Más de un tercio de estos juicios corresponden a la figura del desacato, que no es un delito, pues, como han determinado distintas instancias de derechos humanos, esta figura es incompatible con la libertad de expresión prevista en los tratados internacionales de derechos de los cuales Bolivia es signataria. Peor aún, si se trata de un legislador que efectúa denuncias en el marco de su mandato de fiscalización y de la libertad de opinión, que la Constitución le garantiza como inviolable.

Llama la atención que se le haya iniciado juicios por sedición en la ciudad de Santa Cruz, donde no reside ni trabaja, lo que permite suponer que simplemente obedece a la búsqueda de acoso y obstaculización del derecho a la defensa. También, que uno de los procesos obedezca a un supuesto incumplimiento de deberes, por haber abandonado una sesión del Congreso Nacional en 2009, cuando el oficialismo pretendía imponer un proyecto de Ley Electoral, amenazando la vida de los opositores con la presencia de más de 50.000 militantes que rodeaban el Parlamento. Tampoco faltan los procesos por temas administrativos que, en lugar de ser tratados como tales, omiten las auditorías y procedimientos ante la Contraloría para ser llevados directamente como juicios penales.

El odio político, el revanchismo y la persecución a quienes piensan diferente destruyen la tolerancia y el respeto al pluralismo, principio básico de la democracia. Por ello, la sociedad no puede quedar indiferente frente a estos abusos y la opinión pública debe condenar estos atropellos para impedir que la impunidad de los mismos amenace la libertad de todos.

*Expresidente del Senado de Bolivia Twitter: @OscarOrtizA