El combate oculto entre el presidente efectivo hondureño, Roberto Micheletti, y el destituido Manuel Zelaya, depara constantes sorpresas mientras se acerca el próximo día 29, la fecha de las elecciones presidenciales.

 

La última acción de Micheletti fue adjudicarse la presidencia nuevamente ante la provocación de Zelaya de no presentar sus diez miembros del Gobierno de transición, como se había pactado. Y ello ocurre dentro del debate interno del Partido Liberal al que pertenecen ambos, y que según numerosas encuestas parece disponer de menos posibilidades de obtener la futura presidencia, que sería ganada por el Partido Nacional.

 

Entre tanto, el Tribunal Supremo Electoral ha adoptado medidas de control más estrictas que en las elecciones anteriores para lograr una mayor transparencia el día 29, y para informar rápidamente de los resultados. De hecho, el propio Zelaya se benefició en las elecciones de 2005 de las trampas electorales montadas a su favor por el Partido Liberal, y contestadas con otras no menos ilegales del Partido Nacional, el principal de la actual oposición.

 

Quizás uno de los elementos del descrédito de Zelaya es que mantenía esas corruptelas y que estaba empleándolas en la preparación de su referéndum anticonstitucional para perpetuarse en el poder. Algo a lo que le ayudaba el expansionismo de Hugo Chávez, el verdadero perdedor del golpe de Estado del pasado 28 de junio, que en realidad fue un golpe dentro del mismo partido, aunque hubiera afectado a todo el país.

 

Mientras Micheletti no se asusta con el actual aislamiento internacional al que está sometido su Gobierno provisional, Manuel Zelaya no parece conformarse con el acuerdo al que llegó días atrás. Quizás porque se ve apoyado, más que por el ala de su partido que simpatiza con él, por las organizaciones de izquierda, extrema izquierda y chavistas, que lo han visto como un instrumento para luchar contra el sistema político del país. Que, ciertamente, necesita importantes reformas para concederle a los ciudadanos similares oportunidades, algo que no puede ocurrir cuando, como comentaba hoy el columnista de La Tribuna de Tegucigalpa, Juan Ramón Martínez, en el país tributan unos pocos, y muy poco.

 

Algo que no corrigió Zelaya pudiendo hacerlo durante su mandato, durante el cual, además, se incrementó la corrupción, aunque la propaganda presidencial lo negara. Martínez explica que hay casos como el de un empresario que ganando cerca de cincuenta millones de lempiras (unos 2,6 millones de dólares), contribuye con el fisco con menos de 400,000 lempiras (21.000 dólares). “Esto es un escándalo que conspira contra la justicia universal; y que se constituye en una razón justa para la rebelión y la inestabilidad”, advierte el comentarista.

 

Ahora mismo, tanto el Partido Liberal como el Nacional prometen corregir la situación para sacar el país de la pobreza en todos sus actos electorales. Pero, al margen de que cumplan o no con su palabra, la actitud de los dos presidentes, el destituido y el ejerciente, parecen darle pocas oportunidades a su organización política común, la del Partido Liberal.

Queremos saber. No prejuzgamos nada, pero tenemos derecho a saber. Si en España se están produciendo escuchas aleatorias a los ciudadanos sin control y permiso judicial, se están vulnerando gravemente las libertades fundamentales. Aun estando el panorama informativo realmente convulso y cuando las noticias “graves” se suceden a ritmo vertiginoso y se tapan unas a otras, pocas cosas están pasando más importante que ésta.

 

Si no se produce en el Parlamento una investigación a fondo de la grave denuncia formulada por la oposición, los parlamentarios y la institución habrán perdido definitivamente todo el crédito. Ni si quiera los continuos escándalos de corrupción harían más daño a la actual clase política y a la democracia en general.

 

El tema es grave y debe despejarse de inmediato. No es una cuestión que deba someterse tan sólo al juego parlamentario de mayorías y minorías. La oposición podrá usarlo para desgastar al gobierno y es legítimo. El control que deben hacer del ejecutivo es su fundamental papel democrático y constitucional. El Gobierno no debería descalificar la iniciativa y los grupos que le apoyan en el Parlamento y le facilitan una mayoría que no tiene, no pueden ser cómplices.

 

Aquí estamos ante un tema de responsabilidad de los partidos y de los diputados a nivel individual y los ciudadanos tienen derecho a saber quienes y por qué decidieron que se tapara el escándalo si lo hubiera. Los partidos de la izquierda pasearon por las calles de España la foto de cada diputado del PP con la leyenda “Asesinos” por aquel asunto de la falsa guerra de Irak que hoy todavía tiene réditos electorales. Cuando por lo de Afganistán nada se mueve. Sus promotores, muchos se sientan en la Carrera de San Jerónimo, están callados. Aquello fue una estratagema eficaz llena de mentiras.

 

Ahora, si lo de SITEL fuera verdad lo que está en juego es nuestra Democracia y las Libertades. Tendrán los diputados y diputadas una enorme responsabilidad y merecerían con toda justicia un cartel con foto. Algunos dirán que esto ha sucedido siempre, que esto es cosa de “espías” o que son temas que afectan a la seguridad del Estado. No.

 

Ya se había advertido. La “guerra” contra el terrorismo global emprendida por las democracias occidentales después de los atentados de New York, Madrid y Londres, no podía menoscabar ni un milímetro las libertades de los ciudadanos. El debate no está cerrado en Occidente y los atropellos se han sucedido. Aquí no podemos transigir. Los medios de comunicación no pueden pasar esto.  Ni si quiera aquellos que pudieran supuestamente beneficiarse por divulgar grabaciones recogidas de manera ilegal.

 

En España están pasando cosas muy raras. Existe la sospecha que se están utilizando los instrumentos del Estado para cargar contra la oposición y se filtran sumarios y grabaciones. Se graban y difunden las conversaciones de los abogados con sus defendidos. Todo es muy raro y muy sospechoso. Los ciudadanos tienen la percepción de ser escuchados.

 

No prejuzgamos nada. Queremos saber y queremos saber que todo esto no es verdad. El gobierno debe aclararlo y los ciudadanos necesitamos saber que existen controles para garantizar nuestras libertades. Si lo de SITEL es verdad, la democracia está herida de muerte.

La decisión de Esperanza Aguirre de no acudir al Comité Ejecutivo Nacional de su partido está siendo criticada. Lo más generoso que Aguirre está pudiendo escuchar es que esa decisión en si misma fue un error. Piensan y dicen que debería haber acudido allí a explicar su postura y no hacerlo fuera. Pero eso es falso. Aguirre no está haciendo declaraciones ni expresando opinión alguna sobre el contenido de dicho Comité. No lo hizo ayer y no lo hace hoy cuando todo el mundo está en el análisis de lo que pasó.

 

Aguirre está sujetándose estrictamente a las normas internas del partido. Apostaríamos a que no contestará las declaraciones de la Secretaria General, María Dolores de Cospedal. Al tiempo, una tromba de analistas se aventura a pronosticar incluso su futuro dentro del partido e incluso al frente de sus actuales responsabilidades públicas.

 

Mas allá de que la decisión de Aguirre pueda o no ser un error para ella, lo que habría que preguntarse es el por qué de la misma. Decir que Aguirre no tenía calculadas las consecuencias no es factible. Aguirre sabía que su decisión iba a ser la noticia del Comité, durante y después. Aguirre sabía que iba a ser criticada por ello desde dentro y desde fuera. Luego asumió la decisión sabiendo bien lo que iba a suceder. Es obligado preguntarse por que decidió asumir “ese cáliz”.

 

Lo que había pasado en los días previos tenía la suficiente importancia como para que Aguirre sopesara el asistir. ¿Acaso fue Aguirré la que destapó una guerra mediática por el tema de Caja Madrid? No. Decir lo contrario es mentir. Alguien decidió que el asunto de Caja Madrid debía ventilarse en los Medios y no fue Aguirre.  Aguirre fue criticada con inusitada dureza y extrema desproporción y se buscaba eso precisamente.

 

Pensar que Esperanza Aguirre pudiera estar oponiéndose a una eventual candidatura de Rodrigo Rato a la presidencia de Caja Madrid, es no conocer a Aguirre. Pero había que adelantarse a su más que previsible decisión y hacer parecer que esta fue forzada. En este contexto sus explicaciones previas para no asistir al Comité tienen todo el sentido y están dictadas por una acusada responsabilidad personal y fueron honestas y claras. No hay otro tema. Su explicación de fondo es la única verdadera. Su presencia podría resultar incómoda para aquellos que estaban obligados a dar explicaciones y coartar su libertad de expresión.

 

Todos hablan de la crisis del PP y de que si las decisiones tomadas y explicaciones dadas la zanjan o la profundizan. Incluso los lectores de eldiarioexterior.com contestan por miles a la pregunta que les hemos planteado hoy. La política está llena de mentiras e inconfesables intereses. Célebre fue la frase aquella del viejo y experimentado político: “todos al suelo que vienen los nuestros”. Sucede lo mismo en el PP y el PSOE y hasta en los pequeñajos partiditos que pueblan el arco parlamentario.

 

Es claro que la situación actual de España requiere una oposición capaz de ser alternativa. Todo esto en nada ayuda. Militantes, simpatizantes y votantes no informados asisten desconcertados a un espectáculo que no tiene base en una supuesta lucha interna por el poder en el PP. Decir eso es no conocer al PP y sus bases. Lo que es meridianamente claro es que hay desde hace años muchos codazos y empujones para no perder el sitio debajo del paraguas protector de las estructuras, o para desalojar a unos y hacerse hueco otros. Todo esto no lo ha provocado Esperanza Aguirre. Más bien al contrario. Lleva años haciendo precisamente lo opuesto, en el ámbito de sus responsabilidades. Con aciertos y errores, como todo el mundo.

 

El PP tuvo y tiene la mejor generación de personas dedicadas a la política y al servicio público. Lo decimos así por no emplear el denostado término de “políticos”, pues muchos eran profesionales de prestigio que decidieron voluntariamente aparcar sus carreras para dedicarse al servicio público. Unos a edad más temprana y otros a edad tardía. Esperanza Aguirre es un exponente clarísimo de ello. También otros. Los que ahora están y muchos de los que ya no están para desgracia de la cosa pública. Eso lo sabe bien su principal adversario político, el PSOE, que no tiene precisamente a los mejores y ni si quiera a todos en sus filas. El gobierno de la Comunidad de Madrid, con aciertos y errores, es un ejemplo de la aplicación con éxito en beneficio de todos los ciudadanos de políticas de éxito. ¿Cómo se puede negar eso si hasta sus adversarios lo reconocen?.

 

Hacerlo es suicida y provocará no la guerra sino la desbandada. Que estas “cosas” de la política cansan mucho y hay otra vida fuera de la política. A lo peor es lo que se quiere. En el PP le deben a Esperanza Aguirre una explicación y una reparación. Eso no pasa sólo por una sanción al concejal Cobo, que incluso Aguirre sería capaz de perdonar de inmediato si ella fuera la responsable de ejecutar tal decisión. En el PP de la calle Génova deben contar con todos, pero también con Esperanza Aguirre y la percepción de que eso no es así la tienen la presidenta de la Comunidad de Madrid y muchos ciudadanos. Y para ello no bastan sólo gestos o palabras, se requieren hechos. Cuando los ciudadanos perciban eso con claridad el PP empezará a ganar.

Ha llegado el Barómetro del CIS correspondiente a Octubre del presente 2009. Los Medios en España hacen titulares gruesos y según sea su interés editorializan a favor de unos y otros. Aumenta la ventaja del PP pero la encuesta se recabó antes de sus luchas intestinas, se desploma el Gobierno, suspende todo el gobierno, aumenta la desconfianza en la economía, el paro sigue siendo el principal problema de los españoles…

 

Finalmente las encuestas son encuestas del momento y a efectos del voto pueden marcar tendencias pero las tendencias se van al traste en las campañas electorales y cuando el ciudadano tiene de verdad la papeleta en su mano. Estas del CIS han pasado por momentos de credibilidad turbulenta y cómo en el parlamento decía un día Leguina es más importante saber en ellas lo que no cuentan y callan. Por eso pedían el y Rubalcaba cuando estaban en la oposición al PP los famosos algoritmos para saber interpretarlas.

 

Del Barómetro de este mes algo se puede sacar de lo que casi se oculta en el farragoso entramado de preguntas y respuestas. También hay que tener un poco de paciencia y tiempo para leer los resultados cruzados con las variables sociodemográficas, políticas, etc. Salta entonces el dato. A los españoles ya les preocupa más la clase política, la corrupción y el fraude, el gobierno, los partidos y los políticos que el Terrorismo de ETA.

 

El Paro sigue siendo de manera abrumadora y creciente la preocupación principal de los españoles (73 %), seguido de la situación económica (46,8 %) y la inmigración (15, 1 %). Tradicionalmente venía después el terrorismo de ETA o variaba al alza en función de acontecimientos o atentados. Considerado por el 12,6 %. Pero ya en Octubre se cuela por delante del terrorismo la clase política y los partidos políticos como problema relevante para los españoles, el 13,2 % así lo considera.

 

Pero los encuestadores han desgranado las respuestas sobre la política en varias preguntas. Si a lo anterior sumamos que para el 5,2 % es un problema la corrupción y el fraude y para el 5 % lo es el gobierno y los partidos, tenemos que para el 23,4 % de los españoles las cosas de la política son un grave problema, incluso por encima de la inmigración.

 

Y eso que los encuestados no sabían cuando fueron preguntados por las implicaciones del Gürtel del PP en el entorno de la misma Presidencia del Gobierno de Zapatero, o el escándalo de Santa Coloma o el de la diputación de Lugo… y los que vendrán. Parecerá injusto y es seguro que lo sea, pues es verdad que hay muchos políticos honestos y que en definitiva, dicen, la clase política es también un reflejo estadístico de la realidad del país.

Pero que los españoles en el momento presente ya perciban a la política como un problema para ellos de mayor importancia que el terrorismo o la inseguridad ciudadana, es para que algunos “se lo hagan mirar”, empezando, naturalmente, por los que más responsabilidad tienen.

Avanzamos a pasos agigantados en España hacia la argentinización de la política y que nos perdonen los argentinos que ninguna culpa tienen.

¡Qué buenas noticias para el Futbol Club Barcelona, traían hoy la Vanguardia y el Periódico de Cataluña!. Ambos publican sendas encuestas que le cortan las alas a las veleidades políticas del actual presidente del Barca, Joan Laporta.

 

Al parecer los catalanes no quieren a Laporta en la política y el 70 % ha censurado como negativa su declaración a favor de la independencia de Cataluña. Sólo uno de cada diez estaría dispuesto a votarle en unas elecciones. Ya se sabe que las encuestas son sólo eso, encuestas. Seguramente estas tienen alguna intención más o menos inconfesada pero tienen sin duda el valor de haber sido realizadas en Cataluña y entre catalanes y vienen a engrasar las ya próximas elecciones. Vienen también a mitigar el pedazo de escándalo de Santa Coloma. A socialistas y convergentes les va a parecer muy bien que se hable de otra cosa. Ya verán.

 

Despejado que no será el candidato a la Generalitat de los republicanos independentistas, honor que corresponde a otro Joan, Puigcercós, que para eso lleva toda la vida “pegando carteles”, el presidente del Barca ultima su etapa en el Club dejándose querer por unos y otros. Y no parece que le quieran mucho. Pensaba Laporta que su particular estilo al frente del Barca y éxitos últimos le podían catapultar a la política. Pero la política tiene sus propios registros y lo normal es que los políticos intenten aprovechar los éxitos deportivos en su propio beneficio y no al revés.

 

Ahora el futbol es todopoderoso y sus audiencias televisivas aplastan los informativos políticos de cualquier cadena. A la gente no le interesa la política y cada vez menos con la que está cayendo. La gente, que no tiene más remedio que ser esclava de la televisión, se refugia en el futbol y en el deporte en general. Los aficionados, lo más que permiten y a regañadientes, es que algún político se haga la foto en los palcos de honor y pronto ni siquiera eso. Ya verán.

 

Los encuestados piensan que Laporta se equivoca y que debería aparcar sus opiniones políticas mientras ejerza de presidente del Barca. Eso lo piensan catalanes. ¿Qué hubieran opinado los miles de barcelonistas repartidos por toda España?.  Y es que el Barca es más que un Club  dicen los políticos, pero los aficionados también lo dicen pero de otra manera. Qué se lo pregunten a los cientos de miles de seguidores del Barca en toda España y en el Mundo o a las decenas de jugadores también de toda España y el Mundo que se forman en la Masía.

Es la fórmula del éxito ya ensayada por el Real Madrid, el Manchester United o el Inter de Milán y por supuesto el Barcelona que ha sido grande en la medida que ha sido más universal y eso incluye también a España.

 

A Laporta sólo le van a quedar como votantes los nacionalistas radicales y antisistema. Y no muchos, pues la mayoría ya están pastoreados por los socialismos nacionalistas catalanes sean republicanos o no.

La Generalitat valenciana ha aplicado su Ley de Protección de la Maternidad en una resolución que le concede a los óvulos fecundados o embriones los mismos derechos que a los ya nacidos para obtener las ayudas previstas en los planes de vivienda.

 

La Generalitat, gobernada por el PP, había anunciado anteriormente su deseo de incrementar la natalidad de la región, dado que la de España es una de las más bajas del mundo, lo que provoca a un avejentamiento creciente de la población y una caída demográfica que la inmigración sólo compensa temporalmente, pues está demostrado que las familias inmigrantes adoptan de manera acelerada las malas prácticas demográficas de la población de acogida.  

 

Mientras, el Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero ultima un proyecto de ley del aborto que liberaliza aún más la actual, bajo la cual ya se practican anualmente cerca de 100.000 interrupciones del embarazo.

 

La resolución valenciana, que regula la protección preferente y las ayudas al alquiler, la compra y la rehabilitación de viviendas, establece que "la unidad familiar de la que forme parte la mujer embarazada está integrada por uno o más miembros adicionales desde el momento de la fecundación, dependiendo del número de hijos que espere". Los socialistas valencianos han calificado de reaccionaria la medida,  descalificando las convicciones religiosas del vicepresidente de la Generalitat, Juan Cotino, de cuya Consejería depende la política de vivienda, al parecer miembro del Opus Dei, institución de la Iglesia Católica.
  

El Gobierno central estudia la posibilidad de recurrir la resolución porque, “al aludir a derechos adquiridos en el momento de la fecundación y equipararlos a los de ciudadanos, plantea serias dudas de legalidad", según el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, quien afirma que el nasciturus, o concebido no nacido, tiene una protección constitucional propia, distinta del ciudadano. El debate entre ambas posturas plantea aspectos legales y morales de gran calado, pero también los que podríamos considerar  demográficos, dado que la destrucción del feto supone la de un futuro ciudadano de un país avejentado.

 

Parece claro que la medida del Gobierno valenciano persigue hacer más fácil la maternidad y la vida de la embarazada y de su familia, y a la vez quiere  reducir el número de abortos, sean estos con la ley actual o la nueva que quiere aprobar el Gobierno. Pretende, si pudiera ser eficaz y tener un cierto alcance, contribuir a mitigar el descalabro demográfico del país. Es una medida, discutible o no, inspirada en alcanzar un bien para la sociedad en su conjunto más allá de la protección individual que presta a sus posibles beneficiarios que también hace.

 

No debería ser descalificada desde el prejuicio ideológico y más bien debatido con rigor como puede ser mejorado y complementado el buen fin que persigue. En algunos países europeos que sufrieron una alarmante caída de la natalidad pudieron variar la tendencia con leyes de apoyo a las mujeres embarazadas más ambiciosas aún que la de la Generalitat valenciana, y ello, a pesar de tener liberalizado el aborto. La audaz propuesta valenciana quizás sea un primer e imitable paso para recuperar índices de natalidad como los de Suecia, donde la gestante recibe  muchas más protecciones y ayudas, que en España.  Pero ese es un debate que los políticos españoles no quieren tener y habría que preguntarse por qué.

Tras el “caso Gürtel”, que afectaba inicialmente a responsables de algunas zonas españolas controladas por el Partido Popular, pero que llegó inesperadamente también a la Presidencia del Gobierno, aparece ahora, entre otros, el desfalco de al menos 60 millones de euros en el ayuntamiento socialista barcelonés de Santa Coloma de Gramanet.

 

También están implicados antiguos dirigentes del partido nacionalista catalán CiU, lo que ha provocado de momento nueve detenciones, todas de notables personajes de ambos partidos que aseguraban que en Cataluña no existía corrupción.

 

El protagonista de esta investigación tan sonora es nuevamente el juez Baltasar Garzón, cuya actuación suele ser frenética, e incluso respuesta a las críticas que se le dirigen por concluir deficientemente algunos de sus procedimientos.

 

Destapa ahora, tras años de retraso, el desfalco de Santa Coloma, quizás para demostrar que es equilibrado, y atenuar las críticas que recibió por perseguir solamente a los populares del “Gürtel”, teniendo datos que también implicaban a los socialistas, a los que sirvió, además, como alto cargo político bajo la presidencia de Felipe González.

 

Los partidos afirman que como tales no están implicados en los frecuentes casos de corrupción que aparecen, aunque muchos ciudadanos creen que es tal la impunidad en las administraciones que muchos servidores públicos se dejan llevar por la tentación de enriquecerse ilegalmente.

 

Para demostrar que los diputados son honrados, el Congreso acaba de aprobar con 341 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, una moción que propone endurecer las leyes contra los corruptos y el incremento del control de la financiación de los partidos políticos.  Ahora, los diputados quieren legislar “en caliente”, en contra de su norma habitual de afrontar cualquier cambio legal “en frío” para evitar leyes dictadas por la pasión o indignación del momento.

 

Es por eso que desde hace años se rechaza cualquier reforma de la legislación de menores o de ciertos delitos como la pederastia: el partido gobernante y sus aliados de izquierda afirman que no pueden redactarse leyes equilibradas “en caliente”, tras cualquier acto de brutalidad extrema, como el sádico asesinato de una niña.

 

Este es uno de los aspectos más chocantes de la política: los diputados quieren mostrase vírgenes legislando inmediatamente contra los corruptos, pero se despreocupan permanentemente del dolor de tantos padres cuyo hijos o hijas fueron violados y asesinados.

 

Por lo demás, estos partidos son los mismos que legislaron que sean los propios organismos públicos, como los ayuntamientos, quienes elijan a sus censores de cuentas, en lugar de funcionarios y profesionales de cuerpos independientes y ajenos a los intereses locales y de quienes les pagan. Interventores y Secretarios de Ayuntamientos eran antes cuerpos nacionales y su nombramiento no dependía del alcalde de turno.  Ahora sí y habría que preguntarse qué partido político impulsó esa reforma y para qué.
 

Y entonces sucede ahora, normalmente,  que los ediles gobernantes en los ayuntamientos donde está la corrupción que más aflora nombran para estos puestos a personas de su confianza que ocultarán las inmoralidades y delitos de quien los favoreció: este es el origen de muchos casos de putrefacción que ahogan buena parte de España.

El último gran proyecto de José Luís Rodríguez Zapatero es el cambio del paradigma económico español basado, decía, en el ladrillo y el turismo, por otro nuevo fundado sobre la energía limpia, y la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I).

 

Todo ello lo iba a exponer en su proyecto de Ley de la Economía Sostenible, como si con un texto elaborado por los políticos pudiera cambiarse el libre comercio y la libre iniciativa.

 

En cualquier caso, y de creer en la voluntad de empujar en una dirección económica determinada, la voluntad de Zapatero debería plasmarse en la concesión de ventajas fiscales para ciertas actividades enmarcables ese concepto supuestamente innovador. Y, al contrario, debería negarle ayudas otras actividades que están diametralmente en contra de esa nueva economía prometida, como, por ejemplo, las subvenciones a actividades contaminantes y generadoras de CO2.

 

Sin embargo, se han reducido notablemente los estímulos fiscales y ayudas directas a las energías eólica y solar, y se mantienen las que se conceden a la extracción de carbón español, más caro y contaminante que el importado, por ejemplo, de Australia o Polonia.

 

Entre tanto, Zapatero, que predica el Convenio de Kioto, al extremo de que incluso quiere explicárselo a Barack Obama, hace todo lo posible por desecharlo con sus ayudas renovadas al carbón español o su apoyo a la industria del automóvil, contaminante también, incluso con coches híbridos o de combustibles vegetales.

 

Se diría que, en realidad, ni el Gobierno español ni los de muchos países creen que el posible cambio climático sea antropogénico o que se deba al CO2, sobre todo viendo que un número creciente de científicos denuncian como falsas muchas predicciones de los alarmistas del clima. Y que, por tanto, ante la posibilidad de quedarse sin industrias y sin los puestos de trabajo que generan, y sólo las del automóvil tienen que ver con millones de empleos, el Gobierno español prefiere seguir con la hipocresía dialéctica y silenciar al máximo las ayudas que concede, especialmente, al carbón.

 

Pero esta dualidad no puede durar mucho, y ahora, la Agencia Internacional de la Energía acaba de criticar duramente el plan español de ayudas al carbón porque “va contra Kioto y distorsiona el mercado". El economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía, órgano de la OCDE, el turco Fatih Birol, advierte que el nuevo plan de ayuda al carbón español está en contra de toda economía sostenible, y no sólo porque facilita el calentamiento global, sino porque no debe subvencionarse algo antieconómico para mantener un mercado ficticio.

 

En cualquier caso, se crea o no en el cambio climático de origen antropogénico, el primer ministro español se gana con estas ayudas los votos de los altamente subvencionados mineros de un carbón que da poco calor y sí malos humos.

Hace un par de décadas, antes de la caída del Muro de Berlín, era impensable que los países latinoamericanos pudieran vivir sin las injerencias estadounidenses para evitar allí la influencia soviética, pero desde entonces el gran vecino del norte ha ido perdiendo interés político-militar en la zona, de la que ahora le preocupa solamente la lucha contra el narcotráfico y la inmigración.

 

Sus principales medios informativos casi no le dedican espacio a dos acontecimientos muy importantes en Hispanoamérica, las elecciones del próximo 29 de noviembre en Honduras, con sus 7,4 millones de habitantes y 4.400 dólares de renta per capita, y Uruguay, con sus 3,4 millones y 12.400 dólares de renta.

 

En el caso hondureño hay un silencio general sobre lo que la mayor parte de los gobiernos, incluido el de Washington, califican de golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya. Aunque antes de su destitución por los tribunales y el parlamento a través de los militares, era él quien preparaba uno a su medida, de acuerdo con su mentor, el presidente venezolano Hugo Chávez.

 

El nuevo gobierno propuso el 29 de noviembre las elecciones en las que participarán los candidatos ya previstos antes de la caída de Zelaya: el nacionalista Porfirio Lobo, y el liberal Elvin Santos, del mismo partido de Zelaya y de su sustituto, el ahora presidente interino, Roberto Micheletti. "El problema del diálogo está entre Zelaya y Micheletti”, afirma Santos, desvinculándose de la batalla entre los dos liberales, uno “exiliado” en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, y el otro ocupando el palacio presidencial.

 

Lo cierto es que Hugo Chávez parece que ha perdido influencia en el país conforme Manuel Zelaya, ya retornado a Honduras, iba malgastando su autoridad y popularidad con sus desequilibradas decisiones y declaraciones en su encierro de la embajada.

 

En el caso de Uruguay también planea la influencia de Hugo Chávez, que pretende seguir ampliando su alianza bolivariana ALBA y su influencia sobre los países latinoamericanos, rellenando el abandono de EE.UU. con ayudas provenientes de su petróleo.

 

José Mujica, exguerrillero tupamaro y encarcelado 14 años por la dictadura militar uruguaya, ganó las elecciones del 25 de octubre con el 47,49 por ciento de los votos, pero no logró la mayoría absoluta, por lo que tendrá que ir a la segunda vuelta del 29 de noviembre. Y aunque Chávez intentó comprarlo ayudando a su Frente Amplio de izquierdas, ahora gobernante, el candidato asegura que mantendrá intacta la actual política económica, y que sólo recurriría a la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) como último recurso.

 

Si esto fuera cierto y Mújica siguiera la política moderada de su antecesor ideológico, el presidente Tabaré Vázquez, Hugo Chávez sufriría el inicio del derrumbamiento de sus sueño imperial de sustituir a EE.UU. en toda Iberoamérica.