Garzón no está de acuerdo con la sentencia (11 años de inhabilitación) y ha afirmado que la recurrirá. Su abogado, Baena Bocanegra, se expresó en la misma dirección argumental, señalando uno y otro que los derechos del primero habían sido violentados.
El propio Garzón emitió un comunicado en el cual daba su particular punto de vista sobre la sentencia y sobre el juicio, sosteniendo que
“el juicio oral ha sido una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí” (
El País).
No piensa de igual modo el Consejo General del Poder Judicial que califica la sentencia de impecable, resaltando que
“la intervención de las comunicaciones telefónicas entre los imputados en prisión y sus abogados sólo está autorizada para su uso en los casos de terrorismo y con autorización judicial” (
ABC).
Palabras de Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, para quien la sentencia refuerza tanto el derecho de la defensa como la independencia de los tribunales, señalando finalmente que hay que acatar las resoluciones judiciales (
El Mundo).
En relación con esta idea, el Tribunal Supremo, ante el aluvión de críticas recibidas por inhabilitar a Garzón, se defendió de las mismas. En opinión Carlos Dívar, tales críticas tenían como objetivo deslegitimar a la institución y desacreditar a sus componentes (
La Vanguardia).
En su artículo de opinión titulado “
Garzón, primera condena”, Santiago González, donde destaca un punto muy importante:
“es evidente que el derecho de defensa en España ha quedado tocado tras la actuación de Garzón (…) No habrá delincuente que hable a su defensor a calzón quitado en un locutorio de la cárcel tras las grabaciones ordenadas por Garzón”.
Una de las frases que se recoge en la sentencia es que Garzón actuó como en los regímenes totalitarios y
La Razón habla de “la pataleta de Garzón” para describir el comunicado que Garzón envió a los medios y en la que avisa:
“acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido”.