Para ello, el 12 de febrero pasado, la oposición venezolana -unificada ejemplarmente- eligió, de manera clara, ordenada y contundente a Henrique Capriles Radonski, el actual gobernador de Mérida, un abogado de 39 años, como su candidato presidencial para enfrentar a Hugo Chávez en la elección presidencial del próximo 7 de octubre de 2012.

Capriles obtuvo más de un millón ochocientos mil votos, sobre algo más de tres millones de electores que concurrieron a las urnas. Sin margen alguno para la duda.

Y fue, de inmediato, apoyado abierta e incondicionalmente por todos sus vencidos, incluyendo Pablo Pérez, el actual gobernador del crucial estado de Zulia, que llegara en el segundo lugar.

Ocurre que el autoritario Chávez, que lleva ya trece largos años en el timón del poder venezolano y ha desarticulado mañosamente sus instituciones democráticas, procura obtener un tercer mandato, de seis años más. Lo intentará asumiendo el conocido rol de presunto personaje providencial e irreemplazable para Venezuela. Para así poder eternizarse en el poder, ignorando que la posibilidad de alternancia de los partidos políticos en el timón del poder público es una característica que pertenece a la esencia misma de la democracia.

Todos los candidatos y votantes opositores, conociendo la perversidad y amoralidad política de Hugo Chávez, esperaban que comenzara a atacarlos enseguida, con toda suerte de bajezas. Y así está efectivamente ocurriendo.

Sólo horas después de que Henrique Capriles se transformara en el candidato presidencial de la oposición unificada, comenzaron los ataques y las intimidaciones en su contra desde lo más alto del poder. Lo que es simple, porque Chávez controla a los medios de comunicación masiva, a los que utiliza sin fronteras de ningún tipo.

Desde los medios se tildó entonces a Capriles de: “sionista”, “imperialista”, “fascista” y hasta de “homosexual”. Lo cierto es que el gobernador Capriles es un católico practicante, cuya abuela emigrara a Venezuela como sobreviviente del Holocausto de Varsovia, durante la Segunda Guerra Mundial. Y un exitoso ex alcalde y legislador. Un hombre que representa una nueva generación de políticos que podría sacar a Venezuela del pantano en la que ha sido sumergida por Hugo Chávez y sus correligionarios y compañeros de ruta.

Pero la intimidación más clara que se ha puesto en marcha tiene que ver con el llamado “síndrome de Tascón”. Esto es con lo sucedido en el 2004, cuando la oposición solicitara un referendo, recurriendo para ello al procedimiento reglado de la junta de firmas de millones de peticionantes.

Un legislador chavista, Luis Tascón, puso entonces -de pronto- en la “web” los nombres y documentos de los firmantes. Identificados de esa manera, miles de ellos perdieron su trabajo en el Estado y quedaron desempleados. En lo que fuera una suerte de venganza cruel. Otros muchos miles fueron privados de los subsidios que, como los demás, estaban recibiendo. Por su carácter de amenaza o arma perversa, lo sucedido en el 2004 no se ha olvidado.

Por esto ahora Chávez maniobra para obtener a través de la promoción de un sospechoso amparo presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia los cuadernos con los nombres y números de documentos de identidad de todos quienes votaron en la elección primaria de la oposición.

Quizás sea imposible, porque la enorme mayoría de ellos fue quemado por las autoridades electorales de la oposición, conforme a lo previamente acordado y anunciado públicamente, para así proteger a los votantes de las amenazas y, más aún, de las represalias concretas de los chavistas.

Teresa Albanes, la persona que está a cargo del proceso electoral de la oposición, se opone judicialmente a lo requerido. Quizás lo logre, lo que sería realmente sorprendente en el seno de un poder judicial al que no se tiene como independiente, ni como imparcial.

Por lo demás, ocurre que el 99% de los registros han sido ya incinerados, en cumplimiento estricto de la promesa pública previa al proceso electoral de la oposición, que jamás fuera objetada, en modo alguno, por las autoridades.
Para Chávez, esa (la de incinerar los cuadernos de registro de voto) es una decisión “desestabilizadora”. Adjetivo que suena ciertamente conocido para quienes conocemos el léxico idéntico que es utilizado en el universo bolivariano y hasta en el proceso político argentino mismo.

Lo cierto es que Chávez confirma cual es su propósito intimidatorio cuando, sin rubor alguno, se ufana -descarada y públicamente- de poder “saber quienes votaron en las primarias”. Para extorsionarlos, obviamente.

El Tribunal actuante podría, según algunos, ordenar la captura de las autoridades electorales de la oposición. Pero lo cierto es que, pese a sus esfuerzos, no podrá hacer reaparecer la documentación ya destruida y quemada.

De este modo comienza una campaña que seguramente será dura, difícil, y hasta peligrosa para la oposición venezolana. Que todos seguiremos de cerca, absolutamente conscientes de que lo que está en juego es nada menos que poder revertir el peligroso camino hacia el autoritarismo y la pérdida de las libertades esenciales que hoy desgraciadamente transitan -abierta o solapadamente- distintos países de la región.

Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.