Pero el problema, una vez más, es uno de medida. Si esa presencia es demasiado grande, en términos relativos, se termina sofocando, sino ahogando, al conjunto de la economía. Y cargando en exceso los hombros de aquellos (pocos, en términos relativos) que efectivamente producen y generan riqueza.

 El nivel del gasto público en el mundo varía significativamente de un país a otro. La forma más conocida de medir su peso en una economía es la de mostrar su participación relativa en el respectivo Producto Bruto Interno (PBI).

Los países más avanzados, los desarrollados entonces; esto es los maduros económicamente, suelen tener un gasto público que, en promedio, está en el orden del 42% de su PBI. Los que están en vías de desarrollo, los aún emergentes tienen, en cambio, un gasto público promedio del orden del 28,5% de su respectivo PBI.

No obstante, es también cierto que en algunas de las economías de mayor tamaño, con un alto grado de “socialización”, el gasto público en esa relación supera el 50%. Esto es lo que sucede tanto en Francia, como en Bélgica o Finlandia.

En Argentina y en el Brasil el gasto público está en el orden del 40% de sus PBI. Esto supone que hay países en vías de desarrollo que tienen una presencia del sector público propia de las economías desarrolladas. Una rémora, por cierto. Cuando los Kirchner llegaron al poder en Argentina era del 28%. Ellos lo llevaron hasta su altísimo nivel actual, del 40%.

Hay -sin embargo- países, como Singapur por ejemplo, en los que el gasto público es mucho más medido, sin dejar por ello de ser eficiente: de apenas el 18% de su PBI. Por esto crecen sostenida y aceleradamente y están entre las economías más desarrolladas del mundo. Lo que se traduce, para sus propios pueblos, en un mayor bienestar o sea –concretamente- en un nivel de vida claramente superior al del resto del mundo. El mencionado caso de Singapur es clarísimo, absolutamente patente, pero en el mundo en desarrollo es casi desconocido.

Pocos piensan que agrandar con ligereza el sector público exageradamente es, en los hechos, hipotecar el futuro de las generaciones venideras. De alguna manera es por ello algo así como estafar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque sobre ellos recaerá la responsabilidad de solventar mañana sus consecuencias.

Por esto es hora de pensar que es lo que nos ha estado sucediendo en la Argentina en el período aún inconcluso de populismo que se iniciara en el 2003.

La respuesta surge de las páginas de un excelente libro reciente del Embajador Juan Archibaldo Lanús que obliga a pensar a sus lectores. Mucho. Me refiero a: “La Argentina Inconclusa”, de reciente aparición.

Allí el autor nos dice que durante la administración de Néstor Kirchner se designaron nada menos que 22 empleados públicos por día (incluyendo feriados, sábados y domingos). Una verdadera máquina de agrandar inmensamente el sector público. Y conferir prebendas, por cierto. A ello cabe agregar que la actual presidente anunció el 11 de mayo de 2010 la incorporación a “planta permanente” de 10.000 trabajadores transitorios del Estado. Y sigue en esa línea.

Estas cosas suceden, explica Lanús, cuando se considera que el Estado es apenas un “botín de guerra” de la política que fundamentalmente sirve para comprar lealtades (votos) a cambio de empleos, privilegios y subsidios. Pero ocurre que éstos deben pagarse y que, cuando son excesivos, obran a la manera de “peso muerto” sobre una economía que entonces queda afectada de una sensación de parálisis que afecta directamente a su potencial de crecimiento. Al de todos, empleados públicos, o no.

Gobernar es mucho más complejo que repartir puestos en el sector público, a los que debe remunerarse siempre con el esfuerzo de todo el sector productivo. Cuando evidentemente hemos entrado en una verdadera orgía de populismo, aparece una nueva etapa de “desaceleración” de nuestro nivel de actividad económica. Por esto ha llegado la hora de tomar nota y repensar este tema.

Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.