El motivo del proceso judicial contra la Agencia de Noticias Fides y los periódicos Página Siete y El Diario, no tiene fundamento. Acusar por racismo a estas empresas informativas por haber reproducido unas declaraciones del presidente del Estado no solo no es un delito, sino que muestra hasta qué punto de discrecionalidad y arbitrariedad se puede llegar en la aplicación de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación.

En todo caso, quien hizo una declaración desafortunada fue el primer mandatario, los medios solo la reprodujeron. El Gobierno reacciona desmedidamente frente a un hecho que debió haber terminado con una aclaración de la vocera presidencial de que dicha afirmación no tenía la intención de ofender al departamento de Santa Cruz y a otras regiones del oriente boliviano.

No solo ello, sino que utilizar este hecho para desconocer los tribunales de imprenta, por los cuales los medios de comunicación gozan de un fuero especial para proteger su labor, refleja una decisión política de avanzar en la profundización de la presión para evitar que se difundan noticias que afecten a la popularidad y credibilidad de las principales autoridades de Gobierno.

Se los acusa de causar la caída de la popularidad por la supuesta exagerada difusión de noticias que afectan a la imagen oficialista. Por ejemplo, se los responsabiliza de que por la amplia difusión de la golpiza propinada por la represión policial a los indígenas que marchaban en contra de la carretera que atravesaría el Tipnis, se haya generado un apoyo popular sin precedentes a esa causa y una de las mayores manifestaciones de protesta en contra del Gobierno.

La verdad es que, aunque en Bolivia todavía existen prensa independiente y un amplio debate público, la presión gubernamental sobre los medios de comunicación aumenta constantemente. Por un lado, el Estado tiene el mayor presupuesto de publicidad, el cual se distribuye discrecionalmente. Por otro, el Gobierno dispone de un amplio abanico de reparticiones públicas que inspeccionan a las empresas de comunicación según conveniencia política. Además, la Ley de Telecomunicaciones genera una gran incertidumbre porque en cuatro años caducarán las licencias de telecomunicación y existen muchas dudas sobre quiénes recibirán la renovación.

A los gobiernos en general les molestan las críticas de los medios y estos también pueden cometer errores que afecten injustamente la imagen de autoridades y ciudadanos. A pesar de ello, la preservación de las libertades fundamentales demanda que todos defendamos la libre información y que los gobiernos la respeten como una de las bases fundamentales de la democracia.

Expresidente del Senado de Bolivia
Twitter: @OscarOrtizA