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Ni hacia adelante ni hacia atrás. La crisis que vive Ecuador desde hace semanas
parece estancada en un callejón sin salida. Después de que el pasado viernes el
presidente Lucio Gutiérrez (cuyo cese llevan temiendo los medios de comunicación
desde hace varios días) decretara el Estado de Emergencia y la destitución de
los jueces, y en el intento de solucionar la grave crisis que vive el país, el
Congreso unicameral ya ha ratificado el cese de los jueces de la Corte Suprema
de Justicia. La decisión ha contado con la votación unánime a favor de los 89
diputados presentes en el recinto, y deja sin efecto la anterior decisión
legislativa del pasado día 8 de diciembre (en la que se reemplazó a los
anteriores magistrados).
A partir de ahora se produce el cese inmediato
de la CSJ. Asimismo, el proyecto imposibilita a los anteriores ministros jueces
a retomar sus funciones. Es importante tener en cuenta que, precisamente, fueron
los nombramientos de los miembros de la Justicia los que desencadenaron la
crisis política y social a la que ahora se enfrenta el Gobierno de Gutiérrez.
Precisamente, el presidente de la Corte ahora destituida (Guillermo
Castro) anuló a finales de marzo dos juicios por corrupción que el ex presidente
Abdalá Bucaram tenía pendientes, lo que le posibilitó su regreso a Ecuador
(estaba exiliado en Panamá). El hecho ocasionó una aguda crisis política que
arrinconó al presidente Gutiérrez, acusado por la oposición de ser
corresponsable del retorno de Bucaram.
Marcha
atrás
En un intento de dar marcha atrás, el Congreso ecuatoriano
también ha instado, tras la votación, a aprobar las normas e instrumentos
jurídicos para la reconstrucción integral de la Corte Suprema de Justicia. Será
a través de mecanismos que contemplen un comité elegido por la sociedad civil y
bajo supervisión internacional.
Mientras todos los grupos parlamentarios
presentes se ponían de acuedo para tomar la decisión, miles de manifestantes
protestaban a las puertas del Parlamento en contra de los diputados, a los que
acusan de ser culpables del embrollo judicial que ha soportado el país durante
los últimos cuatro meses. |
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