Esto no quiere decir que EEUU tenga razón con relación al bloqueo económico y comercial impuesto a la isla poco después de la imposición de un régimen totalitario en ella. En mi opinión, una de las formas de socavar las bases que permiten la supervivencia de los gobiernos dictatoriales es facilitar el mayor contacto posible de la población con sociedades libres y que la realización de inversiones privadas en gran escala paulatinamente generarían un progreso económico de los ciudadanos que los llevaría a reclamar cada vez mayor libertad política como sucedió en Europa Oriental.

Tampoco creo que haya que aislar a Cuba. Los países democráticos deben impulsar una transición pacífica y ordenada del totalitarismo hacia una sociedad libre, que será un proceso muy difícil, y mientras tanto ser muy activos en el seguimiento y la denuncia a las violaciones de los derechos humanos, lo que es una forma de proteger a una ciudadanía que vive en un estado de permanente indefensión.

Sin embargo, si todos los países fuesen tratados de igual forma, ya sean democracias o dictaduras, de qué serviría la Carta Democrática de la OEA o las cláusulas democráticas establecidas en los distintos foros y acuerdos de integración como Mercosur, Unasur o la Comunidad Andina, además de todos los acuerdos suscritos por nuestros países para garantizar la protección de los derechos humanos.

El problema no solo se presenta con Cuba. Los países gobernados por presidentes que siguen al llamado modelo bolivariano han cometido sistemáticas violaciones al orden democrático, destruyendo la independencia de poderes, afectando sustancialmente el Estado de Derecho y violando reiteradamente los derechos humanos, sin que hayan sido sancionados por el sistema interamericano debido a que los gobiernos prefieren protegerse entre sí, a velar por una efectiva aplicación de las normas que procuran resguardar la libertad de las personas y los fundamentos de la democracia.

Es hora de impulsar profundas reformas del Sistema Democrático Interamericano, convirtiendo la Carta Democrática en un tratado interamericano con instrumentos de efectiva aplicación con órganos independientes de las instancias políticas que evalúen el estado de la democracia y de los derechos humanos en los países del continente y permitan a los ciudadanos un acceso ágil y oportuno a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

* Expresidente del Senado. Twitter: @OscarOrtizA