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Las protestas continúan en la capital de Bolivia, donde un asediado presidente
Carlos Mesa debe tomar una decisión definitiva sobre el futuro de la
controvertida Ley de Hidrocarburos. El martes, un día antes de que venza el
plazo que tiene el presidente Carlos Mesa para vetar o promulgar la Ley de
Hidrocarburos, la capital quedó paralizada por miles de manifestantes que
intentaron tomar la plaza que alberga a los palacios de Gobierno y del
Congreso.
Los manifestantes exigían la nacionalización de los
hidrocarburos o la renuncia de Mesa y el cierre del Parlamento. Para
dispersarles la policía utilizó balines de goma, gases lacrimógenos y chorros de
agua para evitar que los manifestantes accedieran a este lugar, símbolo del
poder político boliviano.
Los manifestantes intentaron ingresar a la
plaza Murillo, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero la policía lo
impidió sin que se hubieran registrado incidentes. El comandante de la policía,
el general David Aramayo, confirmó que no se registraron incidentes de
consideración, aunque sí "fueron detenidas algunas personas".
Juntas
vecinales
Las marchas fueron protagonizadas por miembros de la
Federación de Juntas Vecinales y de la Central Obrera Regional de la vecina
ciudad de El Alto y del Partido Movimiento al Socialismo (MAS), fuerzas que han
firmado un "Pacto por la dignidad y la soberanía".
Por otra parte,
agrupaciones de indígenas, campesinos y mineros, algunas vinculadas al MAS,
iniciaron el lunes el bloqueo de la carreteras La Paz-Oruro y Oruro-Cochabamba,
dos de las más importantes del país.
Promulgación
Mientras la gente se manifestaba en
la calle, los partidos de la oposición y los empresarios pidieron a Mesa la
inmediata promulgación del proyecto de ley de hidrocarburos aprobado por el
congreso el 6 de mayo, que no contempla la nacionalización, pero sí la creación
de un impuesto a la producción de carburantes del 32%.
El presidente de
los empresarios, Roberto Mustafá, acusó a Mesa de haber dado pie al crecimiento
del movimiento pro nacionalización al no promulgar la ley inmediatamente y dejar
pasar los días sin tomar una decisión. |