EL RECIENTE FALLO DEL SUPREMO en el caso de la ley de inmigración de Arizona zanja del debate en torno a si los estados pueden imputar o no violaciones de la ley federal de inmigración (no podrían) u obligar a los agentes del orden a comprobar las credenciales inmigración de los detenidos que sospechen se encuentran en el país de manera ilegal (pueden).

 

Pero la sentencia del caso de Arizona contra los Estados Unidos no sirve en absoluto para reparar el disfuncional sistema de inmigración de América ni para aclarar lo que tenemos que hacer con los inmigrantes en situación irregular. Tampoco el anuncio del Presidente Obama unos cuantos días antes diciendo que la mayoría de los jóvenes en situación irregular que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad tendrán permiso para permanecer en el país sin miedo a la deportación. Tampoco, a estos efectos, la frenética actividad de deportación que precedió al anuncio, que vio a la administración Obama expulsar a casi 1,2 millones de inmigrantes en situación irregular en cuestión de tres años, más que ningún otro presidente desde los 50.

 

A pesar de toda la polémica y la agitación de nuestro debate nacional de inmigración, no hay mucha inclinación a ir más allá de los síntomas. Las soluciones van de la ley DREAM que pone la regularización al alcance de cientos de miles de jóvenes ilegales, hasta el enfoque ortodoxo de los que quieren poner tantas trabas a que los inmigrantes en situación irregular ocupen un puesto de trabajo que tengan que "auto-deportarse". Pero la arquitectura básica de la propia política de inmigración estadounidense -- con su alambicada mezcolanza de cuotas y reglamentos, y su premisa central de que hay que limitar y regular estrictamente la inmigración -- casi siempre sale indemne.

 

No debería. Porque el problema del sistema de inmigración de América no es que haya muchísima gente vulnerando el código. Es que las propias leyes son irracionales, ridículas y contraproductivas.

 

Nuestra política nacional de inmigración aspira a controlar la cifra de emigrantes que llegan a Estados Unidos, a dictar las regiones del planeta de las que deben proceder, especificar lo estrecha que tiene que ser la relación con los residentes estadounidenses actuales y dictaminar la clase de puestos de trabajo que pueden desempeñar. 226.000 tarjetas verdes exactamente, por ejemplo, se facilitan cada año a lo que los reglamentos federales llaman "inmigrantes con derecho a la reunificación familiar".. Dentro de esta categoría hay subcuotas concretas, como las 23.400 tarjetas verdes que se reservan a los hijos de ciudadanos estadounidenses que contraen matrimonio, o las 65.000 reservadas a los hermanos de ciudadanos. Las tarjetas verdes para trabajar son todavía más difíciles de obtener. Sólo se expenden 140.000 cada año; se subdividen en cuotas demasiado. Además, no más del siete por ciento del total pueden extenderse a inmigrantes de un único país.

 

Bizantina en su complejidad, indiferente a las presiones de oferta y demanda del mundo real, la política de inmigración de América produce inevitablemente enormes atascos. Algunos futuros inmigrantes tienen por fuerza que esperar turno durante décadas para hacerse con una tarjeta verde. En el caso de muchos otros, no hay ningún turno que esperar. El resultado, como es de esperar, es un contundente incentivo a entrar ilegalmente en el país.

 

Cuotas y privilegios han sido el rasgo característico de nuestra política de inmigración la mayor parte del siglo pasado. A estas alturas, la mayoría de los estadounidenses encontrará difícil encontrar sentido a un sistema radicalmente distinto.

 

Pero durante la mayor parte de la historia de los Estados Unidos, el enfoque del Estado fue radicalmente diferente. La inmigración no tenía casi ningún tipo de límite. La mayoría de los extranjeros pacíficos eran libres de mudarse a Estados Unidos. Determinadas categorías de particulares quedaban por ley excluidas, pero sólo por considerarse genuinamente indeseables -- por ejemplo, los que sufrieran una "enfermedad repugnante o muy contagiosa". Al margen de las desafortunada y racista Ley de Exclusión de los Chinos de 1882, no fue hasta los años 20 que el Congreso empezó a imponer límites arbitrarios en general a la cifra de personas que podían venir a América, o a los países de los que podían venir. Empujado por una respuesta nativista a lo que sería la mayor ola de inmigración de la historia norteamericana, el Congreso aplicó por primera vez las cuotas tan comunes ahora en la política de inmigración estadounidense.

 

A nivel económico, tales cuotas son indefendibles -- rebajar los obstáculos a la inmigración es una de las medidas más favorables al crecimiento que puede adoptar cualquier país. Pero nuestro actual sistema de cuotas es nocivo también a nivel político. Gracias a los límites caprichosos, a los inmigrantes se les considera "ilegales" no por ser considerados de forma objetiva no aptos para ser estadounidenses, sino por no encajar dentro de algún margen numérico aleatorio. Lo que es peor, esas mismas restricciones crean las distorsiones que inducen a tantos inmigrantes trabajadores a cruzar la frontera de forma ilegal. Eso genera a su vez la indignación y la desconfianza que han enquistado tanto nuestros debates de la inmigración.

 

Tenemos otras opciones. Podemos rebajar los privilegios por país o unificación familiar y elevar el número de visados a inmigrantes en la lotería. Podemos, como han sugerido entre otros el Premio Nobel de economía Gary Becker, vender los visados a precios fijos sin límite a la cifra de permisos que se facilitan. Aunque ahora parece políticamente imposible, hasta podríamos volver a las fronteras abiertas con exclusiones de sentido común.

La idea es que la política de inmigración estadounidense tiene que evaluarse de forma más fundamental que el debate usual. No es imprescindible que la inmigración tenga que regularse a través de cuotas. La política de inmigración de América no fue tan disfuncional en el pasado. El sistema de cuotas es un viejo error, pero no tiene por qué ser nuestro futuro.