Las autoridades judiciales argentinas reclamaban la búsqueda y captura de Jorge Alberto Soza, de 72 años, por su presunta participación en delitos cometidos entre septiembre de 1975 y principios de 1977, en la ciudad de Neuquén, ubicada en la Patagonia argentina. Por ello, el argentino se enfrenta a una pena de prisión que oscila entre los 3 y los 15 años.

La Justicia de su país estima que el fugitivo participó en la detención ilegal (secuestro) y tortura de personas acusadas de formar parte de células terroristas que operaban en la región, en al menos 18 ocasiones. En 1992, Jorge Alberto Soza se trasladó a España y se estableció con su familia en la localidad valenciana de Carcaixent, donde adquirieron la nacionalidad española sin renunciar expresamente a su origen argentino, según informó la Policía.

La detención se ha llevado a cabo por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, el Grupo de Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía de Valencia y el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Ontinyent (Valencia).

Tras el golpe militar de marzo de 1976, se instauró una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas. Esta junta llegó al poder en un contexto de violencia creciente por los enfrentamientos entre facciones armadas de izquierda y derecha del movimiento peronista y la acción violenta de organizaciones terroristas como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de inclinación marxista).

Durante este período, se desarrolló un proceso sistemático de secuestro y tortura de personas –la denominada "guerra sucia"– con una gran cantidad de desapariciones. Según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), se registraron 8.961 casos, mientras que otros organismos de Derechos Humanos elevan la cifra a 30.000.