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ALBERTO MEDINA MÉNDEZ

El deber moral de la austeridad
El debate sobre el gasto estatal sigue recorriendo vericuetos insólitos que pretenden eludir las cuestiones de fondo, desorientando a los más desprevenidos y tergiversando la discusión, al punto de anularla.
Actualizado 31 mayo 2017  
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Alberto Medina Méndez   

Ha sido tan hábil esta estrategia de confundir a todos que la inmensa mayoría de los ciudadanos sigue planteando la necesidad de revisar pormenorizadamente solo el modo en el que se asignan los recursos.

Para ellos no se trata de gastar menos, sino de gastar bien. Creen, sinceramente, que el problema pasa únicamente por optimizar cada centavo. Piensan que si se utilizan mejor todo cambiará positivamente.

Siempre es deseable ser más eficiente, pero cuando el volumen del gasto está tan desbordado como ahora eso no resulta suficiente para corregir casi nada. En esta emergencia lo importante es lograr un brusco descenso y no solo apelar, como tantas otras veces, a un maquillaje circunstancial.

Esa corriente de pensamiento, que tiene un enorme consenso, ha logrado instalar fuertemente la idea de que bajar el gasto es políticamente inviable. Entienden que la dirigencia en su conjunto jamás aprobará estas decisiones.

El argumento central es que la gente no aceptará reducciones en ninguna de las áreas vitales del Estado y que los diferentes sectores reclamarán con vehemencia frente a cualquier proyecto que vaya en esa dirección.

Sostienen que aunque finalmente se pudiera avanzar en este tipo de iniciativas todo colapsaría. Apuestan a asustar con las eventuales consecuencias de una decisión de esa magnitud y vaya si lo consiguen.

Asumiendo la existencia de ese fantasma, los más moderados y prolijos solo se concentran en despejar las dos variables más benignas. Ponen todas sus energías en minimizar la potencia de la omnipresente corrupción y al mismo tiempo promueven que todo se haga de una manera más eficiente.

Ambas cuestiones son políticamente correctas. Ninguna persona, con un poco de sentido común, podría estar en desacuerdo con semejantes consignas. Embestir contra los malversadores de fondos y los dilapidadores seriales es una simpática bandera que cuenta con muchos adeptos.

Es muy interesante observar este proceso en el que nadie parece tener la voluntad suficiente para poner la atención en lo moral, en las esenciales funciones del Estado y en las metas razonables de un gobierno justo.

El Estado no nació para gastar mucho, ni tampoco para gastar bien, sino para gastar muy poco, de hecho lo mínimo posible, entendiendo siempre que cada centavo que utiliza se lo ha quitado antes, coercitivamente, via impuestos a quienes lo han conseguido con su propio esfuerzo.

Los gobiernos nunca generan riqueza. Tampoco ese debería ser su objetivo. Están para garantizar que los ciudadanos resuelvan sus eventuales conflictos civilizadamente y por eso es vital que aseguren sus derechos.

Los que gobiernan deben concentrarse solo en respaldar a los ciudadanos para que puedan disfrutar plenamente de su vida, su libertad y su propiedad. Es esa y no otra la función básica del Estado en todas sus formas.

Se podrá discutir luego acerca de los alcances de esta mirada. Existen muchas visiones que muestran matices diferentes al respecto, pero en todos los casos la idea primordial consiste en ser austero, sobrio y frugal.

Los funcionarios deben comprender que cada moneda que utilizan en el gobierno se la quitaron previamente a un ciudadano que aportó compulsivamente una parte de su esfuerzo para que, como contraprestación, se le aseguren derechos, sin justificaciones, ni excusas.

Cuando un empleado estatal malgasta recursos le falta el respeto a la gente. Está usando lo ajeno con un fin específico y debe ser consciente de ello para utilizarlo con la corrección que cada ciudadano se merece.

Lo que está claro es que son muy pocos los que pueden afirmar con convicción que los actuales gobiernos brindan Seguridad y Justicia. Ese es el verdadero rol del gobierno y es evidente que no lo hace demasiado bien.

Cuando la ciudadanía propone bajar determinados gastos aparece inexorablemente un planteo totalmente banal que sostiene que ese rubro es irrelevante y entonces parece que no vale la pena ni siquiera intentarlo.

Son los mismos que dicen que los montos más abultados son absolutamente intocables. Para ellos los pequeños son despreciables y los grandes son imposibles. Definitivamente, ellos son los fanáticos del status quo.

Pero hay algo que no dicen y no es casualidad. Si bien los recortes deberían ser contundentes, de raíz y de gran impacto, los gobernantes no se animan a reducir aspectos decididamente menores pero simbólicos.

En cada uno de esos asuntos subyacen los privilegios de la casta política. Vehículos oficiales, viáticos obscenos, gastos de representación poco transparentes, comitivas desproporcionadas, remodelaciones innecesarias y la lista podría seguir casi hasta el infinito con enorme desparpajo.

Claro que la caja de la política nace allí. Detrás de vergonzosos artilugios esconden sus canalladas. Es tanta la indecencia de estas partidas que las ocultan detrás de tramposos nombres para luego justificar esos gastos dibujando conceptos y configurando un fraude de gigantesca jerarquía.

Nadie quiere ir hasta el hueso porque hacerlo implicaría tocar los intereses de la corporación política. En este punto, oficialismo y oposición están del mismo lado del mostrador. Ellos solo quieren aprovecharse de los privilegios de ese poder que, seguramente, administrarán alternativamente.

Los que gobiernan no solo no tienen que robar el dinero de la gente. Tendrían que dar el ejemplo, manejarlo con gran eficacia, pero por sobre todas las cosas deberían comprender que la austeridad no es una opción, sino solo un deber moral.

Alberto Medina Méndez

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