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Otro round de su pelea con la prensa, el gobierno venezolano anunció que retirará la concesión a 240 emisoras radiales y 45 canales por el "grave delito" de no haber actualizado sus datos ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a la vez que inició un procedimiento administrativo contra varias televisoras privadas, incluida la acosada Globovisión, por difundir mensajes "engañosos", pues trasmitieron una campaña publicitaria de dos organizaciones opositoras que advertían sobre las amenazas que penden sobre la propiedad privada en el país.
El director del organismo estatal, Diosdado Cabello, precisó que 86 radios AM y 154 FM "quedaron en la ilegalidad y deben cesar sus actividades, so pena de decomisarles los equipos e imponerles la prohibición de operar en el sector durante cinco años". El funcionario sostuvo que las entidades Cedice y Asoesfuerzo, mediante el aviso de la discordia, "mencionan amenazas a la propiedad privada y no especifican de dónde viene".
Globovisión fue notificado así del quinto procedimiento administrativo en seis meses, lo que podría acarrear su cierre temporal o definitivo. "Se trata de otro acto de amedrentamiento por parte de Hugo Chávez", subrayó la abogada de la cadena, Ana Nuñez, quien tachó de "inconstitucional" la cancelación de la campaña, porque "nuestra Carta Magna prohibe la censura previa".
"Estamos empeñados en erradicar el latifundio radioeléctrico, dado que 27 familias poseen el 31 por ciento de las concesiones", alegó Cabello, quien ordenó investigar judicialmente "la procedencia de los fondos millonarios con que pagaron la publicidad".
En ese sentido, resaltó que la medida oficial apunta a "evitar que desde los medios se esté incitando a la comisión de delitos o enfermando a la población". Lo que está en juego "es la salud mental de la gente", declaró como si fuera médico. |