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El tribunal argumentó en su sentencia que "el Estado tiene la obligación de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de cometer delitos que constituyan graves violaciones a los Derechos Humanos". A lo que añadió que los crímenes de lesa humanidad son considerados "imprescriptibles", por lo que sus responsables pueden ser procesados a pesar del paso del tiempo.
Con este fallo el Supremo ratifica las sentencias emitidas anteriormente por otras instancias judiciales contra el dictador y su ex ministro de Economía por los secuestros del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel Ernesto que fueron forzados a concretar operaciones con comerciantes ingleses y chinos residentes en Hong Kong.
Diversas organizaciones habían denunciado este hecho ante la Justicia argentina lo que dio lugar al ingreso en prisión en 1988 de Videla, Martínez de Hoz y del ex ministro de Interior del mismo periodo Albano Eduardo Harguindeguy de forma preventiva. El proceso quedó paralizado un año después cuando el ex presidente Menem emitió tres decretos del Poder Ejecutivo entre 1989 y 1990 para conceder el indulto al dictador y a su ministro de Economía.
Sin embargo en junio de 2006 se reabrió el proceso debido a las denuncias presentadas por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre que ahora podrán seguir adelante con la causa gracias a esta sentencia del Supremo.
El fallo del Alto Tribunal no modificará la situación de Videla, de 85 años de edad, que permanece detenido ya que con anterioridad se anularon otros indultos referidos a diversos delitos de lesa humanidad. Por el contrario, en el caso de Martínez de Hoz este dictamen jurídico podría derivar en un arresto, según informaron fuentes judiciales.
Durante la última dictadura militar argentina (1976-1983) fueron secuestradas, torturadas y asesinadas unas 30.000 personas, según denuncias de organismos de Derechos Humanos.
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