En efecto, la materia en la que España va a aportar la ayuda no es nada baladí puesto que los medios de comunicación mostraron que, en relación con las deficiencias mostradas por los penales hondureños, también existe otra relacionada: falta de medios técnicos para las labores forenses así como carencia de médicos forenses.

 

Asimismo, la AECID ha informado que el embajador español en Tegucigalpa va a mantener con el gobierno de Lobo una reunión, en la que también asistirán representantes del cuerpo diplomático de otros países, para coordinar la asistencia internacional. Mariano Rajoy envió un mensaje de solidaridad a Porfirio Lobo que ha pedido la colaboración de otros países de Centroamérica (Univisión). En este punto, en la web del gobierno hondureño podemos leer que el de Taiwán ha enviado cien mil dólares cuya finalidad será ayudar a las familias de los presos que fallecieron.

 

En este sentido, El Mundo ofrecía un interesante reportaje y la ONU lidera la campaña de denuncias hacia la deficiente situación de los penales en América Latina, explicando al respecto que “el mayor problema de las prisiones en América Latina es la superpoblación. De media, las prisiones albergan un 30% más de prisioneros de lo que deberían, pero en muchos casos se llega al 100 por ciento, lo que facilita las tragedias”, apostilló Rupert Colville (La Razón).

 

En concreto, para la ONU son dos las causas de la mala grave situación que se advierte en los penales de América Latina: por un lado, la superpoblación en las mismas (problema endémico, lo define Naciones Unidas) lo que provoca que “no haya comida suficiente para todos, que no haya espacio, que no haya agua para beber y lavarse, y todo eso provoca violencia y ésta lleva a tragedias como la ocurrida esta semana”; y por otro lado, la violencia en la región (El Mundo).

 

La OEA ha manifestado sus condolencias por lo ocurrido en Honduras, expresando José Miguel Insulza su solidaridad con Porfirio Lobo y apostó por la realización de una investigación exhaustiva.

 

COPECO (Comisión Permanente de Contingencias) ha habilitado un campamento para atender a los familiares de las víctimas. El titular de esta organización, Lisandro Rosales afirmó que “ya hay 154 personas que serán atendidas por personal de la Secretaría de Salud, incluyendo psicólogos, para darles asistencia médica básica y apoyarlos en estos momentos tan difíciles”.