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Más de medio millar de subsaharianos que intentaron la pasada madrugada saltar la valla de Melilla desde suelo marroquí constituyen la mayor avalancha de inmigrantes registrada hasta ahora en la ciudad autónoma, según la Delegación del Gobierno. Del medio millar, sólo cien consiguieron sobrepasar el doble muro y alcanzar territorio español, siendo posteriormente detenidos. Seis miembros de las fuerzas de seguridad y doce inmigrantes resultaron heridos leves.
Según la Delegación del Gobierno, los inmigrantes, en oleadas sucesivas y actuando en varios puntos, utilizaron gran cantidad de escaleras artesanales. El asalto se produjo a lo largo de un perímetro donde el doble vallado tiene tres metros de altura y aún no se ha elevado hasta los seis metros como en otras zonas. Una vez más, Marruecos ha demostrado ser un socio con el que no se puede contar, no sólo en materia de lucha antiterrorista, sino en la batalla contra la inmigración ilegal.
No es casual esta oleada masiva de inmigrantes ilegales en Melilla. Desde hace tiempo la comunidad autónoma viene denunciando que no cuenta con los medios adecuados para frenar estas sucesivas "invasiones" de ilegales provenientes de todas partes de África.
El Gobierno de Zapatero parece decidido a no abordar la inmigración desde posiciones racionales y objetivas. Cuando lo hicieron, con el último proceso de regularización, actuaron a fuerza de demagogia e irresponsabilidad y lo que sucede en Melilla es fruto de ese grosero error de cálculo que fue el "papeles para todos" promovido por el ministro José Caldera. Gracias a esa medida precipitada, hoy los pasos fronterizos españoles son asediados por ilegales africanos y árabes provenientes no sólo de sus países de origen sino también de otros países europeos en los que no pudieron regularizarse producto de las férreas políticas de inmigración que implantan sus gobiernos.
Pero sucede que en España, donde sólo por el paso de la Junquera en los Pirineos la Guardia Civil ha registrado el ingreso de mil rumanos por día, los controles fronterizos se encuentran falto de medios y desmoralizados por la poca importancia que el Gobierno le atribuye a este problema. Sirva de ejemplo el hecho de que en el puerto de Algeciras no hay ordenadores, con lo cual el paso de cientos de miles de marroquíes al año queda sin registrar.
Por otra parte, las leyes son muy atrayentes. Un subsahariano que llegue a Canarias o cruce a Melilla, si no es deportado en cuarenta días, será puesto en un avión gratuitamente y abandonado en alguna metrópoli española dado que, como ninguno de ellos tiene pasaporte, la deportación es irrealizable. Una vez instalados, recibirán el pasaporte por correo y se empadronarán sin mayores inconvenientes. Aunque no se conocen las cifras exactas, se calcula que entran ilegalmente a España más de 700 mil indocumentados anualmente.
Las consecuencias de la falta de control en las fronteras ya está repercutiendo socialmente. Las bandas latinas violentas ya cuentan en Madrid con 753 integrantes identificados, formadas en su mayoría por ecuatorianos y centroamericanos. La entrada de barcos negreros con hindúes y pakistaníes ha permitido que en nuestro país reaparecieran enfermedades como la tuberculosis, el botulismo, el paludismo y la malaria. Por otro lado, la policía admite que hay zonas de Alicante, Murcia, Gerona y El Ejido que son controladas por las mafias del Este y a donde sólo se puede ingresar con fuerzas antidisturbios.
En conclusión, gracias al "interés" del Gobierno por la inmigración, la sociedad española ha quedado en un estado de indefensión preocupante. Con medidas populistas y políticamente "correctas" y a contracorriente de lo que se está consensuando en Europa, se les ha abierto las puertas a ilegales de toda Europa, África y países árabes y ahora se empiezan a pagar las consecuencias de esas políticas tan inteligentes. |
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