Según informó el Consejo de Europa, Davis comunicó su decisión ayer al Comité de Ministros de la organización. El primer paso será reclamar "formalmente" información a los 45 Estados firmantes de la Convención Europea de Derechos Humanos, cuyo garante es el Consejo de Europa.

El Consejo de Europa es el organismo paneuropeo más antiguo del continente --data de 1949-- y sus tareas se concentran, específicamente, en la promoción de la democracia y la defensa de los Derechos Humanos --el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos pertenece a su estructura--.

Así, a diferencia de la UE, que como tal entidad no tiene base jurídica para investigar el asunto, el Consejo de Europa es el organismo "pertinente" para analizar si en territorio europeo se cometen violaciones de la Convención, explicaron fuentes del Consejo de Europa consultadas por Europa Press.

"Considerando la naturaleza muy seria de las denuncias, la respuesta de Europa debería ir más allá de las declaraciones políticas y las preguntas", manifestó Davis.

El secretario general se basará, para investigar, en los poderes que le concede el artículo 52 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que afirma que, a petición suya, todos los Estados firmantes deben "suministrar las explicaciones pertinentes sobre la manera en que su Derecho Interno asegura la aplicación efectiva" de la propia Convención.

Octava vez que se usa este procedimiento desde que entró en vigor la Convención, en 1953

Según explicó el mismo Davis al comité, esta es la octava vez que se usa este procedimiento desde que entró en vigor la Convención, en 1953. "Mi objetivo es averiguar qué pasó, si es que pasó algo, cómo pasó y quién estuvo implicado. Esto debería permitirnos ver más de cerca cómo garantizan los gobiernos el respeto a la Convención en el marco de la lucha contra el terrorismo y, si es necesario, proponer más medidas para prevenir violaciones futuras", declaró el secretario general.

Para ello, Davis ha enviado una carta a los 45 gobiernos, fechada el 21 de noviembre, en la que reclama información que debe ser enviada como muy tarde el 21 de febrero de 2006, respecto a cómo garantizan la aplicación efectiva de varios puntos de la convención.

En concreto, los Estados miembros deberán precisar de qué manera su Derecho Interno asegura que las actuaciones de funcionarios o agencias extranjeras en su territorio están sujetas a controles adecuados.

Además, tendrán que comunicar de qué forma la ley garantiza que hay suficientes salvaguardas para impedir que en su territorio se produzcan "privaciones de libertad" en secreto, con participación o asistencia de cualquier tipo de responsables, funcionarios o agentes del propio país europeo.

Las investigaciones judiciales abiertas en Italia respecto a actividades encubiertas de la CIA se refieren precisamente al supuesto secuestro por agentes de inteligencia de un islamista.

La tercera pregunta se refiere a cómo las leyes nacionales están preparadas para responder a supuestas violaciones de la Convención de Derechos Humanos, especialmente en el caso de "privaciones de libertad" que sean obra de agentes extranjeros.

En concreto, el Consejo de Europa desea saber si los países europeos pueden abrir sus propias investigaciones "rápidas, independientes y capaces de identificar y sancionar a los responsables de cualquier acto ilegal", incluidos los posibles cómplices, así como de exigir el pago de una compensación adecuada.

Por último, reclama una explicación de si, desde el 1 de enero de 2002, alguna persona con responsabilidad pública ha estado implicada de alguna forma, por acción u omisión-- en algún secuestro o detención ilegal, incluyendo casos en que esa privación de libertad fuera impulsada por una agencia extranjera. Davis desea saber si se han abierto en los países investigaciones oficiales.

La investigación de Davis se suma a la ya abierta por la Asmblea Parlamentaria del propio Consejo de Europa. El senador suizo Dick Marty, la persona designada para investigar la presunta existencia de cárceles secretas de la CIA en el este de Europa, pidió ayer una "cooperación activa" de las autoridades de los Estados miembros de la institución, de la UE, la ONU y la OTAN, así como de instituciones especializadas como el Centro de Satélites de la UE, situado en Torrejón de Ardoz (Madrid), y la Organización Europea para la Seguridad en la Navegación Aérea (Eurocontrol).

Marty aseguró en una reunión en París que aún no ha encontrado pruebas sobre la existencia de centros de detención, pero sí "indicios" de que "la implementación de medidas antiterroristas era incompatible con los estándares de Derechos Humanos del Consejo de Europa".

El senador presentará las conclusiones de su informe durante un encuentro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), el próximo viernes en Bucarest, y entonces se decidirá que curso se da a la investigación, según las fuentes consultadas por Europa Press.

Según el informe, que ha sido obtenido por AP, Marty está examinando 31 presuntos vuelos de aeronaves que han aterrizado en el Viejo Continente, al tiempo que ha pedido al Centro de Satélites de la UE que le proporcione imágenes vía satélite de lugares en Rumanía y Polonia mencionados por HRW como posibles centros de detención.