La escena en la que Barack Obama se inclina en un ángulo recto para saludar con una reverencia al emperador japonés, Akihito, ante la sonriente emperatriz, Michiko, es desconcertante porque es la segunda vez que un presidente de EE.UU. hace tal gesto desde 1776, hace 233 años, cuando se creó esa República en la que todos los seres humanos son iguales.

 

Los estadounidense que conocen la historia y normas de su país están estupefactos con este acto de su presidente: la primera vez en la que hubo una inclinación de vasallaje similar fue el pasado abril, y también fue Obama su protagonista ante el rey de Arabia Saudita durante la reunión del G-20.

 

Un lenguaje corporal que tiene poco que ver con el orgullo republicano de los fundadores de su país, que lucharon contra la monarquía británica jurando que no se inclinarían jamás ante ella o ante alguien de origen parecido. Y nunca lo hicieron, a la vez que dejaron amplia doctrina sobre cómo debe ser el tratamiento que reciba cualquier ser humano de un nacional de EE.UU., país tan celoso de su origen que en el Artículo I, sección 9 de su Constitución  advierte que no concederá "ningún título de nobleza”, ni siquiera el de “Muy Honorable” o similar para su presidente.

 

Cuando Obama se inclinó ante el rey de Arabia Saudita, muchos estadounidenses creyeron ver sumisión hacia el que también es Guardián de los Santos Lugares musulmanes. Uno de los portavoces presidenciales, Robert Gibbs, negó cínicamente que el gesto hubiera sido una reverencia.

 

Pero esta vez la imagen es más clara aún: es casi una genuflexión que no es correspondida por el emperador japonés porque este no se inclina ante nadie, ni siquiera ante quien le ganó una guerra que, aparte de grandes pérdidas incluyendo las de vidas humanas, le permitió al Japón convertirse en una democracia moderna y próspera.

 

Lo preocupante de estos gestos de Barack Obama es que le están haciendo perder no el aura de hombre poderoso aunque dialogante, sino el de respetable representante del país del triunfo personal, individual frente a todos los poderes, y que ha servido de ejemplo en muchas partes del mundo.

 

Si el presidente estadounidense va inclinándose ante autócratas medievales y fanáticos religiosos, como el rey saudí, o ante emperadores, otras personas que representan países u organizaciones mucho menos fuertes que EE.UU. podrán ser obligados a ofrecer más vasallaje aún.

 

Uno de los gestos que mostraron los primeros embajadores estadounidenses en Londres tras conquistar su independencia fue visitar a los reyes ingleses para, aparte de ser los primeros ciudadanos de otro país en no inclinarse ante ellos, presumir ante el mundo de esa ausencia de vasallaje.

 

El problema del gesto de Obama no es `suyo como individuo: es que su país empieza a no ser ejemplo para quienes desean emanciparse de situaciones de sumisión, primero formal, después política, económica o social.

 

Por cuarta vez, una mayoría de seis a cuatro magistrados acaba de rechazar en el Tribunal Constitucional un borrador de sentencia favorable al texto del Estatuto de Cataluña.

 

Como reacción, su presidenta, María Emilia Casas, en lugar de aceptar el resultado, ha convocado hoy, lunes, a todos los magistrados para informarles que desea que la ponente Elisa Pérez Vera, defensora de esa aprobación, presente una nueva propuesta, pero siempre manteniendo lo esencial de ese Estatuto que para casi todos los constitucionalistas de prestigio es inconstitucional en numerosos puntos.

 

La actuación de la presidenta recuerda la de tantos independentistas, como los ahora decadentes quebequenses, que exigían convocar referendos hasta conseguir su objetivo de separación de Canadá, pero rechazando la posibilidad de que después se señalaran otras consultas que permitieran volver a la unión.

 

Porque si se aprueba ese estatuto que convierte a Cataluña en una región semi independiente retorciendo la Constitución, se acercará irreversiblemente a una independencia ni siquiera deseada por la mayoría de los 7,5 millones de catalanes, sino exigida solamente por una clase política que desea más y más poder porque se siente inferior a la que ejerce en Madrid, despreciando que esta ha sido elegida de todos los españoles, incluidos los catalanes.

 

El equilibrio de fuerzas entre los llamados magistrados progresistas y conservadores está roto porque Manuel Aragón, designado a iniciativa del PSOE, se ha inclinado por rechazar los puntos más radicales del texto estatutario.

 

Sobre él se ejercen ahora todas las presiones gubernamentales y de la propia presidenta del Tribunal, una gallega reconvertida al confederalismo que haría de España un Estado de taifas similar a aquellos reinos musulmanes cuyas divisiones facilitaron la reconquista cristiana.

 

El magistrado Aragón, junto con los llamados conservadores, rechaza imponer el término Nación en el preámbulo estatutario o la obligación de uso del catalán en toda actividad, a pesar de ser un idioma solamente cooficial con el castellano, que se erradicaría.

 

Este problema legal, que invita a los catalanistas más radicales a romper los vínculos nacionales y a demandar la independencia inmediata, nace de una más de las improvisaciones de Rodríguez Zapatero, que han dirigido su política errática desde que llegó al poder.

 

Improvisaciones hasta hoy mismo, con el fiasco de su actuación con el atunero Alakrana, secuestrado con sus 36 tripulantes, y cuya liberación costará lo que deseen los piratas, seguros ya de que este Gobierno pagará lo que exijan.

 

Todo el embrollo estatutario comenzó en un mitin electoral de Zapatero al prometerle días antes de las elecciones catalanas de 2003 a Pasqual Maragall, candidato a la presidencia de la Generalidad, que aprobaría el Estatuto que presentara al Parlamento español si él llegaba a la presidencia del país.

 

Y Maragall, azuzado por esta garantía de quien después resultó presidente de Gobierno poco después, unida a sus sueños de grandeza y los de los nacionalismos e independentismos, presentó un texto prácticamente independentista, de tremendas ventajas para esa nueva entidad que deberían pagar, además, el resto de los españoles.

 

Levemente enmendado en el Parlamento español, el Estatuto se aprobó en referéndum en Cataluña el 18 de junio de 2006, con participación de una minoría de la población, frente a una mayoría que no respondió a los insistentes llamamientos a votar.

 

Tanto el Partido Popular como el Defensor del Pueblo, presentaron recursos de inconstitucionalidad que, admitidos a trámite, llevan más de tres años a discusión con una presidenta que se empeña en que se apruebe esta casi Constitución catalana que aleja más y más a unos españoles de los otros.

 

La situación creada por la decisión del Gobierno de traer a España a dos piratas de los que capturaron el atunero español Alakrana, en lugar de mantenerlos cerca de la zona del secuestro como medio de presión sobre sus compañeros, ha provocado un nuevo problema para los 36 rehenes, la mitad españoles, pero también para la conciencia de los ciudadanos y la credibilidad nacional e internacional del Estado.

 

Se sabe que los servicios secretos españoles desaconsejaron que se trajera a los piratas retenidos, entre otras razones porque podría irritar a sus compañeros, que tienen a los pescadores a merced de su situación anímica, aunque posiblemente su vida no peligre, y porque elevaría además el precio del rescate.

 

Pero se dio la orden cuya responsabilidad tratan de silenciar y de rehuir ahora el presidente del Gobierno, la vicepresidenta, la ministra de Defensa y el ministro de Justicia, entre otros, que tratan de atribuirle el error de cálculo a la Audiencia Nacional, cuyo presidente respondió con una enérgica nota rechazando la imputación.

 

Obsérvese el desorden de poderes diferentes --con el mediático juez Garzón, además, por medio--, que en su momento trataron de dirigir el rumbo del caso, y que ahora sueltan la rueda del timón, aunque afortunadamente para los pescadores queda el recurso de elevar y elevar el valor del rescate que se pagará hasta obtener su libertad.

 

Situación que llegará, incluso, aunque la Justicia le impida a los dos piratas salir de España antes de la liberación de los rehenes: estos somalíes también tienen un precio para sus compañeros, que es la suma de una cantidad de dinero más elevada, muy superior a la exigida inicialmente, más la promesa de lenidad judicial con ellos.

 

Lo que no calculó este Gobierno sin rumbo y dedicado sólo a tratar de parecer amable y bondadoso ante la opinión pública es que, una vez bajo la Justicia, los piratas quedaban sometidos a un procedimiento complejo y de muy difícil solución inmediata.

 

Las torpezas del Gobierno español crecen últimamente a un enorme ritmo, y con ellas se pierde, además, el sentido de la dignidad, porque la mayoría del rescate saldrá de las arcas del Estado, algo que es de conocimiento público.

 

Una circunstancia que le resta honorabilidad a las instituciones: un gobierno pagando rescates de manera notoria a unos secuestradores hace dudar sobre qué hará si los terroristas de ETA, secuestran a alguien como hicieron con Miguel Ángel Blanco.
 

Y los etarras son capaces de matar, algo que no han hecho aún los piratas somalíes con ninguno de los centenares de marineros que han secuestrado hasta hoy, quizás porque siempre alguien les ha pagado lo que han exigido; pero nunca aparece un gobierno como protagonista, como aquí, como no sea para bombardear las bases de los filibusteros.

 

Ahora es momento de recordar que el silencio sobre el caso que exige el presidente del Gobierno contrasta con la explotación mediática y la agitación y propaganda de él y los suyos, junto con el nacionalismo gallego, para tratar de hundir el ejecutivo de Aznar aprovechando el desastre del petrolero Prestige, de cuyo naufragio se cumplen siete años este 13 de noviembre.
 

Con una política interior y exterior desnortada, con la economía ruinosa y con sus responsables culpándose unos a otros de la situación, España se encuentra desgobernada con un presidente que ha perdido las cartas de navegación. Y lo peor de todo es que no lo sabe.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, sumamente celoso con los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, acaba de ratificar la sentencia que avaló la ilegalización de Batasuna por la justicia española en 2003, lo que supone un triunfo fundamental para la democracia y para quienes sufren el doble juego de esa organización vinculada al terrorismo de ETA.

 

La sentencia se alcanzó por unanimidad de los cinco jueces de la Gran Sala del Tribunal, que rechazó el recurso de Batasuna contra la sentencia del pasado 30 de junio, que ya había declarado ajustada a derecho la ilegalización dictada por los tribunales Supremo y Constitucional de España.

 

Como no podía ser de otra manera, la decisión del tribunal fue celebrada por el Ministerio del Interior, para el que la ilegalización de Batasuna se realizó “en el marco de un Estado de derecho avanzado y respetando escrupulosamente los derechos y las libertades fundamentales”.

 

Pero los nacionalistas del PNV, Aralar, y los miembros de la Izquierda Unida vasca, Ezquer Batua, rechazaron nuevamente la Ley de Partidos Políticos, que dio cobertura jurídica a la ilegalización de Batasuna.

 

Esos grupos se negaron a respaldar una propuesta del PP en el Parlamento vasco que pedía el respaldo a la sentencia europea porque "limita y anula derechos fundamentales como la libertad ideológica, de expresión, de asociación o de participación política" y afecta, además, "directa y negativamente a la convivencia de nuestro pueblo".

 

Y ello, a pesar de que el texto de la sentencia declara que las distintas organizaciones y nombres de Batasuna, como Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, participaron en un “acuerdo con el terror” contra un Estado democrático, para "completar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para perturbar el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública".

 

Lo que debe esperarse ahora de la Fiscalía general del Estado es que inicie inmediatamente los trámites necesarios para expulsar de numerosos ayuntamientos y otras organizaciones públicas a los miembros de Acción Nacionalista Vasca (ANV), vinculadas con Batasuna, que el juez Garzón no ilegalizó y que el Gobierno permitió participar en las elecciones municipales de 2007.

 

Aunque le impidió a algunos candidatos bien conocidos de Batasuna, ya ilegalizada, entrar en las listas, se le autorizó a otros, en una operación política gubernamental ilegítima emprendida porque estaba en negociaciones con ETA.

 

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, justificó la presencia de filoetarras, en clara contradicción con la Ley de Partidos, porque impedirla era crear “un Guantánamo electoral”. El Ministerio del Interior llegó a manipular los informes policiales que informaban de que los candidatos de ANV que habían sido aprobados para las elecciones estaban realmente vinculados a Batasuna o, lo que es lo mismo, a ETA.
 

Tras la sentencia europea es momento de que la oposición, especialmente el PP, le exijan al Fiscal que inicie los procedimientos necesarios para expulsar a los proetarras, y de recordarle también a los ciudadanos que el Gobierno los engañó, aseverando que los miembros de ANV que accedieron a las elecciones eran ajenos al terrorismo.

Marejada a fuerte marejada en las siempre turbulentas aguas de la radiotelevisión pública española. Harto ya de estar harto, Luis Fernández ya se cansó de preguntarle al Gobierno por qué y por qué.

¿Qué he hecho yo para merecer esto?, se pregunta estupefacto. Ninguneado, preterido y mediatizado por el Gobierno de Zapatero, abandona el puesto de mando dejando a TVE como líder de audiencia, una posición que sabe que no se podrá mantener a medio plazo.

 

Con el pretexto de darle estabilidad a la financiación, las nuevas obligaciones de servicio público asignadas a RTVE la convertirán en poco tiempo en una oferta reservada para minorías, dedicada a todos aquellos contenidos que no tienen ningún interés para los operadores privados ni para las audiencias más amplias.

Esa ha sido la condición letal de las cadenas comerciales para transferir una parte de sus ingresos a la Corporación pública, además de suprimir la publicidad en TVE.

 

El primer presidente de RTVE elegido por el Parlamento mediante una mayoría reforzada de dos tercios se queja de que le han cambiado el reglamento a mitad del partido y, además, que no han contando con él para elaborarlo.

En realidad, todos los cánticos a la autonomía e independencia de RTVEque entonan, con la misma soltura que inconsistencia, los dirigentes socialistas han sido sólo papel mojado desde la primera nota.

Mucho celofán en el envoltorio, pero dentro hay un viejo producto, el que mejor hacen: manipular, entrometerse, primar a terceros y aburrir a los ingenuos que, como Luis Fernández, pensaron por algún momento en que mandaban en RTVE.

 

Una de las causas que agravan las crisis económicas en España, junto con su legislación laboral poco homologable con los países avanzados y la multiplicación de burócratas en las Comunidades Autónomas, es el nepotismo, la protección laboral y económica que le otorgan a sus allegados o amigos quienes tienen algún poder. Las dos primeras se señalan como problemas estructurales, entre otros, de nuestra economía. El último es un viejo dato histórico del atraso español que parecía enterrado.

 

El nepotismo, del griego “nepos”, sobrino, es uno de los cánceres que dominaba el país y que se da en todos los grupos políticos. El poderoso, que va desde el presidente del Gobierno hasta el concejal de un pueblo pequeño, coloca a sus hijos o sobrinos en todo tipo de empleos de funcionarios, y a las próximas elecciones es otro político quien coloca a los suyos, pero manteniendo los anteriores, y así sucesivamente.

 

No todos los casos son iguales y es preciso tener cuidado y distinguir, pues también pasa que “familiares” de políticos con definidas carreras en el sector público o privado se ven perjudicados al tener ocasionalmente un “familiar” en la política. Eso nunca es noticia, pero también pasa. Sucede sin embargo que son tantos los casos que ahora proliferan en el panorama político español, por ejemplo en el PSOE que es quien gobierna y tiene mayores responsabilidades, que la sospecha es inevitable. Noticias provenientes de Cataluña, Valencia, Andalucía, Madrid o País Vasco apuntan en los últimos tiempos algunos interrogantes que no debemos prejuzgar pero que están ahí.

 

En algunos casos los “familiares” han sido supuestamente empleados en la administración pública. En otros, son familiares de “políticos” conocidos que tienen cargos políticos o bien de libre designación y por lo tanto temporales o bien son electos por los ciudadanos y también sometidos al voto. Este último si fuera un problema, lo es de la interna de los partidos. Ellos deberían dar explicaciones y cuidar su imagen ante los ciudadanos. Los votantes y simpatizantes acabarán penalizado la endogamia, el clientelismo y el amiguismo interno de los partidos.  Bien está contarlo para que se sepa y sin prejuzgar hemos sabido que:

 

La esposa de José Montilla, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Anna Hernández i Bonancia, ostenta doce cargos. La novia del conseller de Interior catalán Joan Saura, Inma Mayol, es quinta teniente de alcalde de Barcelona y consejera de Medio Ambiente. Josep Lluís Carod-Rovira,  tiene a su hermano como “embajador” de Cataluña en Francia. La familia Nadal tiene a dos hermanos, importantes Joaquim y Manel Nadal en el departamento de Política Territorial y Obras Públicas catalán. Los Maragall, Pasqual y Ernest: el primero fue presidente de la Generalidad y el segundo secretario del Gobierno autonómico. El marido de la vicepresidenta del PSC, Manuela de Madre, Antoni Fogué, es el presidente de la Diputación de Barcelona.

 

La familia Pajín Iraola, en Valencia, es una saga familiar con encendida vocación política. En Madrid, Julián Martínez García, jefe de la delegación de la Junta de Andalucía en la capital español es novio de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. En Andalucía el vicepresidente tercero del Gobierno central, Manuel Chaves,  que aprobó la concesión de 10,1 millones de euros a una empresa de la que es apoderada su hija Paula tiene media docena de sus familiares en cargos públicos en la Junta.

En el País Vasco el viceconsejero de Transportes y Obras Públicas, Ernesto Gasco, se casó  con Iñigo Alonso, un conductor de autobús. Ahora es el director de Euskalmet, el organismo público meteorológico autonómico.

 

Mientras Venezuela sufre tasas de asesinatos y delincuencia violenta nunca vistas antes, una declinante producción petrolífera y carencia de bienes de primera necesidad, antes baratos y abundantes, el líder del socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez, llamó a los 29 millones de habitantes del país a prepararse para una guerra contra Colombia y EE.UU.

 

Lanzó el apasionado aviso en su programa dominical Aló Presidente, alertando de la amenaza que supone para su país, dice, el acuerdo que permitirá que tropas estadounidenses operen contra el narcotráfico en bases colombianas.

 

"No perdamos un día en nuestra principal misión: Prepararnos para la guerra y ayudar al pueblo a prepararse para la guerra, que es responsabilidad de todos", gritó Chávez. “Aquí comenzaría la guerra de los 100 años, que se extenderá por todo este continente. ¡Sépanlo!", continuó, avisando además de que combatirá apoyado por “poderosos aliados” de varias áreas del mundo.

 

Posiblemente se refería a Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, en América, e Irán o Corea del Norte, en Asia. Porque ni Rusia, China o cualquier otra potencia quieren acompañar en sus embrollos militares al pasional venezolano.

 

Los delirios de Chávez son cada día más patentes. Es cierto que hay conflictos en algunos pasos existentes en los 2.050 kilómetros de frontera con Colombia, especialmente en la Táchira. Allí ha llegado a su amparo la narcoguerrilla colombiana de las FARC, el principal grupo marxista-leninista que queda en Latinoamérica, pero también los paramilitares. Ambas fuerzas están aterrorizando a la población a ambos lados de los lindes nacionales.

 

Pero es Chávez quien se ha buscado este enfrentamiento con Colombia, un país poco más grande que Venezuela, de 46 millones de habitantes que, aparte de no tener la riqueza petrolera chapista, está empobrecido en gran medida (8.800 dólares de renta per capita, frente a los 13.500 de Venezuela) por la lucha contra las FARC.

 

La futura llegada de  las tropas de Obama ha disgustado también al aliado de Chávez, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, cuyo país tiene 590 kilómetros de frontera con Colombia. Dentro de Ecuador, y cerca de esa frontera, se refugian unidades de las FARC que, según documentos encontrados tras matar allí el ejército colombiano en 2008 al líder narcoguerrillero Raúl Reyes, hicieron importantes donaciones para que Correa resultara elegido presidente.

 

La reacción de otro vecino, el Brasil del presidente Lula da Silva, es mucho más comedida, a pesar de no gustarle tener tropas estadounidenses cerca de sus 1.644 kilómetros de frontera compartidos con Colombia.  Menos aún se quejó el presidente peruano, Alan García, cuyo país tiene 1.800 kilómetros de frontera con Colombia.
 

Chávez, pues, se ha erigido en vengador de quienes no le piden ayuda y se prepara para una de sus guerras tantas veces anunciadas, aunque, afortunadamente no iniciadas hasta ahora.

 

Denunciado por Colombia en la ONU y la OEApor sus amenazas bélicas, con pocos aliados realmente fiables, perdiendo la guerra de influencias en Honduras al faltar Zelaya, y con su país cada día más empobrecido, Chávez comienza a renquear como un viejo juguete de lata al que se le va acabando la cuerda.

 

La comunidad internacional tan complaciente y divertida con los “desvaríos” del comandante debería empezar a tomarse en serio un personaje que pasa voluntariamente por “loco” pero que no lo es exactamente. En alguna ocasión llegó a decir: “tengo un plan y pienso cumplirlo”.