¿Cuál es entonces la fórmula mágica? Luis Garicano, catedrático de Economía y Estrategia en la Londol School of Economics, ofrece en Actualidad Económica (febrero de 2012) tres respuestas basándose en un estudio recientemente elaborado por dos economistas desde una perspectiva puramente pragmática: lo que hace mejorar las notas de los alumnos es la calidad del profesorado, la obligación de someterse a una evaluación objetiva –mejor si se incluyen pruebas externas-, y la autonomía de los colegios para escoger sus profesores.

En esto consiste la mejora que está al alcance del sistema educativo; muy importante es también el nivel cultural de las familias de los estudiantes –el estudio analiza las diferentes puntuaciones obtenidas por niños con hogares cargados de libros y otros que apenas los ven en casa-, pero este es un aspecto en el que el sistema educativo solo puede influir de manera indirecta.

Los siete males de la educación actual

Enrique Fernández, presidente de la Asociación Sindical Piensa, sintetiza en siete puntos las deficiencias del sistema educativo español (Siete pecados capitales del actual sistema educativo, Magisterio, 25-01-2012). El diagnóstico se separa deliberadamente de lo que se ha denominado la “nueva pedagogía”, basada en la función democratizadora y socializadora de la escuela. Fernández considera que la ineficiencia de la escuela española tiene que ver con una falta de realismo y un exceso de teorías educativas.

El primer mal es “la comprensividad”: Fernández propone claramente, y en contra del discurso inclusivista, separar a los alumnos con diferentes motivaciones. Con el actual sistema “solo se consigue fomentar la frustración de los peores y obstaculizar el progreso de los mejores”. Por eso, entiende que “establecer itinerarios en Secundaria y desterrar la promoción por edad no es una opción política, sino una necesidad de cualquier sistema que pretenda eficacia y justicia”.

El segundo mal de la escuela española es lo que Fernández llama “paternalismo”: los institutos tienen que centrarse en su función educativa, y no rebajar la exigencia por lograr una “solidaridad” con los alumnos que al final resulta un flaco favor para su capacitación. Lo realmente insolidario es “es regalar títulos sin ningún valor, pues malogra las posibilidades de quienes sólo cuentan con sus capacidades para mejorar su situación”.

El tercer mal es “la impunidad”: Férnandez se queja e que las escuelas asumen, otra vez, una función que no les corresponde, en este caso la de correccionales. “Es absurdo pretender que en los institutos se custodie a jóvenes con problemas severos de conducta. Mejor atendidos estarían en centros especializados”.

El cuarto mal descrito por Fernández es toda una diatriba contra los planteamientos excesivamente teóricos –y poco realistas– de la educación. Es lo que denomina “pedagogismo”. Fernández considera que “la experiencia en el aula resulta por lo general más instructiva que cualquier lectura”. Y lanza un dardo a los equipos de orientación psicopedagógica: “Su contribución a la causa común mejoraría considerablemente si pasaran más tiempo en las aulas y menos en los despachos”.

El quinto pecado de la educación española es, para Fernández, el “esnobismo tecnológico”: repartir ordenadores a los alumnos y facilitarles el acceso a Internet no es de por sí una herramienta educativa: “ahora está todo en Internet, como antes estaba en las bibliotecas, pero mal nos hubiera ido si en nuestros años de instituto, en lugar de dedicarnos a asimilar el contenido de los libros, nos hubiéramos ocupado sólo de aprender a buscar en índices y ficheros”.

El sexto mal es el provincianismo: “empeñarse en adaptar los contenidos curriculares al contexto sociocultural, lejos de facilitar el acceso de todos al conocimiento, alimenta las desigualdades, el etnocentrismo y la ignorancia”

Por último, Fernández critica el exceso de burocracia que atenaza cualquier iniciativa pedagógica, algo que “consume energías que al profesor no le sobran”.

En conjunto, Luis Garicano y Enrique Fernández coinciden bastante en sus análisis, uno más constructivo y otro más crítico. La mejora del sistema pasa en primer lugar por la capacitación y exigente selección del profesorado –Fernández pide “oposiciones exigentes y rigurosas para los distintos niveles y especialidades”–; además, los criterios de evaluación tienen que ser exigentes, y a ser posible permitir una evaluación externa objetiva –“que el acceso a la inspección educativa deje de estar sujeto a designación política”, reclama Fernández–. Por último, autonomía para los colegios y para los profesores dentro de los colegios, para que el rigor de la burocracia no ahogue las propuestas educativas interesantes.