El proyecto de ley contra el racismo y la discriminación, ha suscitado una ola de protesta generalizada por la inclusión de dos artículos que permitiría cancelar las licencias de medios de comunicación que difundiesen declaraciones u opiniones racistas. El carácter genérico de la redacción que está considerando el Senado boliviano, justifican el temor de que haya una utilización política, discrecional y abusiva de esta ley, para coartar la labor informativa de quienes sean identificados como medios críticos al gobierno nacional.
 

En Bolivia, como en muchas otras naciones regidas por gobiernos que han caído en la pretensión totalitaria, las buenas intenciones de muchas leyes se han convertido en el camuflaje que oculta gravísimos atentados contra las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. Obviamente, nadie se opone al concepto general de procurar una sociedad en la que todo ser humano sea respetado en su dignidad de persona y, por la tanto, no sufrir discriminaciones. Sin embargo, está claro que en este caso, la lucha contra el racismo está siendo instrumentalizada para tener una amenaza permanente sobre los medios de comunicación independientes, que ante el temor de ser clausurados, caerían inevitablemente en la autocensura.
 

No solo que este tipo de medidas no contribuirán a superar los problemas de racismo o discriminación que efectivamente existieran, sino que profundizaran las divisiones al interior de la sociedad boliviana, porque no prevén adecuadamente como se comprobaran y procesaran las denuncias, máxime si el sistema judicial boliviano no tiene las mínimas condiciones de actuar con independencia, dado que la mayoría de los miembros de la Tribunal Supremo de Justicia tienen carácter interino y han sido nombrados mediante decreto supremo por el presidente del Estado, al igual que el Tribunal Constitucional, el que además solo tiene carácter liquidador de causas presentadas hasta febrero de 2009, con lo cual los derechos de los ciudadanos bolivianos no tienen una instancia que los proteja efectivamente.
 

La actitud del gobierno del Movimiento al Socialismo, solo puede ser entendida por la mentalidad autoritaria que predomina en el entorno presidencial y los modelos totalitarios que intentan copiar del modelo chavista. No es casualidad que en Venezuela el gobierno haya ya estatizado a la mayoría de los canales de televisión y de las radios, procurando manipular la opinión pública, acabando la prensa libre.
 

Este es el objetivo de fondo, tener bajo control del gobierno la información que llega a los ciudadanos, para así asegurar su apoyo, ocultando la podredumbre en la que caen estos gobiernos y resaltando las supuestas virtudes del caudillo y su entorno. Muchos lo han intentado y al final han perdido la guerra contra el sentimiento innato de amor por la libertad que tenemos grabados en el ser humanos, aunque dependerá de las actitudes que asumamos cada generación, cuanto demorara la libertad en prevalecer sobre la pretensión totalitaria.

Oscar Ortiz Antelo

Es ex presidente del Senado Nacional de Bolivia