La oposición brasileña tranquilizó a los mercados sobre las consecuencias económicas de la crisis provocada por las denuncias de compra de votos de diputados por parte del Partido de los Trabajadores (PT, en el gobierno), durante una reunión con medio centenar de banqueros e industriales.
Según el diario O Globo del jueves, los dos principales dirigentes de la oposición en el Senado, Agripino Maia, del Partido del Frente LIberal (PFL), y Arthur Virgilio, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), se reunieron con dirigentes de varios bancos (Itaú, Unibanco, Safra, ABN-AMRO y JP Morgan) y jefes de sectores farmacéuticos e industriales, preocupados por la posibilidad de un proceso de "impeachment" contra el presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
El Gobierno de Lula se investigará a si mismo
Ell Gobierno de Brasil se valió de su mayoría en el Congreso y asumió el mando de una comisión encargada de investigar los actos de corrupción en el sistema de correos que originaron el mayor escándalo político vivido hasta el momento por el Ejecutivo del presidente Luis Ignacio ´Lula´ da Silva.
comisión designó como presidente al senador Delcidio Amaral, del Partido de los Trabajadores (PT) y como relator al diputado Osmar Serraglio, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, de la coalición oficial.´
La elección de los dos se consiguió con 17 votos a favor, frente a 15 de la oposición. Como la coalición de Gobierno contaba con 19 miembros en la comisión, esto significaría que dos desertaron de las filas oficiales y votaron por la oposición en el sufragio, que fue secreto.
La comisión debe investigar supuestas irregularidades en el sistema postal y de seguros del Gobierno, donde habría sido montada una red que favorecía la extorsión para recaudar fondos destinados a uno de los partidos de la coalición oficialista.
A principios de semana el diputado Roberto Jefferson, del pequeño Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), lanzó una "bomba política" sobre el Gobierno al denunciar que desde el PT, se sobornaba a parlamentarios con una mesada de 30.000 reales (unos 12.500 dólares) desde hacía más de dos años.
La comisión, contra cuya instalación y funcionamiento luchó el Ejecutivo, deberá reunirse la próxima semana para escuchar al diputado Roberto Jefferson. El argumento gubernamental para oponerse a su formación era que este tipo de comisiones investigadoras distraen el trabajo del Congreso y frenan la aprobación de leyes que las autoridades consideran fundamentales para gobernar.
Pero las denuncias de Jefferson en dos entrevistas la semana pasada precipitaron la formación de la comisión, cuya directiva fue decidida a sólo 24 horas de la presentación de Jefferson ante la Comisión de Etica del Congreso para aclarar las denuncias que manifestó en dichas entrevistas, principalmente la de que el Partido de los Trabajadores sobornaba a parlamentarios para asegurarse que serían leales al Gobierno.
Jefferson reiteró sus denuncias y su próxima presentación ante el comité de ética será la semana próxima, cuando con sus abogados formulará nuevas declaraciones y presentará una defensa escrita. El diputado corre el riesgo de perder su mandato si no convence a sus colegas de la veracidad de sus denuncias, para las cuales ha dicho que no tiene pruebas materiales.