Carlos Mesa firmó un decreto convocando a elecciones constituyentes en octubre, para conformar una asamblea que reforme la Carta Magna, y a un referéndum para decidir sobre las demandas de mayor autonomía provincial, en un intento acabar con dos semanas de intensas protestas populares.

Aumenta la crisis social y política en Bolivia
El país está viviendo un momento de extrema urgencia”, dijo Mesa, “una situación
de confrontación de altísimo riesgo y, en ese contexto, no podemos esperar hasta
el martes (día 7, como determinó el Congreso para reunirse y considerar ambos
puntos)”.

El Congreso fracasó el jueves por tercera vez en esta semana en
la búsqueda de consenso entre las fuerzas parlamentarias para conciliar
posiciones ante la profunda crisis social del país, aislado debido al corte de
las principales carreteras por manifestantes que demandan una asamblea
constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos.

El presidente de
la poderosa Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Santa Cruz (Cainco),
Gabriel Dabdoub, consideró inconstitucional la convocatoria por decreto. Similar
criterio esgrimió el líder cocalero Evo Morales, jefe del opositor Movimiento Al
Socialismo (MAS), segunda fuerza parlamentaria, que se preguntó si Mesa quiere
“cerrar el Parlamento”. El constitucionalista independiente José Luis Gutiérrez
estimó que el decreto presidencial deberá ser necesariamente refrendado por el
Congreso para no infringir la Constitución.

La profunda polarización
regional, que divide las aguas entre autonomistas (Santa Cruz, Beni, Pando y
Tarija) y asambleístas (La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Oruro), hacía
también temer a la Iglesia católica “el riesgo de lamentar pérdidas humanas”. El
presidente aseguró que el país no está ante una crisis coyuntural, sino de
Estado: “Por diversas razones, las instituciones y los instrumentos que hacían
funcionar a nuestra sociedad están en cuestión, están debilitadas, han perdido
legitimidad y han perdido los elementos de cohesión que permiten vivir de manera
tolerante y civilizada”.

Por ello, las “respuestas tienen que ser
estructurales y de largo plazo”. Los empresarios de Santa Cruz interpretaron que
la situación social reviste tal magnitud que Mesa “debe renunciar para dar paso
a una salida democrática que nos permita superar la gravísima confrontación que
vive el país”. Por el momento, el Gobierno rechazó una eventual mediación de la
comunidad internacional en su crisis social.