geográfica. No deben ser vistos como enemigos, porque son personas inicialmente pobres que encontraron en esta actividad una salida económica a sus problemas. El problema es que dos tercios de la coca producida en Bolivia termina convertida en droga, lo que atrae al país a las mafias internacionales del narcotráfico, generando violencia, inseguridad y un consumo creciente de estupefacientes entre nuestra propia población.
Mientras tanto existe por lo menos un 98% de los bolivianos, que viven de otras actividades y que ven frustrados como hace diez años que el país no logra encaminarse hacia un mejor futuro por el conflicto permanente que genera la defensa de los intereses cocaleros. Obviamente, esto generará un conflicto creciente entre ambos sectores, especialmente con los sectores urbanos que han perdido sus esperanzas en el actual gobierno y continúan reclamando una Bolivia con oportunidades, seguridad y prosperidad.
Oscar Ortiz Antelo
Ex presidente del Senado de Bolivia
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