Los argumentos a favor y en contra de EpC apenas han cambiado desde su aprobación en 2006, dentro de la LOE. Una prueba de que estos argumentos se han mostrado irreconciliables es la cantidad de pleitos generados desde entonces: se han procesado cerca de 55.000 peticiones de objeción de conciencia a la asignatura, y 2.700 casos han terminado en demanda, 400 de ellas ante el tribunal de Estrasburgo. En 2009 el Tribunal Supremo, unificando la jurisprudencia, falló que no se podía objetar contra la asignatura en sí, aunque se podía rechazar manuales que supusieran adoctrinamiento en cuestiones ideológicas.

A la vista de tantos conflictos resulta sorprendente que Carlos López, secretario general del sindicato de UGT para la enseñanza, opine que la remodelación de EpC “traerá crispación sobre un asunto que ya estaba resuelto en la comunidad educativa”. Si la comunidad educativa engloba también a los padres, como este sindicato no se cansa de repetir, entonces el panorama no se corresponde con la balsa de aceite que describe el representante de UGT. Parece que Carlos López ha incurrido en el típico error sindical de considerar que la comunidad educativa se acaba en sus sindicados.

Desde el PSOE, Mario Bedera, exsecretario de Estado de Educación, también se ha contagiado del repentino brote anti-crispación, y considera que la decisión de modificar EpC obedece a ganas de provocar una polémica artificial: “No tiene sentido continuar a estas alturas de la democracia con el debate”. No se acaba de entender bien qué tipo de incompatibilidad ve Mario Bedera entre la democracia y el debate. Puede que la falta de debate que precedió a la aprobación de la LOE signifique para el exsecretario de Estado el paradigma de democracia.

Sí tiene una parte de razón Bedera al considerar que se ha creado una polémica artificial, aunque no en el sentido que él lo piensa: por un lado, aún no se han especificado los detalles sobre la asignatura que sustituirá a EpC, ni los cursos en que se impartirá, por lo que procede posponer el debate hasta que lleguen las concreciones; por otro, si a alguien se puede acusar de crear una polémica artificial es a los diseñadores de una asignatura que provocó que más de 50.000 familias decidieran objetar.

Distintos modos de impartir la asignatura

Ignacio Sánchez Cámara afirmaba en la tercera de ABC ( 1-02-12) –a cuento de la reforma laboral, aunque se puede aplicar también al caso de EpC– :“el gobierno no debería sucumbir a la tentación de aceptar los hechos consumados con el pretexto de no reabrir frentes que otros irresponsablemente abrieron”. Lo responsable, en este caso, es volver a una educación cívica que respete el derecho constitucional de los padres a formar sin forzar la conciencia de sus hijos, aun a riesgo de generar polémicas.

Más allá del debate teórico sobre la conveniencia de una asignatura de este estilo en la escuela –el Consejo de Europa recomendaba en 2002 una “educación para la ciudadanía democrática”, aunque no como asignatura, sino con un enfoque transversal–, la práctica ha demostrado que EpC se ha enseñado de muy diferentes formas durante estos casi seis años. Como preveía Julián Martín, presidente de la Asociación de Catedráticos de Institutos, los colegios privados han podido adecuar los contenidos a sus proyectos educativos, mientras que los públicos, por su mayor rigidez, han sufrido mucho más los rigores del planteamiento oficial de la asignatura.

En algunos casos, los padres llegaron a plantear, y ganar, un recurso contra un manual en concreto, por considerarlo adoctrinador (Aceprensa, 22-10-2010). Entre otras cosas, este manual enseñaba que el neoliberalismo “en principio perjudica a todos los trabajadores, pero en especial a las mujeres trabajadoras”; o que la sexualidad es un concepto cultural modificable, de forma que todas las orientaciones sexuales eran igualmente válidas. Otro manual, de la editorial Akal, titulaba uno de los apartados del libro “Incompatibilidad entre capitalismo y parlamentarismo”.

Se podrá estar más o menos de acuerdo con estos postulados, pero lo que no es lógico es considerar “artificial” o innecesario el malestar de muchos padres con los contenidos que sus hijos tenían que estudiar. Si la nueva asignatura quiere evitar polémicas artificiales lo mejor es que se dedique a transmitir lo que lleva en su nombre: Educación Cívica y Constitucional.